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Puntos de nivel PRO 8, Preguntas respondidas: 9, Preguntas formuladas: 2
Muestrario
Muestras de traducción: 5
español al inglés: Riesgo Primero Riesgo Corporativo/ First Risk Corporate Risk Detailed field: Seguros
Texto de origen - español Por el Riesgo Primero, de obligada contratación, se garantiza la Responsabilidad Civil por la Explotación, entendiendo por tal la obligación de indemnizar a terceras personas que hayan sufrido daños personales y/o materiales, así como perjuicios consecuenciales que puedan derivarse de éstos, causados involuntariamente durante el período del seguro, a consecuencia de la actividad del Asegurado, tal y como es descrita en las Condiciones Particulares de la póliza y en la Solicitud de Seguro.
Se hace constar que el presente seguro se extiende a cubrir la responsabilidad del Asegurado por daños a bienes objeto de protección o custodia, siempre que éstos se produzcan durante la prestación de servicios por parte de la empresa asegurada.
Por el Riesgo Tercero, de contratación optativa, se garantiza la Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental, entendiendo por tal la derivada de daños y perjuicios consecuenciales causados por el Asegurado involuntariamente y que resulten directa o indirectamente de contaminación accidental.
A estos efectos se considera contaminación la introducción o dispersión de materias o sustancias en la atmósfera, el suelo o las aguas, que ocasionen un deterioro o daño en la calidad de dichos medios.
La contaminación accidental, asegurada a través de la presente cobertura derogando parcialmente la exclusión f) del Artículo 1.5 precedente, es aquella causada por una acción nociva del Asegurado, perfectamente localizada en el tiempo y, por ende, accidental, no intencionada e imprevisible y cuyos efectos se manifiesten de forma inmediata a la emisión contaminante.
No es, por tanto, objeto de cobertura la contaminación denominada gradual o paulatina, tanto en su origen como en sus efectos.
Por el Riesgo Cuarto, de contratación optativa, se garantiza la Responsabilidad Civil por Trabajos realizados, entendiendo por tal la obligación de indemnizar a terceras personas que hayan sufrido daños y perjuicios consecuenciales causados por los trabajos o servicios realizados por el Asegurado.
Por entrega de la obra o del trabajo se entenderá su puesta a disposición de una tercera persona de la que resulta que el Asegurado pierde los medios prácticos de ejercer el control directo sobre las condiciones de uso o utilización del objeto del trabajo, o de modificar tales condiciones.
Se declara expresamente que el Alcance Temporal del Riesgo Cuarto, “Responsabilidad Civil por Trabajos realizados”, se extiende a las responsabilidades derivadas de daños y perjuicios consecuenciales acontecidos hasta doce meses después de la terminación y la entrega efectiva y definitiva de los trabajos por el Asegurado.
Por el Riesgo Quinto, de contratación obligatoria, se garantiza la Defensa jurídica, Fianzas y otros Gastos, entendiendo que corresponde a la Compañía el examen y calificación técnico
legal de las reclamaciones formuladas al Asegurado, de conformidad con lo establecido en el Art!culo 2º de las Condiciones Generales Espec!ficas ("Tramitación del siniestro"), as! como la determinación de los procedimientos de defensa más adecuados, de común acuerdo con la representación letrada que aquélla haya designado.
Garantía Primera: Cobertura Básica, de obligada contratación.
En los términos y condiciones expresados en la Cláusula Particular precedente relativa al Riesgo
Primero, Responsabilidad Civil por la Explotación, quedan cubiertos, a modo de ejemplo: -Los daños causados con ocasión del ejercicio de sus funciones por las acciones u omisiones culposas o negligentes de los empleados y representantes del Asegurado, as! como de todas aquellas personas de los que éste deba responder y que, de conformidad con lo anterior, integran el propio concepto de "Asegurado" descrito en el Art!culo Preliminar de las Condiciones Generales Espec!ficas.
-Los daños ocasionados a terceros a consecuencia de un incendio o explosión originados en el interior de las instalaciones donde realiza su actividad el Asegurado u ocasionados durante el desarrollo de la misma.
-La propiedad o la posesión como arrendatario o usufructuario de inmuebles (terrenos, edificios) o instalaciones (zonas recreativas, sociales y sanitarias, l!neas eléctricas, transformadores, elevadores y de propaganda, como letreros, rótulos luminosos, vallas publicitarias), situados en territorio español y destinados al desarrollo de la actividad objeto del seguro o al servicio de la misma.
Quedarán excluidas las reclamaciones debidas a defectos manifiestos de mantenimiento y conservación de los citados inmuebles e instalaciones.
-Los daños a inmuebles y/o instalaciones alquilados por el Asegurado para el desarrollo de la actividad asegurada, quedando excluidas:
a) las reclamaciones por desgaste, deterioro y uso excesivo.
b) las reclamaciones por defectos manifiestos de mantenimiento y conservación que provoquen daños y/o inhabitabilidad de los inmuebles.
c) las acciones de repetición del Asegurador de Incendios de los inmuebles y/o instalaciones alquilados, cuando no se haya solicitado expresamente su cobertura por el Asegurado y satisfecho por éste la correspondiente sobreprima establecida en el apéndice de derogación de la presente exclusión emitido al efecto.
-Los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento, ampliación o reforma de los inmuebles o instalaciones reseñados en el párrafo precedente, siempre que los mismos tengan la consideración de obra menor y su presupuesto no supere la cantidad de 300.000 Euros, reservándose en todo caso la Compañ!a el derecho de repetir contra los profesionales que hayan intervenido o los encargados de la ejecución de tales trabajos.
No tendrán cobertura los trabajos de demolición, apuntalamiento, recalzado o modificación de estructuras sólo si afectan a obras en sus propias instalaciones.
-Los daños por agua provocados por conducciones, aparatos o depósitos fijos, as! como canales y conductos de evacuación de aguas pluviales o residuales que formen parte de las instalaciones que se hallen al cuidado del Asegurado, a consecuencia de:
1. Escapes, accidentales y repentinos que tengan su origen en:
a. Rotura de las citadas instalaciones.
b. Omisión del cierre de llaves de paso o grifos.
2. Desbordamientos que tengan su origen en obturaciones accidentales y repentinas de las mencionadas conducciones, aparatos, depósitos, canales y conductos.
La Compañ!a no cubre escapes y desbordamientos como consecuencia del mal estado notorio de las instalaciones que se hallen al cuidado del Asegurado.
-El acceso a los inmuebles o instalaciones del Asegurado de visitantes, clientes, proveedores y, en general, cualquier persona debidamente autorizada.
-La utilización de la maquinaria, utillaje, equipos, herramientas u otros elementos necesarios para el desarrollo de la actividad objeto del seguro, as! como de veh!culos industriales y maquinaria autopropulsada utilizados dentro del recinto de las instalaciones aseguradas, siempre y cuando no deban ni puedan ser asegurados por el Seguro de Automóviles, ni los daños que eventualmente ocasionen sean objeto de tal Seguro.
-Las operaciones de carga y descarga de las materias, equipos o bienes utilizados por el Asegurado en el desempeño de la actividad objeto de cobertura por la póliza, as! como el transporte y distribución de las mercanc!as o productos que sean resultado de la misma, quedando excluídos los daños que sufran las propias materias, equipos, bienes, mercanc!as o productos.
-La participación del Asegurado en exposiciones y ferias de muestras, incluso cuando las mismas se celebren en el ámbito mundial, siempre que su duración no exceda de los cuatro meses
.
En tales supuestos, y contrariamente a lo indicado en el Art!culo 1.3 de las Condiciones Generales Espec!ficas, (“Delimitación geográfica de la cobertura”), quedan cubiertas bajo el presente seguro las responsabilidades derivadas de daños y perjuicios consecuenciales a terceros sobrevenidos en el citado ámbito mundial y reclamados ante sus tribunales, siendo, en cambio, satisfechos en España y en su moneda de curso legal las indemnizaciones y costos a que den lugar tales daños cubiertos por la póliza.
-La organización y funcionamiento de los servicios médicos, de seguridad y vigilancia, contra incendios, sociales, recreativos, cantinas, comedores y cualquier otro de que disponga el Asegurado, excluyendo la responsabilidad directa de los que, eventualmente, presten tales servicios por cuenta del Asegurado y mediando contrato al efecto.
-La responsabilidad en que, con carácter meramente subsidiario, incurra el Asegurado a consecuencia de daños a terceros derivados de la circulación de veh!culos a motor utilizados ocasionalmente al servicio del Asegurado y respecto de los que éste no tenga la calidad de propietario, tenedor o poseedor, excluyendo de la consideración de terceros al conductor y resto de ocupantes del veh!culo, as! como, en todo caso, los empleados del propio Asegurado.
Esta cobertura sólo se aplicará en exceso de la del Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria y de cualquier otro seguro que tuvieran los veh!culos utilizados, no exonerando en ningún caso la contratación de los mismos.
La organización o patrocinio de actividades lúdicas, recreativas o deportivas y llevadas a cabo por el personal del mismo, incluso cuando se realicen fuera del recinto o en horario distinto del laboral, excepto las acciones u omisiones propias de los participantes.
Garantía Primera del Riesgo Tercero: Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental
En los términos y condiciones señalados, se ampara la responsabilidad civil por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos causados por contaminación accidental originada en las instalaciones del Asegurado, siempre que las mismas estén situadas en territorio español y que por su parte se hayan cumplido las normas establecidas por las autoridades competentes.
Asimismo, la Compañ!a abonará al Asegurado los gastos que deba soportar para adoptar las medidas tendentes a detener, aminorar o neutralizar una contaminación ya iniciada y que haya afectado ya a terceros, con el fin de minimizar en lo posible la repercusión en la póliza de su responsabilidad, siempre que la misma pueda considerarse cubierta por el seguro.
Por el contrario, se excluyen espec!ficamente de esta cobertura:
a) Los daños y perjuicios ocasionados por el Asegurado por haberse desviado deliberadamente de las leyes, reglamentos o disposiciones vigentes de cualquier autoridad, ya sean de carácter general, para la actividad asegurada, o bien específicas para la protección del medioambiente.
b) Los daños y perjuicios que tengan su origen en emisiones continuadas y/o reiteradas que superen los límites autorizados o en el notorio mal estado de conservación o mantenimiento de las instalaciones aseguradas.
c) Los daños y perjuicios ocasionados por emisiones derivadas del funcionamiento normal de la explotación industrial (emisiones regulares), así como los que se deriven de emisiones o vertidos que, en el momento en que se producen, se encuentren dentro de los niveles máximos autorizados por la autoridad competente.
d) Las consecuencias del vertido de sustancias nocivas con fines de investigación de la contaminación o para combatir sus efectos.
e) La contaminación que tenga su origen en hechos anteriores a la entrada en vigor de la póliza o en defectos conocidos de las instalaciones.
f) El incumplimiento por parte del Asegurado de su obligación de evitar los hechos potencialmente peligrosos o de aminorar las consecuencias de una contaminación inminente.
g) Los daños y perjuicios derivados de contaminación en las propias instalaciones del Asegurado, así como los gastos de reparación o modificación de las instalaciones aseguradas.
H )Las modificaciones del nivel freático de las aguas, los daños genéticos en personas, animales o plantas, las consecuencias de la lluvia ácida y los daños derivados de ruidos, radiaciones y campos electromagnéticos.
i) El tratamiento, manipulación y transporte de todo tipo de residuos tóxicos o peligrosos y de sustancias PCB (Bifenilos Policlorados) y PCT (Terfenilos Policlorados).
j) El vertido de deshechos y basuras, así como las instalaciones de vertederos, incineradoras, depuradoras y colectores de aguas residuales urbanas o industriales.
Garantía Primera del Riesgo Cuarto: Responsabilidad Civil de Post-Trabajos
En los términos y condiciones establecidos para esta garantía, queda cubierta la responsabilidad civil extracontractual que pudiera derivarse para el Asegurado como consecuencia de los daños personales, materiales y consecuenciales causados a terceras personas con posterioridad a la terminación o entrega de las obras, trabajos o a la prestación de los servicios efectuados durante la vigencia de la póliza, siempre que tales daños se produzcan dentro del plazo fijado en las Cláusulas Particulares ("Alcance Temporal").
Son, por tanto, presupuestos de la presente garantía:
-la existencia de un vicio o defecto en el trabajo que haga impropio el objeto del mismo para una utilización normal en condiciones razonables de seguridad,
-que el vicio o defecto sea anterior a la entrega, por lo que su causa deberá estar localizada en el ámbito de responsabilidad del Asegurado previamente a haber perdido el poder de disponibilidad sobre el objeto de dicho trabajo,
-que se trate de un vicio o defecto oculto, es decir, no apreciable por el usuario, teniendo en cuenta la competencia técnica de éste, la naturaleza del defecto y las circunstancias del encargo, -que el vicio o defecto produzca un daño a un tercero, indemnizable con cargo a la póliza.
Además de las exclusiones previstas en el Artículo 1.5 de las Condiciones Generales Específicas, están excluidos:
a) Las reclamaciones por incumplimiento total o parcial de un contrato, en particular las formuladas:
- por daños causados a terceros ajenos a las obras, proyectos o instalaciones objeto de los trabajos, salvo lo relativo a Heavy Lifting goods on the hook y cuando sean empujados con excepción de los propios trabajos de la obra, proyecto o instalación.
- por ejecución no conforme de los trabajos, obras o servicios, o mala calidad de los mismos,
- por funcionamiento defectuoso de las obras o trabajos,
- por retrasos en la ejecución de los trabajos, obras o servicios,
- por errores en la elección y/o entrega de materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, obras o servicios.
-
b) Las reclamaciones derivadas de defectos evidentes de los trabajos y que, por tanto, sean fácilmente apreciables por el Asegurado o por sus clientes, así como los defectos que, sin ser evidentes, fueran conocidos por el Asegurado antes de la entrega o prestación.
c) Los daños ocasionados por la infracción o inobservancia deliberada de las normas o prescripciones técnicas para la ejecución de los trabajos asegurados.
d) Los daños causados por procesos en fase de ensayo o experimentación o por aqueios no suficientemente experimentados, según las reglas de la técnica comunmente reconocidas.
e) Las responsabilidades derivadas de la realización de trabajos que hayan sido incluidos en el programa de ejecución después de la entrada en vigor de la póliza y no hayan sido objeto de declaración por parte del Asegurado a la Compañía.
f) Las obligaciones y gastos del Asegurado derivados del desmontaje de trabajos defectuosos.
Garantía de Responsabilidad Civil por Accidentes Laborales
Mediante la contratación de la Garantía de Responsabilidad Civil por Accidentes Laborales queda cubierta, con sujeción a los límites y estipulaciones consignados en la póliza, aquella que pudiera corresponder al Asegurado por los daños personales causados al personal que esté en relación de dependencia laboral con el mismo o con sus subcontratistas, a consecuencia de un accidente laboral ocurrido durante el desarrollo de sus funciones en el marco de la actividad asegurada, en aquellos casos en que, independientemente de las prestaciones objeto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo o de cualquier otro seguro de accidentes voluntario o privado, exista además una responsabilidad civil extracontractual imputable al Asegurado, y ésta sea legal y reglamentariamente asegurable.
A los efectos de la presente cobertura se extiende la consideración de terceros a:
- Los empleados del Asegurado incluidos en nómina y dados de alta en el Seguro de Obligatorio de Accidentes de Trabajo.
- Los empleados de subcontratistas, siempre que se encuentren también en nómina de aquéllos, oportunamente registrados a los efectos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo, y exclusivamente cuando actúen siguiendo las instrucciones y directrices del Asegurado. Se requiere, por tanto, la intervención directa del Asegurado en la producción de los daños o en la omisión de medidas de seguridad que hubieran podido impedirlos, siendo la adopción de las mismas de su competencia.
Por el contrario, la cobertura operará de forma subsidiaria respecto de la responsabilidad directa del subcontratista que haya mantenido la dirección y supervisión de los trabajos de su empleado.
- Los empleados de empresas de trabajo temporal, mientras estén al servicio del Asegurado y convenientemente dados de alta en nómina y en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.
- Los funcionarios de Administraciones Públicas cuando éstas estén comprendidas en la relación de Asegurados de la póliza.
- Los Socios trabajadores de Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación y Sociedades Anónimas Laborales.
Por el contrario, la Compañía no cubre las reclamaciones derivadas de daños sufridos por:
a) El propio Asegurado, cuando sea una persona física, así como sus familiares, el cónyuge y demás parientes, aunque tuviesen la condición de asalariados.
b) Los socios, si el Asegurado fuese una sociedad colectiva o sociedad comanditaria por acciones.
c) Los miembros del consejo de administración y/o de la dirección de la empresa asegurada y, en general, cualquier persona excluida de la legislación laboral.
En todo caso, no son objeto de cobertura:
a) Las reclamaciones de empleados por daños materiales y sus consecuencias.
b) Las responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente de trabajo o que estén excluidos de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.
c) Las reclamaciones de daños y perjuicios de los empleados y trabajadores considerados como terceros a los efectos de la presente cobertura que no estén previamente dados de alta en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.
d) Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las leyes laborales y de previsión social, como la no afiliación de los empleados a la Seguridad Social, o su incorrecta realización, así como aquellas sobrevenidas por carencia, insuficiencia o defecto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.
e) Las penalizaciones, multas y sanciones de cualquier tipo, así como los recargos en las prestaciones establecidos en la legislación vigente con carácter punitivo.
f) Las responsabilidades derivadas de conductas calificadas como "infracciones muy graves" por la Inspección de Trabajo y/o así previstas en la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales, así como el incumplimiento doloso, consentido o reiterado de las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
g) Las indemnizaciones y gastos de asistencia derivados de enfermedades profesionales, clasificadas o no por la seguridad social, o bien de enfermedades no profesionales o patologías que contraiga el trabajador con ocasión de la realización de sus funciones, así como el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y enfermedades de similar etiología.
h) Reclamaciones por alteraciones psicofísicas de la salud que tengan su origen o estén relacionadas con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los derechos de la persona, así como aquellas derivadas de la extinción del contrato de trabajo o de las relaciones de empleo, como discriminación, acoso sexual, represalias, ataque a la intimidad o cualquier otro perjuicio relacionado con la valoración de méritos en la promoción profesional, negación de empleo, privación de una carrera profesional o expedientes disciplinarios.
i) Los daños y perjuicios sufridos por los empleados con ocasión de accidentes derivados de hechos de la circulación de vehículos a motor, así como de la utilización de aeronaves o embarcaciones.
j) Los daños por asbesto o polvo de amianto, pesticidas, plaguicidas, desintecticidas y radiaciones de cualquier tipo.
k) Reclamaciones basadas en un derecho o legislación extranjeros en materia laboral.
Garantía Primera del Riesgo Quinto: Defensa jurídica y Fianzas Civiles, de obligada contratación
La Compañía asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, en cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la póliza, designando los letrados y procuradores que defenderán y representarán al Asegurado en las actuaciones judiciales civiles y penales que se le sigan en reclamación de responsabilidades civiles extracontracuales cubiertas por esta póliza, y asumiendo el pago de los gastos judiciales y extrajudiciales que no constituyen sanción personal o multa, y ello aún cuando dichas reclamaciones fuesen infundadas y, sin embargo, basadas en un supuesto objeto de cobertura por la póliza, o se pretendiera involucrar al Asegurado en hechos que, afectándole directa o indirectamente, tengan su exclusivo origen en un actos de una tercera persona.
El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a facilitar a la Compañía toda la información y la asistencia personal que se le requiera, así como a otorgar los poderes para pleitos que fuesen precisos y a no perjudicar su derecho de subrogación en las eventuales acciones de repetición.
Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, la Compañía se reserva la decisión de ejercitar los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o conformarse con el mismo.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 1.2 de las Condiciones Generales Específicas ("Prestaciones de la Compañía"), se garantiza la constitución de las fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su responsabilidad civil extracontractual.
No obstante, de producirse algún conflicto entre el Asegurado y Compañía motivado por tener que sustentar ésta en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, la Compañía lo pondrá en conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa de aquél, con el fin de que el Asegurado pueda optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por la Compañía o confiar su propia defensa a otra persona.
En este último caso, la Compañía quedará obligada a abonar los gastos de tal dirección jurídica
hasta el límite de suma asegurada fijado en las Condiciones Particulares para este concepto.
ACTUALIZACION DEL ARTÍCULO 1.5 DE LAS CONDICIONES GENERALES ESPECIFICAS.-
Para el caso de que el documento de Condiciones Generales Específicas (RC-Gene.) en poder del Tomador del Seguro no se corresponda con la versión 01/2003, expresamente se declara que el mismo queda modificado en los siguientes apartados de Exclusiones, que quedan sustituidos por la redacción que sigue a continuación:
e) Derivada de pérdidas o daños que hayan sido directa o indirectamente ocasionados o que sean consecuencia de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (mediante declaración de guerra o sin ella), guerra civil, sabotaje, motín, terrorismo, huelga, disturbios laborales, cierres patronales, actos vandálicos o malintencionados, rebelión, revolución, insurrección, captura, secuestro, detención o retención, poder militar o usurpado, o confiscación o nacionalización o requisa o embargo o destrucción o daños a propiedades por o bajo la orden de cualquier gobierno o autoridad pública o local, o por la acción de minas y otras armas de guerra.
Así mismo, se declara expresamente que este contrato de seguro no genera ningún tipo de responsabilidad ni cubre ningún tipo de siniestro, daño o coste causados directa o indirectamente, resultantes, consecuencia o en conexión con cualquier acto de terrorismo, incluso si cualquier otra causa contribuyó paralelamente o en cualquier otra secuencia a la responsabilidad, al siniestro, al daño o al coste. A los efectos de esta exclusión, se entiende por
“terrorismo” toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema politico establecido o causar temor o inseguridad en el medio social en que se produce.
ñ) El presente contrato no se aplica a, ni cubre ningún tipo de responsabilidad, ni efectiva ni alegada, por concepto de siniestros o pérdidas directa o indirectamente causados por, resultantes de, a consecuencia de, o agravados por asbesto en cualquier forma o cantidad.
1.5.2. Tampoco responderá la Compañia de las reclamaciones por multas o sanciones económicas impuestas por los Tribunales y demás Autoridades, asi como las consecuencias de su impago ("Punitive and exemplary damages").
AMBITO TEMPORAL DEL SEGURO.-
Confirmando lo expuesto en el Articulo 1.4 de las Condiciones Generales Especificas relativo al ámbito temporal del seguro, quedan cubiertos por el mismo los siniestros que se produzcan durante su vigencia, siempre que la reclamación del perjudicado tenga lugar en el plazo de un año a contar desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o, en su defecto, de su periodo de duración, todo ello sin perjuicio del deber del Tomador del Seguro o del Asegurado de comunicar a la Compañia el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete dias de haberlo conocido, tal y como el mismo se establece en el Articulo 16 de la Ley de Contrato de Seguro.
Se entenderá por prórroga del contrato, tanto los periodos sucesivos en pólizas anuales prorrogables, como las pólizas temporales que reemplacen a su expiración a la inicialmente suscrita para un periodo determinado.
Cuando, existiendo reclamación del perjudicado en los términos establecidos en el apartado precedente, la comunicación de la misma a la Compañia se produzca de forma tardia por causa imputable al Tomador, al Asegurado, o sus respectivos representantes, la franquicia a cargo del Asegurado se verá incrementada en los siguientes porcentajes y cuantias:
1. En siniestros en los que se manifiesten exclusivamente daños materiales y sus consecuencias,
• el retraso en la comunicación a la Compañia igual o superior a 12 meses y hasta 24 meses desde que el Tomador tiene conocimiento de la reclamación del perjudicado dará lugar al incremento del 200% en la franquicia prevista en póliza para el correspondiente siniestro, pasando a ser la misma, como minimo, de 6.000 euros.
• a partir de los 24 meses de retraso en la comunicación a la Compañia desde que el Tomador tiene conocimiento de la citada reclamación, se irá acumulando un incremento del 100% cada año que transcurra a la franquicia de la póliza ya recargada según el apartado anterior, pasando a ser la misma, como minimo, de 15.000 euros.
2. En siniestros en los que se manifieste cualquier tipo de daño personal y sus consecuencias, tenga o no asociado un daño material,
• el retraso en la comunicación a la Compañia igual o superior a 12 meses y hasta 24 meses desde que el Tomador tiene conocimiento de la reclamación del perjudicado dará lugar a la aplicación de una franquicia de 30.000 euros adicionales a la franquicia prevista en póliza para daños personales.
• a partir de los 24 meses de retraso en la comunicación a la Compañia desde que el Tomador tiene conocimiento de la citada reclamación, la franquicia adicional a la prevista en póliza para daños personales será de 90.000 euros.
23. Queda excluida cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por parte de la Administración Pública.
24. POLIZA LOCAL ASOCIADA A PROGRAMA INTERNACIONAL
a/ La presente póliza forma parte de un Programa Internacional de seguros suscrito con el
grupo GENERALI para VSL INTERNATIONAL y generado en el extranjero. Cualquier siniestro que superase los llmites y/o condiciones establecidos en la presente póliza quedarán garantizados por medio de la póliza Master suscrita en dicho pals extranjero y únicamente con los llmites y términos establecidos en dicha póliza.
En el supuesto de que por cualquier motivo el programa internacional de seguros fuera anulado o no renovado por VSL INTERNATIONAL, se entenderá que la presente póliza local quedará automáticamente anulada y/o no renovada con igual fecha.
Asimismo la presente póliza actuará en Diferencia de Condiciones de cobertura (D.I.C.) y Llmites de Indemnización (D.I.L.) respecto de las pólizas de seguro locales emitidas y contratadas por las compañlas del Grupo Generali y/o sus representadas en Portugal, Chile, México y Argentina, pero sólo y exclusivamente bajo las garantlas y llmites que en esta póliza se detallan.
Dichos llmites, coberturas y/o garantlas de las pólizas locales actuarán como si de una franquicia se tratase, no pudiendo exceder en ningún caso la indemnización total a la que como máximo se establece en la presente póliza.
PAÍSES CON APLICACIÓN D.I.C. / D.I.L.: Portugal, Chile, Mexico, Argentina.
Cualquier liquidación de posibles indemnizaciones que afecten a la presente póliza se efectuará en España y se hará efectiva no a la filial sino a su sociedad matriz española, y en su moneda de curso legal (Euros).
b/ ASEGURADOS POR PÓLIZA:
ESPAÑA
-CTT STRONGHOLD, S.A.
Paseo de Gracia, 11, 1°B
08007 Barcelona NIF: F08103459 -VSL-SPAM, S.A. Pollgono Industrial Cobo Calleja
Fuenlabrada
28940 Madrid
NIF: A08103459 PORTUGAL
-VSL SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
QUINTA DA FONTE-RUA QUINTA DA QUINTA
ED. D JOAO I, N° 4-PISO 2°
2770203-PAÇO DE ARCOS
MEXICO
-VSL COPORATION MEXICO S.A. DE C.V.
CALLE RIO SENA 63-4 CUAUHTEMOC
CUAUTEMOC, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06500
ARGENTINA
-VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN ARGENTINA, S.A.
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 850, 6 DTO. 12
CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
CHILE
-VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN
ROSARIO NORTE 530, PISO 7
NUEVA LAS CONDES
COMUNA LAS CONDES
SANTIAGO, CHILE
c/ COBERTURAS Y LÍMITES DE COBERTURA:
Modificando lo indicado en los apartados anteriores, quedan amparadas las siguientes coberturas y limites de indemnización:
SUMA ASEGURADA MAXIMA POR SINIESTRO y PERIODO DE SEGURO: 2.500.000 EUR (Incluyendo los limites máximos de indemnización cubiertos a través de las distintas pólizas locales)
• R.C. EXPLOTACION
• R.C. PRODUCTOS Y R.C. POST-TRABAJOS
• CONTAMINACIÓN SÚBITA Y ACCIDENTAL
• PERJUICIO PATRIMONIAL PURO
• DEFENSA Y FIANZAS
• Sublimite por victima: 150.000 Euros
d/ FRANQUICIAS
Queda expresamente convenido que, modificando lo recogido en las presentes Condiciones Particulares en los apartados correspondientes a Franquicias, se acuerda establecer éstas en los siguientes importes:
• 15.000 euros por todas y cada una de las ocurrencias, salvo:
• 100.000 euros por todas y cada una de las ocurrencias relacionadas con Izada de carga pesada para mercaderias elevadas con gancho
• 50.000 euros por todas y cada una del resto de ocurrencias que sean resultado de la Izada de carga pesada (pero en el caso de un siniestro que afecte a ambas sólo se aplicará el más elevado).
• 50.000 euros por todas y cada una de las ocurrencias relacionadas con responsabilidad civil por productos defectuosos que sean resultado de exportaciones directas a Estados Unidos y Canadá.
• 10% del siniestro con un minimo de 10.000 y con un máximo de 50.000 euros para el resto de las ocurrencias relacionadas con responsabilidad civil por productos
Sin franquicia en relación con daños personales. e/ AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia del seguro, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea comunicada a VITALICIO SEGUROS de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza.
f/ AMBITO TERRITORIAL
Mundial, excluido USA, Canadá y territorios asociados.
Se hace constar que se garantiza la responsabilidad civil por productos defectuosos que sean resultado de exportaciones directas a USA y Canadá.
g/ BASE DE TARIFICACION Y TASA NETA DE REGULARIZACION
El Tomador declara una facturación anual prevista para el periodo de seguro de 97.361.000 EUR,
Se establece una tasa neta del 0,54 %o (Por mil). Se establece, asimismo, una Prima neta minima y de depósito de 57.074,94 Euros para el global del programa (pólizas locales incluidas, siendo de aplicación primas minimas de 2.500 Euros por pais).
PRIMA ADICIONAL RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES LABORALES: 4.500.- EUROS.
Al finalizar la anualidad, el Asegurado se compromete a facilitar a la Compañia las cifras definitivas de facturación del periodo de seguro, a partir de las cuales se procederá a la emisión del correspondiente recibo de regularización.
h/ EXCLUSIONES
Además de las exclusiones indicadas en las presentes Condiciones Particulares, o en las Generales adjuntas a la presente póliza, quedan asimismo excluidas las responsabilidades derivadas de:
- Exportaciones a USA y Canadá
- R.C.Cruzada / R.C. por Accidentes Laborales (con excepción de España) / R.C. Profesional
- Costes de Retirada de Productos / R.C. productos incorporados en contratos de construccion
- Costes de desmontaje y/o reposición
- Guerra / Guerra Civil / Sedición
- Huelga, Motín, Conm. Civil, Terrorismo
- Actos Malintencionados
- Contaminacion y Manipulación malintencionada
- Energía Nuclear/ Radioactiva
- D & O
- Responsabilidades Contractuales y garantias de producto - Seguros obligatorios
- Advertising Liability
- Marine vessels & aircraft liability / Marine & Air transit liabilities - R.C. Decenal
- Multas, penalizaciones / Penalties for non-completion, delays, non compliance with contractual condictions/ Performance guarantees
- Difamacion y calumnias
- Asbestosis /Campos Electromagnéticos
- Cyber Virus/ Contaminacion quimica y biologica derivada de Terrorismo
-Organismos Modificados Genéticamente (G.M.O.)/ Encefalopatía Bovina Espongiforme (B.S.E.)
- Plomo /Formaldehidos / Mohos y hongos tóxicos
i/ PERJUICIO PATRIMONIAL PURO - "PURE FINANCIAL LOSS"
Dentro de la actividad que se define en póliza para este asegurado, quedan amparados por esta garantía, los menoscabos o perjuicios patrimoniales que sufran clientes o terceros como consecuencia de errores profesionales causados por empleados especializados del asegurado y/o por su actividad, y que no sean reconducibles a un daño personal, material o consecuencial de estos.
No obstante quedan expresamente excluidos de esta garantía:
a) Las reclamaciones derivadas de daños personales.
b) Las reclamaciones derivadas de daños materiales, a excepción de daños a los expedientes y documentos relacionados con la gestión profesional encomendada.
c) Las reclamaciones derivadas de perdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y en general valores y efectos al portador o a la orden endosados en blanco.
d) Las reclamaciones derivadas de daños morales que no trasciendan a la esfera patrimonial del perjudicado.
e) Las reclamaciones que en base a promesas o pactos especiales, vayan mas allá del ámbito de la Responsabilidad civil legal.
f) Las reclamaciones derivadas de sobrepasar presupuestos o créditos, mediación o recomendación, tanto a título oneroso como gratuito, de negocios pecuniarios, de inmuebles o de otras transacciones comerciales.
g) Las reclamaciones por faltas en caja, errores en pagos, infidelidad de los propios empleados del asegurado.
h) Las reclamaciones por quebrantamiento del secreto profesional.
i) Las reclamaciones por calumnia o injuria.
j) Las reclamaciones por haber ocasionado el daño a consecuencia de haberse desviado a sabiendas de la ley, disposiciones, instrucciones o condiciones de los clientes o de personas autorizadas por ellos o por cualquier infracción del deber profesional hecha a sabiendas.
k) Las reclamaciones de socios, empleados y familiares del asegurado, considerando como familiares del mismo, al cónyuge, a los parientes por línea directa, ascendiente o descendiente, colaterales o afines hasta el segundo grado.
l) Las reclamaciones derivadas de la actividad del asegurado como Director, consejero o ejecutivo de empresas probadas, asociaciones o clubs o como síndico o administrador de empresas.
m) La responsabilidad de aquellas personas que no tengan con el asegurado relación de dependencia laboral, aun cuando actúen para y/o por cuenta de él.
25. El Tomador del seguro y/o el Asegurado declaran conocer y haber recibido, con anterioridad a la celebración del contrato de seguro, la información a la que se refieren los artículos 60 de la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y los artículos 104 a 106 del real Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, sobre la legislación aplicable al contrato de seguro, los diferentes mecanismos de solución de conflictos y demás información sobre el contenido y condiciones del presente contrato.
Para el supuesto de que la presente póliza fuera de carácter colectivo, el tomador , en virtud de lo establecido en el artículo 106, in fine, del citado Reglamento, asume el compromiso de informar y facilitar a los asegurados que se adhieran a la presente póliza, la información mencionada en el apartado anterior, eximiendo de dicha obligación a la Compañía.
26. A efectos de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el tomador/asegurado declaran conocer y consienten expresamente:
1 - Que los datos personales que constan en la presenta póliza de seguro, así como los que se puedan generar en caso de siniestro sean incorporados a, y tratados en los ficheros de Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros con la finalidad de ejecutar el contrato de seguro y cumplir las obligaciones que nacen de él.
Estos datos personales son de obligado suministro al ser necesarios para la valoración del riesgo y el mantenimiento y ejecución del contrato.
2 - Que dichos datos, siempre que sean adecuados y pertinentes a la finalidad que más adelante se cita, sean cedidos a las siguientes entidades responsables del tratamiento: compañías coaseguradoras y reaseguradoras, para cumplir las relaciones legítimas de coaseguro y reaseguro; y a las siguientes entidades encargadas del tratamiento: (a) Grupo Generali España A.I.E, entidad domiciliada en la calle Orense número 2 de Madrid, para que tramite, gestione y liquide los siniestros, actividades que constituyen su propio objeto social, (b) los arrendadores de los servicios contratados en la presente póliza, para prestar aquéllos que exija el cumplimiento
del contrato de seguro, (c) las compañías especializadas en la gestión de cobro de los recibos de prima con esa finalidad, considerándose informados de estas cesiones en virtud de la presente cláusula.
3 - Que, salvo indicación en contrario, sus datos de carácter personal de nivel básico y medio sean también tratados para segmentar y realizar perfiles de los clientes, con la finalidad de promover accionas comerciales, incluso de venta cruzada, e incluso mediante la cesión de la información resultante de estos procesos informáticos a sus mediadores de seguros, y de remitir el propio asegurador o terceros por su cuenta, cualesquiera informaciones o prospecciones comerciales, personalizadas o no, sobre toda clase de servicios bancarios y financieros y productos de seguros propios o de terceros
4 - Que los datos sean conservados en los ficheros del asegurador, incluso una vez finalizada la relación contractual, exclusivamente para remisión de las informaciones o prospecciones anteriormente previstas y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos, a disposición de las autoridades administrativas o judiciales
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, revocación y oposición en el domicilio social del asegurador, situado en la Calle Orense número 2 de Madrid, y en su caso, en el domicilio de las entidades coaseguradoras y reaseguradoras.
El presente documento no será válido si presenta cualquier clase de alteración en su impresión mecanizada producida por adiciones, enmiendas, raspaduras, tachaduras o similares.
El Tomador reconoce haber recibido de la Compañía las Condiciones Generales del contrato de Seguro, las Condiciones Generales Específicas de este Seguro (RC-CONS.) y el original de las presentes Condiciones Particulares que consta de 16 hojas con 25 cláusulas particulares
HECHO POR DUPLICADO EN MADRID, A 9 DE FEBRERO DE 2011
COMPROBADO, ACEPTO:
EL TOMADOR DEL SEGURO POR LA COMPAÑÍA
Traducción - inglés
For the compulsory First Risk, Operating Liability is guaranteed, understanding this to mean the obligation to indemnify third parties against personal and/or material loss or damage including consequential indirect loss or damage resulting from the same, caused involuntarily during the period of insurance, as a result of the activity of the Insured as described in the Particular Conditions of the policy and in the Insurance Application.
It shall be noted that this present insurance covers the liability of the Insured for loss or damage to protected goods or goods in custody, provided that this loss or damage occurs during the provision of services by the Insured company.
For the optional Third Risk, Accidental Pollution Liability is guaranteed, understanding it to mean that which is derived from the consequential loss or damage caused involuntarily by the Insured and which results directly or indirectly in accidental pollution.
To this effect, pollution is considered to mean the introduction or dispersion of materials or substances into the atmosphere, ground or waters which cause deterioration or damage to the quality of said environments.
Accidental pollution, insured under this present contract and partially revoking Exclusion f) of article 1.5 above, is that caused by a harmful action by the Insured, occurring suddenly, and by nature accidental, unintentional and unforeseeable, the effects of which manifest themselves immediately following the contaminating emission.
Not covered, therefore, is gradual pollution whether in origin or effect.
For the optional Fourth Risk, Completed Works Liability is guaranteed, understanding this to mean the obligation to indemnify third parties against consequential loss or damage caused by work or services completed by the Insured.
Delivery of project or works means the placement of works executed at the disposal of a third party resulting in the Insured giving up all practical means of controlling the conditions of use or usage of the object of the works, or being unable to modify the same.
It is expressly declared that the Time Scope for Fourth Risk ‘Completed Works Liability’ covers liabilities resulting from consequential loss or damage occurring up to twelve months following the completion of works and the effective and definitive delivery of the works by the Insured.
For the compulsory Fifth Risk, Legal Expenses, Bonds and other Costs are guaranteed, understanding that the Company shall be responsible for the technical-legal
examination and assessment of any claims made against the Insured in accordance with the provisions of article 2 of the Specific General Conditions (Processing of Claim) as well as determining the most suitable defence procedures in agreement with the legal representative designated by the Insurance Company.
First Guarantee: Compulsory Basic Coverage.
In the terms and conditions expressed in the Particular Clause above relating to
the First Risk, Operating Liability, the following are covered, by way of example:
-Damage occurring whilst carrying out employment duties through malicious or negligent acts or omissions by employees or representatives of the Insured as well as all those persons for which the Insured is liable and which, in conformity with the above, are included in the definition of the ‘Insured’ as set out in the Preliminary Article of the Specific General Conditions of the policy.
-Damage caused to third parties as a result of fire or explosion originating in the interior of the buildings where the Insured conducts its business or occurring during the course of said business.
-the ownership, leasing or beneficial ownership (usufruct) of property (land, buildings), facilities and installations (recreational areas, communal and sanitary spaces, electric power lines, transformers, elevators and advertising equipment such as plain signs, neon or electric signs and billboards or hoarding), located in Spain and used for carrying out the business activity object of the insurance or at the service of the same.
Excluded are Claims resulting from patently defective maintenance and upkeep of said property and installations.
-Damage to property and/or facilities and installations leased by the Insured for carrying out the insured business activity, excluding:
a) claims for wear and tear, deterioration and overuse.
b) claims in respect of which a patently defective maintenance and upkeep has resulted in damage and/or making said buildings uninhabitable.
c) recovery actions by Fire Insurers in leased buildings and/or installations when such cover has not been expressly requested by the Insured and the additional premium paid by the same as set out in the derogating provision annexed to this present exclusion and issued for this purpose.
-Works related to the repair, conservation, maintenance, extension or renovation of the buildings and installations described in the paragraph above, provided that they are considered minor works with a budget not exceeding 300,000 Euros. The Company reserves its right of recovery against the professionals involved or those responsible for the execution of such works.
Not covered are demolition, shoring, foundation or structural work unless affecting works in own installations.
-Water damage caused by pipes, devices or fixed deposits, as well as channels and conduits for the disposal of rainwater or waste waters forming part of the systems in the care of the Insured, resulting from
1. Sudden and accidental leaks caused by:
a. Damage to said systems.
b. Failure to close off stop cocks or taps.
2. Overflows caused by the sudden and accidental blockage of the aforementioned pipes, devices, deposits, channels and conduits.
The Insurance Company shall not cover leaks or overflows in systems in the care of the Insured which are in an obviously bad state of repair.
-Access to the Insured’s buildings or facilities for visitors, clients, providers and, in general, any duly authorised persons.
-The use of machinery, tools and implements, equipment and other elements necessary for carrying out the activity object of cover including industrial vehicles and self-propelled machinery used on the premises of the insured, provided that they should or cannot be insured under Automobile Insurance or that any damage which does occur is covered by such insurance.
-Loading and unloading operations for materials, equipment or goods used by the Insured in the course of the activity object of cover including the transport and distribution of goods and products in carrying out the same, excluding damage suffered by the machines, equipment, goods, merchandise and products themselves.
-The participation of the Insured in trade fairs and exhibitions even those held worldwide, provided that they do not exceed four months duration.
.
In such cases, and contrary to the provisions of article 1.3 of the Specific General Conditions (Geographical Limits of Cover), the present insurance covers liabilities for third party consequential loss or damage incurred worldwide and claimed for in overseas courts, albeit, however, that the payment of indemnities and costs incurred by events covered under the policy is settled in Spain with Spanish legal tender.
-The organization and functioning of medical services, security and surveillance, fire fighting, social, recreational, canteen, dining and any other services available to the Insured, excluding the direct liability of those who occasionally provide such services on behalf of the Insured under contract to this effect.
-Any liability incurred as subsidiary by the Insured as a result of damage to third parties resulting from the driving of motorized vehicles used occasionally at the service of the Insured and in respect of which the Insured is not the owner or holder, in consideration of which the driver and other occupants of the vehicle and, in any case, employees of the Insured itself shall not be considered third parties.
This cover applies only in excess of the Compulsory Civil Liability Cover and any other insurance covering the vehicles used, and under no circumstances exonerates from the taking out of such insurance.
The organization or sponsorship of leisure, recreational or sporting activities carried out by the Insured’s personnel, including those undertaken outside the premises or outside working hours, excepting actions or omissions on the part of the participants themselves.
First Guarantee for Third Risk: Accidental Pollution Liability
In the terms and conditions set forth, civil liability for personal and material damage and indirect consequential losses caused by accidental pollution originating on the premises of the Insured is covered, provided that said premises are situated on Spanish territory and that they likewise comply with the relevant legislation established by the competent authorities.
In addition, the Company shall pay the costs incurred by the Insured in adopting measures to detain, reduce or neutralize pollution already underway which has affected third parties, with a view to minimizing as far as possible its repercussion on the policy, provided that the same is actually covered by it.
Notwithstanding, the following are specifically excluded from this cover:
a) Loss or damage incurred by the Insured as a result of a deliberate deviation from applicable laws, regulations or legal provisions of any authority, whether generally related to the insured activity or specifically to the protection of the environment.
b) Loss or damage resulting from continual and/or repeated emissions in excess of authorized limits or resulting from the patent bad state of repair or upkeep of the insured installations.
c) Loss or damage resulting from normal emissions during industrial activity (regular emissions) as well as those resulting from emissions or spills which, at the time of occurrence, were within the maximum authorised limits set by the competent authorities.
d) The consequences of spilling noxious substances for the purpose of investigating pollution or to control its effects.
e) Pollution arising from events prior to the entry into force of the policy or due to known defects in the installations.
f) Non-compliance on the part of the Insured in its obligation to avoid potentially harmful actions and to control the consequences of imminent pollution.
g) Loss or damage resulting from pollution in the Insured’s own installations including repair or modification costs relating to the insured premises.
H) Changes in ground water level, genetic damage to people, animals or plants, the effects of acid rain and the damage caused by noise, radiation and electromagnetic fields.
i) The treatment, handling and transport of all kinds of toxic or dangerous waste, PCBs (polychlorinated biphenyls) and PCTs (polychlorinated terphenyls).
j) The dumping of waste and rubbish, as well as landfill, incinerator and sewage treatment plants and urban and industrial wastewater collection systems.
First Guarantee for Fourth Risk Post-Work Civil Liability
In the terms and conditions set forth for this guarantee, the non-contractual civil liability which may arise for the Insured as a consequence of the personal, material and consequential damage caused to third parties subsequent to the completion or delivery of the works or provision of the services during the term of the policy, is covered, provided that such damage occurs within the period specified in the particular clauses (“Time Scope”)
The following are therefore prerequisite conditions for this coverage:
-the existence of a fault or defect in the works making the object of the same unsuitable for normal use in conditions of reasonable safety.
-that the fault or defect predate the delivery, so that its cause can necessarily be placed within the scope of liability of the Insured prior to having given up power of disposability over said works.
-that the fault or defect be a latent defect, that is, not noticeable to the user taking into account their technical expertise, the nature of the defect and the circumstances of the order -that the fault or defect cause damage to a third party, indemnifiable under the cover provided.
In addition to the exclusions set forth in article 1.5 of the Specific General Conditions, the following are excluded:
a) Claims for total or partial breach of contract, in particular those made in respect of:
- damage caused to third parties unrelated to the site, projects or facilities subject to the works, except for Heavy Lifting of goods on the hook and when pushed with the exception of during actual works at the site, project or installation.
-for execution of non-compliant tasks, works or services or poor quality of the same.
-for defective operation of works or tasks completed.
-for delays in the execution of tasks, works or services.
-for errors in choice and/or delivery of materials necessary for the execution of tasks, works or services.
b) Claims resulting from evident defects in the works and which are therefore easily noticed by the Insured or their clients as well as defects of which, without being evident, the Insured was aware prior to the delivery or provision.
c) Damage caused by infringements of or deliberate non-compliance with the standards or technical requirements for the execution of the insured works.
d) Damage caused by processes in the testing or experimental phase or caused by insufficiently experienced personnel, according to commonly accepted technical standards.
e) Liability arising from the carrying out of works added to the works schedule after the policy has commenced and which have not been declared by the Insured to the Company.
f) Obligations and costs incurred by the Insured in the dismantling of defective works.
Accident at Work Liability Insurance
By taking out Accident at Work Liability Insurance, the Insured is covered, subject to the limits and provisions contained in the policy, for any liability arising from personal damage caused to employees of the Insured or of their subcontractors due to work accidents occurring in the carrying out of employment duties related to the insured activity in those cases where, notwithstanding the provisions covered by Compulsory Work Accident Insurance or any other voluntary or private accident cover, there is also a non-contractual liability imposed on the Insured, where this is lawful and legally insurable.
For the purposes of the present cover, the definition of third parties includes:
- The employees of the Insured listed on the payroll and registered under the Compulsory Work Accident Insurance Policy.
- The employees of subcontractors, provided that they are also on the payroll of said subcontractors and duly registered under the Compulsory Work Accident Insurance Policy, and exclusively when acting on the instructions and directions of the Insured. The direct intervention of the Insured, therefore, in causing the damage or in failing to apply safety measures which could have prevented said damage, is therefore a precondition, since adoption of such measures is the Insured’s responsibility.
On the contrary, cover is subsidiary in respect of the direct liability of subcontractors who instruct and supervise the works carried out by their own employees.
- Employees sent by Temping agencies, whilst in the service of the Insured and duly listed on the payroll and registered under the Compulsory Work Accident Insurance Policy.
- Functionaries of Public Administrations where these are included in the list of Insured under the policy.
- Member workers of Cooperatives, Agricultural Processing Companies (Sociedades Agrarias de Transformación) and worker-owned limited companies (Sociedades Anónimas Laborales)
However, the Company does not cover claims arising from damage suffered by:
a) The Insured party, when this is a physical person, nor their family members, spouses or other relatives, whether salaried or not.
b) Any of the partners, where the Insured is a collective or limited partnership.
c) The members of the board of directors and/or management of the insured company and, in general, any other person to whom employee legislation does not apply.
In any case, the following are not covered:
a) Claims by employees for material damage and its consequences.
b) Liabilities for incidents not considered work accidents or which are excluded from the Compulsory Work Accident Insurance cover.
c) Claims for loss or damage by employees and workers considered third parties for the effects of this present cover and who are not named in the Compulsory Work Accident Insurance Policy.
d) Consequences arising from the failure to comply with employer and social insurance legislation, non-affiliation or errors in affiliating employees to the Social Security system as well as any other consequences arising from mistakes, failures or oversights in the application of Compulsory Work Accident Insurance.
e) Penalties, fines and sanctions of any kind, including punitively applied surcharges to contributions in compliance with existing legislation.
f) Liability arising from conduct rated as "very serious infringements" by the Labour Inspectorate and/or so described in the existing regulations on Prevention of Occupational Risk, as well as repeated and condoned practices in fraudulent breach of Work Health and Safety Standards.
g) Compensation and medical costs arising from occupational diseases, classified or not by the Social Security system, or non-occupational diseases and pathologies contracted by employees at work, including myocardial infarction, thrombosis, cerebral haemorrhage and those of similar etiology.
h) Claims for psychophysical health disorders originating or related to acts or omissions at work that violate an individual’s rights, also those arising from the termination of the work contract and other work-related issues such as discrimination, sexual harassment, retaliation, violation of privacy and any other harm related to the valuation of merits for career advancement, denial of employment, deprivation of a professional career or disciplinary action.
i) Any damage suffered by the employees in motor traffic accidents or whilst using aircraft and boats.
j) Any damage suffered by asbestos or asbestos dust, pesticides, plague control, insecticides and radiation of any type.
k) Claims based on foreign rights or labour legislation.
First Guarantee for Fifth Risk: Compulsory Legal Expenses and Civil Liability Guarantee,
The Company will take on the legal management of claims filed by injured parties, in any legal proceedings arising out of an incident covered by the policy, appointing lawyers and prosecutors to defend and represent the Insured in civil and criminal proceedings against them for non-contractual civil liabilities covered by this policy, and will take on the payment of legal and non-legal costs other than personal sanctions or fines even when said claims are unfounded albeit based on risks supposedly covered by the policy, or in cases where there is an attempt to involve the Insured in actions, which, whether directly or indirectly affecting them, originate exclusively in the actions of a third party.
The Insured shall cooperate fully in said defence, agreeing to provide information to the Company and appear in person as necessary as well as extend power of attorney for all necessary lawsuits without prejudice to their right of subrogation in potential recovery actions.
Whatever the decision or outcome of the judicial procedure, the Company reserves the right to decide whether to exercise legal remedy against that decision or result, or to accept the settlement.
Also, and in accordance with the provisions of article 1.2 of the Specific General Conditions (“Benefits of the Company"), the Company guarantees any judicial bonds required of the Insured to cover their non-contractual civil liability.
Notwithstanding, in the event of a conflict between the Insured and the Company in handling the claim due to the necessary upholding of interests other than those of the Insured, the Company will notify the Insured of this, without prejudice to those proceedings that, by their urgent nature, are necessary for the defence of the latter, so that the Insured can opt to keep the Company’s legal team or entrust their defence to another party.
In this case, the Company shall be obliged to pay the costs of said legal team up to the limits of sum insured in accordance with the Particular Conditions for this item.
UPDATE TO ARTICLE 1.5 OF THE SPECIFIC GENERAL CONDITIONS.
Where the Specific General Conditions (RC-Gene document) held by the Policyholder does not match version 01/2003, it is hereby explicitly stated that the Exclusions held therein shall be substituted by the following wording:
e) For loss or damage which have been directly or indirectly caused, or arising from war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (by declaration of war or not), civil war, sabotage, riot, terrorism, strike, labour unrest, lock-outs, vandalism or malicious acts, rebellion, revolution, insurrection, capture, kidnap, detention or retention, military or usurped power, or confiscation or nationalization or requisition or embargo or destruction or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority, or by the action of mines and other weapons of war.
Also, it is explicitly stated that this insurance contract does not generate any type of liability nor cover any loss, damage or cost caused directly or indirectly, resulting from, as a consequence of or in connection with any act of terrorism, even if any other cause contributed at the same time, or in any other sequence, to the liability, damage or cost.
For the purposes of this exclusion, ‘terrorism’ is understood to mean any violent action carried out with the aim to destabilize the established political system or cause fear and insecurity in the social environment in which it occurs.
ñ) This present contract does not apply, or cover any liability, whether effective or alleged, in respect of claims or losses directly or indirectly caused by, resulting from, a consequence of or aggravated by asbestos in any form or quantity.
1.5.2. Nor shall the Company be liable for claims for fines or economic sanctions imposed by the Courts or other authorities or for the consequences of non-payment of the same (Punitive and Exemplary Damages).
TIME LIMITS
Confirming the provisions of article 1.4 of the Specific General Conditions in respect of Time limits, cover is provided for events occurring during the term of the insurance, provided that the claim is made by the injured party within a year from the expiration of the last of the extensions to the contract, or if not, its period of duration, without prejudice to the duty of the Policyholder or the Insured to notify the Company of the occurrence of the event insured against within a maximum of seven days of having become so aware, according to article 16 of the Law of Insurance Contracts.
Extension of contract shall be taken to mean both successive terms in annually renewable policies and replacement term insurance policies taken out on expiry of that originally underwritten after a specified period of time.
When, an event Insured against has led to a claim from the injured party in accordance with the provisions of the paragraph above, but it is reported late to the Company due to causes attributable to the Policyholder, the Insured or their respective representatives, the deductible payable by the Insured shall be increased by the following percentages and amounts:
1. For events causing exclusively material damage and its consequences,
• delays in notifying the Company equal to or exceeding 12 months and up to 24 months from the time when the Policyholder becomes aware of the claim made by the injured party shall result in a 200% increase of the deductible amounts specified in the policy for the corresponding event Insured against, and hereafter set at a minimum of 6,000 EUR.
• a delay of 24 months and more in notifying the Company from the time when the Policyholder becomes aware of the aforementioned claim, shall cause the deductible amounts to increase by 100% for each passing year, applicable to the already increased amounts described in the paragraph above, hereafter set at a minimum of 15,000 EUR.
2. For events causing any kind of personal injury and its consequences, whether or not material damage has also occurred,
• delays in notifying the Company equal to or exceeding 12 months and up to 24 months from the time when the Policyholder becomes aware of the claim made by the injured party shall result in a deductible of 30,000 EUR additional Euros to be applied over and above the deductible amounts specified in the policy for personal injury.
• after a 24 month delay in notifying the Company from the time when the Policyholder becomes aware of the aforementioned claim, the additional deductible amounts applicable to those specified in the policy for personal injury shall be 90,000 EUR.
23. Excluded is any claim in respect of environmental liability based on Law 26/2007 of 23rd October on Environmental Liability, and its rules and regulations, for which liability is or may be ascertained by the Public Administration.
24. LOCAL POLICY ASSOCIATED TO INTERNATIONAL PROGRAMME
a) This present policy is part of an International Insurance Programme underwritten by
grupo GENERALI for VSL INTERNATIONAL and generated abroad. Any loss exceeding the limits and/or conditions established in this present cover are guaranteed under the Master policy underwritten in the aforementioned country up to the limits and terms specified in said policy.
In the event that for any reason the international insurance programme were cancelled or not renewed by VSL INTERNATIONAL, it is understood that the present local policy will be automatically cancelled and/or not renewed from same date.
Also, this present policy shall provide cover on a Difference in Conditions (DIC) and Difference in Limits (DIL) basis, in respect of the local insurance policies issued and contracted by the Grupo Generali companies and/or their representatives in Portugal, Chile, Mexico and Argentina, but only and exclusively under the guarantees and limits specified herein.
Said limits, covers and/or guarantees of the local policies shall be applicable in the same manner as a deductible, and may not under any circumstances exceed the total maximum indemnity established herein.
COUNTRIES WHERE DIC/ DIL is APPLICABLE
Portugal, Chile, Mexico, Argentina.
Any settlement of potential indemnities under this present policy shall be made in Spain and made effective not to the subsidiary but to its Spanish parent company, and in its legal currency (Euros).
b) INSURED UNDER THE POLICY:
SPAIN
-CTT STRONGHOLD, S.A.
Paseo de Gracia, 11, 1°B
08007 Barcelona NIF: F08103459 -VSL-SPAM, S.A. Poligono Industrial Cobo Calleja
Fuenlabrada
28940 Madrid
NIF: A08103459 PORTUGAL
-VSL SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
QUINTA DA FONTE-RUA QUINTA DA QUINTA
ED. D JOAO I, N° 4-PISO 2°
2770203-PAÇO DE ARCOS
MEXICO
-VSL COPORATION MEXICO S.A. DE C.V.
CALLE RIO SENA 63-4 CUAUHTEMOC
CUAUTEMOC, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06500
ARGENTINA
-VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN ARGENTINA, S.A.
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 850, 6 DTO. 12
CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA
CHILE
-VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN
ROSARIO NORTE 530, PISO 7
NUEVA LAS CONDES
COMUNA LAS CONDES
SANTIAGO, CHILE
c)COVERAGE AND LIMITS OF COVER
The following are Changes to the paragraphs above in respect of guarantees and indemnity limits covered under this policy:
MAXIMUM SUM INSURED PER LOSS AND PERIOD OF INSURANCE 2,500,000 EURO (including maximum indemnity limits provided under the different local policies)
• OPERATING LIABILITY
• PRODUCT LIABILITY and COMPLETED/ POST-WORKS CIVIL LIABILITY
• SUDDEN AND ACCIDENTAL POLLUTION
• PURE FINANCIAL LOSS
• LEGAL EXPENSES AND BONDS
• Sublimit per victim: 150,000 Euros
d)DEDUCTIBLES
The provisions of the Deductible section of the Particular Conditions herein are expressly modified, and the following specified amounts agreed:
• 15,000 EUR for each and every loss, save:
• 100,000 EUR for each and every loss related to Heavy Lifting of Goods on the Hook
• 50,000 EUR for each and every other loss related to Heavy Lifting (but if a loss affects both the highest amount shall apply).
• 50,000 EUR for each and every loss related to civil liability for defective products resulting from direct exports to the United States and Canada.
• 10% of the loss with a minimum of 10,000 EUR and a maximum of 50,000 EUR for the rest of losses related to product liability.
No deductibles apply in relation to personal injury
e) TIME LIMITS OF COVER
The contract of insurance becomes effective for losses occurring for the first time during the period of validity of the insurance, in respect of which the claimable event has taken place after the effective date of the contract and the claim notified to VITALICIO SEGUROS in good faith during the period of validity of the policy.
f) TERRITORIAL LIMITS
Worldwide, excluding USA, Canada and associated territories.
Please note that cover is provided for civil liability for defective products resulting from direct exports to the United States and Canada.
g) PREMIUM RATING AND NET ADJUSTMENT RATES
The Policyholder has declared projected annual sales figures of 97,361,000 EUR for the period of insurance.
A net rate of 0,54 per 1000 has been agreed based on which a net minimum and deposit premium of 57,074.94 EUR is agreed for the global programme (local policies included, with minimum premiums of 2,500 Euros applicable to each country)
ADDITIONAL PREMIUM FOR ACCIDENT AT WORK LIABILITY POLICY 4,500 Euros
At the end of the annual term, the Insured agrees to provide the Company with actual sales figures during the period of insurance, on which to base and issue the corresponding net adjusted premium bill.
h)EXCLUSIONS
In addition to the exclusions under the Particular Conditions herein, or in the General Conditions attached, the following liabilities are excluded in respect of:
-Exports to the USA and CANADA
-Cross Civil Liability/ Accident at Work Civil Liability (excepting Spain)/ Professional Civil Liability
-Cost of Product Withdrawal/ Construction Contract Product Civil Liability
-Cost of dismantling and/or replacement
-War/ Civil War/ Sedition
-Strike, Riot, Civil Unrest, Terrorism
-Malicious Acts
-Malicious Pollution and Handling
-Nuclear Power/ Radioactivity
- D & O
-Contractual Liability and Product Guarantees- compulsory insurance
- Advertising Liability
- Marine vessels & aircraft liability / Marine & Air transit liabilities –
-Decennial Insurance
-Fines, penalties/ Penalties for non-completion, delays, non compliance with contractual conditions/ Performance guarantees
-Defamations and Calumny
-Asbestosis and Electromagnetic Fields
-Cyber Virus/ Chemical and Biological contamination resulting from Terrorism
-Genetically Modified Organisms (GMOs)/ Bovine spongiform encephalopathy (BSE),
-Lead/ Formaldehyde/ Toxic Mould and Fungus
PURE FINANCIAL LOSS
In respect of the Insured’s activity as defined in the policy, cover is provided for the financial losses suffered by clients or third parties as a result of the professional errors committed by the specialized employees of the insured and/or by their activities and which do not lead to personal injury or material loss or related consequential damage.
Notwithstanding, the following are expressly excluded from this guarantee:
a) Claims for personal injury.
b) Claims for material loss or damage, with the exception of damage to files and documents related to the management of the business entrusted.
c) Claims for loss or misplacement of money, pecuniary interests and in general securities, bearer securities or instruments and blank or bearer endorsements.
d) Claims for moral damages where no financial loss has been suffered.
e) Claims based on promises or special pacts beyond the ambit of legal civil liability.
f) Claims arising from exceeding budgets or credit, mediation or recommendations, both onerous and lucrative, of pecuniary business, property or other commercial transactions.
g) Claims for missing till money, payment errors, disloyalty by the Insured’s own employees.
h) Claims for infringements of professional confidentiality.
i) Claims for calumny or slander.
j) Claims for damage occurring as a result of knowingly disregarding the law, regulations, instructions or conditions given by clients or persons authorized by them or any knowing infringement of professional duty.
k) Claims by partners, employees and family of the Insured, described as spouse, direct line relatives, whether ascending or descending, collateral relatives or in-laws within the second degree.
l) Claims resulting from the activity of the Insured as Director, advisor or executive of proven companies, associations or clubs or as company trustee or administrator.
m) Claims for the civil liability of persons with no employee relation with the Insured, whether or not they were acting for or on behalf of the same.
25. The Policyholder and/or the Insured declare to know and have received, prior to the signing of the insurance contract, the provisions of articles 60 of Law 30/1995 of 8th November on the Regulation and Supervision of Private Insurance in addition to articles 104 and 106 of Royal Decree 2486/1998 of 20th November by which the implementing regulations are approved, and relating to insurance contract law, the means available for conflict resolution and other information on the content and conditions of this present contract.
For collective or group policies, the policyholder, by virtue of article 106, in fine, of the cited regulations, is obligated to inform and facilitate to those insured under this present policy the information mentioned in the preceding paragraph, releasing the Company from said obligation.
26. By virtue of Law 15/1999 of 13th December on Personal Data Protection, the Policyholder/Insured declare to know and agree expressly:
1- That the personal data of individuals named in this insurance contract or that generated in the event of a loss shall be obtained and processed by Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros for the purposes of executing the contract and to meet the obligations arising therein.
The provision of Personal data is obligated, being a necessary requirement for risk assessment and the maintenance and execution of the contract.
2. That said data, provided it is adequate and pertinent to the ends described below, may be ceded to the following companies for processing: coinsurance and reinsurance companies to meet the legitimate interests of coinsurance and reinsurance; and to the following companies for processing: (a) Grupo Generali España A.I.E, registered address calle Orense 2, Madrid, for handling, processing and settling claims, activities which constitute its core business, (b) the lessors of services contracted under this contract, to enable them to provide such services as required to comply
with obligations herein, (c) specialized premium collection and handling companies to this end, being hereby informed of these assignments by virtue of this present clause.
3. That, unless otherwise indicated, low and medium-level personal information is also processed to select and undertake client profiles with a view to promoting commercial action, including cross-selling even by ceding to brokers any computerized data obtained, as well as the sending by the own Insurer or third parties on their behalf any information or commercial prospectus, personalized or not, on all manner of banking and financial services and own or third party insurance products.
4. That the data shall be kept on file by the Insurer, even once the contract has ended, exclusively for the purposes of sending out information and prospectuses as described above, and shall always be made available to the legal and administrative authorities for the periods established in law.
The individual may exercise their rights of access, rectification, cancellation, revocation and opposition at the registered address of the Insurer of Calle Orense 2, Madrid and, if applicable, at the registered address of the coinsurance and reinsurance companies.
This present document shall not be valid in the event of alteration made to its printed form through the use of additions, amendments, scrapes, crossing out or similar.
The Policyholder acknowledges having received from the Company the General Conditions of Insurance, the Specific General Conditions (RC-CONS) and the original of these present Particular Conditions consisting of 16 pages and 25 particular clauses.
ISSUED IN DUPLICATE IN MADRID, 9th FEBRUARY 2011
VERIFIED, I ACCEPT:
THE POLICYHOLDER ON BEHALF OF THE COMPANY
español al inglés: ARTICLE ON CLIMATE AND SECURITY CRISIS (ABSTRACT) Detailed field: Transporte / Fletes
Texto de origen - español En los inicios del año 2024, el transporte marítimo seguía enfrentado a cuatro grandes condicionante que marcan su presente y condicionan su futuro: el primero es la certeza de una creciente demanda del comercio global motivada, sencillamente, por el aumento demográfico. El segundo es seguir garantizando la estabilidad de la cadena de suministro a los mercados. El tercero se centra en alcanzar los objetivos de descarbonización del sector. El cuarto es más coyuntural, ya que se refiere al paulatino descenso de la satisfacción detectada en 2023 entre las tripulaciones, inquietas ante episodios de guerra y de piratería. Cuatro retos que se envuelven en la fragilidad que viene mostrando la globalización. Porque las grandes rutas marítimas transitan, inevitablemente, por puntos conflictivos donde los buques son víctima de las circunstancias políticas del territorio, de las tensiones geoestratégicas y de las consecuencias de un caos climático que condiciona fuertemente los sistemas operativos del transporte.
Traducción - inglés It is early 2024, and the maritime transport sector finds itself grappling with four major challenges that are defining its present and conditioning its future. Firstly, there is the undeniable certainty of increased global trade, propelled by demographic expansion. Alongside this, the imperative looms large to safeguard stable supply chains to markets while simultaneously striving to attain the sector's decarbonization objectives. However, amidst these broader challenges, a fourth, more pressing issue emerges: the discernible decline in crew satisfaction, a trend exacerbated in 2023 by the prevailing climate of warfare and piracy. These hurdles persist against the backdrop of an increasingly fragile globalization. Major maritime routes inevitably traverse trouble spots where vessels are susceptible to political exigencies, geopolitical tensions, and the reverberating impacts of climate upheaval, all of which exert profound effects on the operational systems of transportation overall.
español al inglés: Plan Nacional de Salvamento 2010-2018 General field: Otros Detailed field: Barcos, navegación, marítimo
Texto de origen - español Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino 2010 -2018
Índice
I. INTRODUCCIÓN Pág. 2
II. OBJETIVOS Pág. 5
III. PROGRAMAS Pág. 6
Programa 1. Sistema Preventivo Pág. 6
Programa 2. Sistema de Respuesta Pág. 14
Programa 3. Concertación y Cooperación Pág. 18
Programa 4. Investigación e Innovación Pág. 23
Anexo I: Medios materiales y recursos económicos destinados al Plan Pág. 27
Anexo II: Marco Normativo Pág. 36
Anexo III: Los anteriores Planes de Salvamento Pág. 38
Anexo IV: La actividad de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Pág. 40
I. Introducción
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y una vez culminado el Plan 2006-2009, co¬rresponde ahora establecer un nuevo PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MARÍTIMO (Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino) desarrollado en línea con los objetivos y recomendaciones estratégicas marcados por la Política Marítima de la Unión Europea con el horizonte 2018.
Tras acometer el importante esfuerzo inversor que con¬templaba el último Plan Nacional, España cuenta con una dotación de recursos humanos y medios materiales sufi¬cientes, adecuadamente distribuidos y tecnológicamente avanzados, que nos convierte en un referente europeo en la materia.
De acuerdo con ello, en la actualidad, el reto fundamental al que se enfrenta nuestro sistema es el de obtener un desempeño más eficaz y eficiente, capaz de maximizar el aprovechamiento de las capacidades disponibles y de garantizar una mayor cultura de seguridad y respeto al medio ambiente que permita afirmar que cada día nuestros Mares son más Limpios y más Seguros.
El presente Plan hace especial hincapié en el desarrollo de las ESTRATEGIAS PREVENTIVAS necesarias para la reducción de los riesgos de la vida humana y el medio ambiente marino, especialmente en las zonas y para las actividades que presentan una mayor vulnerabilidad.
Con la transposición de la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre de 2009 relativa a las contaminaciones procedentes de bu¬ques, España reforzará el marco penal para la reprensión de estas actividades. A tal fin se potenciará el ejercicio de la acción penal contra los causantes de las acciones contaminantes, que serán considerados como autores responsables de un delito contra el medio ambiente.
La capacidad preventiva del sistema español de salvamento y lucha contra la contaminación marina, se ha visto notablemente incrementada gracias a la incorporación a la flota aérea de aviones equipados con la más avanzada tecnología.
La vigilancia aérea ha demostrado ser la herramienta más útil y eficaz para la prevención y detección de la contaminación marina, dado su potencial para la observación del cumplimiento de las normas de navegación y por tratarse, por regla general, del medio objetivamente más próximo a la presunta infracción y el que, a su vez, permite obtener de forma más directa el tipo de infor¬mación, datos y pruebas necesarias para la puesta en marcha del procedimiento sancionador en caso de que se detecte una presunta actividad ilícita.
La eficacia del patrullaje aéreo está directamente rela¬cionada con una adecuada actuación sancionadora con¬tra los responsables de las contaminaciones, tanto en la vía administrativa como, sobre todo, en el ámbito de la jurisdicción penal, que será promovida mediante la co¬ordinación y colaboración con las instituciones y admi¬nistraciones implicadas en la persecución de tales con¬ductas (Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).
Por otra parte, con la adopción del Tercer Paquete para la Seguridad Marítima, los países de la Unión Europea con¬tarán con uno de los marcos reguladores más amplios y avanzados del mundo en materia de transporte marítimo. España asumirá sin dilación ese desarrollo normativo, que significará importantes avances en materia de lugares refugio y sistema Safeseanet (Directiva 2009/17/ CE), exigirá un mayor esfuerzo en materia de control e inspección como Estado Rector del Puerto (Directiva 2009/16/CE (inspecciones MOU), y establecerá definiti¬vamente los principios fundamentales que han de regir la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo (Directiva 2009/18/CE)
Las capacidades del sistema de transporte marítimo de la UE, en consecuencia, también deben reforzarse mediante un mayor desarrollo de los sistemas integrados de gestión de la información, que posibilitan el intercambio eficiente de datos para la monitorización del tráfico entre las autoridades competentes de los Estados miembros. Conocer la posición y la carga de los buques que se encuentren navegando en aguas de la UE permite una detección más temprana, una mayor prevención y en su caso, una reducción importante de los tiempos de respuesta.
Corresponde al presente Plan el reto de consolidar el de¬sarrollo de un potente SISTEMA DE RESPUESTA ante incidentes y accidentes en el mar, muy especialmente en las áreas geográficas y en los ámbitos de actividad que pre¬sentan mayor vulnerabilidad o riesgo para la seguridad de la vida humana y la protección del medio ambiente marino.
Para ello se mantendrá un ritmo de renovación de los medios existentes que permita contar con una flota aérea y marítima acorde a la vida útil de cada tipo de medio, además de mejorarse el radio de acción de los helicóp¬teros en zonas de mayor actividad y con condiciones meteorológicas más desfavorables. Al objeto de reforzar el sistema de respuesta ante sucesos de contaminación, se incrementará la capacidad de recogida de hidrocarburos en la mar, y se establecerán estrategias de actuación que permitan hacer frente a las emergencias químicas.
Una respuesta eficaz requiere además de un uso eficiente de los recursos, el avance en otras iniciativas: la mejora de la capacitación de los profesionales de salva¬mento y lucha contra la contaminación, la potenciación del Centro “Jovellanos” como instrumento ejecutor de la política formativa de la Administración Marítima, y el desarrollo de Sistemas Integrados de Información que faciliten la toma de decisiones y optimicen la respuesta.
Un proyecto del alcance y la envergadura del Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la Contaminación precisa, sin duda, del esfuerzo y la colaboración de to¬dos los agentes implicados. A nivel nacional se necesi¬ta una intensa labor que posibilite un NUEVO MARCO DE RELACIÓN INSTITUCIONAL, basado en la concertación y la colaboración, que permita sumar las capacidades y recursos disponibles de todos los agentes públicos –Comunidades Autónomas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros Organismos e Instituciones− y privados. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación trascienden el ámbito nacional y, por tanto, deben ser abordados desde perspectivas de co¬operación internacionales, más aún en el caso de España, Estado miembro de la Unión Europea en el que el sector marítimo constituye, por su repercusión económica, uno de los ámbitos esenciales, y país en el que la seguridad en la mar y la lucha contra la contaminación marina han avanzado de manera definitiva.
Por otra parte, el 29 de abril del año 2005 se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se establecen actuaciones conjuntas entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (antes Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) para mejorar la seguridad de los buques pesqueros, en el que se estableció el marco de actuación entre los Ministerios implicados para emprender acciones con¬juntas, aunar esfuerzos y coordinar sus actuaciones con el fin de incrementar la seguridad marítima y del trabajo en la mar.
Se establecieron tres áreas de colaboración interministe¬rial en el Acuerdo, una relativa al salvamento y seguridad de los buques pesqueros y de los trabajadores del mar, otra destinada a la prevención y lucha contra la contaminación marina y la protección de los caladeros, y a la or¬denación y control de la actividad marítima y pesquera.
Hay que significar además que una de las líneas princi¬pales de la política marítima integrada de la UE es la de crear unas condiciones óptimas para el uso sostenible del mar, facilitando así el crecimiento de los sectores ma¬rítimos y las regiones costeras.
Cada día que pasa la tecnología y los conocimientos técnicos permiten obtener mayores beneficios del mar. Sin embargo, el efecto acumulado de todas estas actividades puede provocar conflictos de aprovechamiento y el dete¬rioro del medio ambiente marino del que depende todo lo demás. Enfrentar estos desafíos constituye un requi¬sito ineludible para garantizar la competitividad de los sectores relacionados con la explotación de los mares.
El presente Plan contempla el desarrollo de las estrate¬gias necesarias para la reducción de los riesgos y de sus incidencias, la minimización de los impactos ambien¬tales de los accidentes marítimos y la investigación de tecnologías limpias que posibiliten la disminución de las consecuencias negativas de las diferentes activida¬des. Especialmente, en lo referente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera como contribución al cumplimiento de los compromisos comunitarios y a la puesta en valor de la sostenibilidad y la gestión razonable de los recursos naturales.
Por eso, uno de los ejes estratégicos del PNS 2010-2018 es la INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN aplicada, mediante el apoyo y estímulo al desarrollo de áreas o espa¬cios de investigación multidisciplinares, en colaboración con Puertos del Estado y con la participación de otros centros de investigación, universidades y empresas pú¬blicas y privadas. Para la consecución de tales objetivos la actividad se centrará en la mejora de la seguridad activa y pasiva en el transporte marítimo de viajeros y mercancías, en la minimización de los riesgos de contaminación del medio marino y reducción de gases conta¬minantes a la atmósfera, y en la optimización de la res¬puesta presente y futura ante emergencias y sucesos de contaminación marina. Todo ello con especial incidencia en la ejecución de proyectos coordinados de I D i y con participación en plataformas tecnológicas.
II. Los Objetivos del Plan
1. Marco Estratégico
Una vez conseguida la dotación de medios suficientes,
adecuadamente distribuidos y tecnológicamente avan¬zados, el marco estratégico en que se encuadra el pre¬sente Plan persigue:
Consolidar el sistema español de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina desarrollado hasta ahora, incrementando la eficacia en la utilización de las capacidades incorporadas para robustecer el sistema de prevención y proporcionar la respuesta adecuada, convenientemente coordinada con otras administraciones y organismos, frente a cualquier tipo de incidentes marítimos dentro de los objetivos marcados por la política marítima de la unión europea con el horizonte 2018.
Hasta la fecha, Salvamento Marítimo ha crecido gracias a sucesivos Planes cuya duración fue de cuatro años. Está previsto que el pre¬sente Plan, diseñado en consonancia con los objetivos de la Política Marítima de la Unión Europea con el horizonte 2018, sea objeto de revisión en el año 2013 con efecto a partir del 2014 en base al escena¬rio presupuestario en esa fecha.
2. Objetivos Generales
Reforzar el sistema preventivo por un mar más lim¬pio y más seguro, basándose en el binomio compuesto por la normativa y los instrumentos que aseguren el cumplimiento de la misma: vigilancia, inspección, san¬ción y difusión de la cultura preventiva entre los usuarios del mar.
Afianzar el desarrollo de un sólido sistema de respuesta ante incidentes y accidentes en el mar, avan¬zando en la eficaz utilización de las capacidades disponibles y prestando especial atención a las áreas geográficas y ámbitos de actividad que presentan mayor vulnerabilidad o riesgo para la seguridad de la vida humana y la protección del medio ambiente marino.
Crear un nuevo marco de relación institucional, basado en la concertación y cooperación a nivel inter¬nacional, nacional y autonómico que permita generar sinergias y sumar las capacidades y recursos disponi¬bles de todos los agentes públicos y privados.
Avanzar en la innovación y la investigación aplicada, mediante el apoyo y estímulo de áreas o espacios de investigación multidisciplinares, en colaboración con Puertos del Estado y con la participación de otros cen¬tros de investigación, universidades y empresas públicas y privadas.
3. Objetivos Específicos
Potenciar la eficacia de la vigilancia aérea para la de¬tección de vertidos contaminantes.
Promover la actuación sancionadora contra los res¬ponsables de las contaminaciones no sólo a través de la vía administrativa sino, sobre todo, potenciando la persecución en el ámbito de la jurisdicción penal.
Difundir la cultura de seguridad y prevención de la contaminación entre los profesionales y usuarios del mar.
Perfeccionar la vigilancia y seguimiento activo del tráfico marítimo participando activamente en el de¬sarrollo y aplicación de sistemas supranacionales de monitorización.
Intensificar la función inspectora como garantía del cumplimiento de las normas de navegación marítima.
Reforzar las áreas geográficas y ámbitos de actividad de riesgos singulares con medios adicionales y recur¬sos especializados.
Optimizar la aplicación de los medios humanos y materiales disponibles, desarrollando protocolos e incrementando la dedicación a la formación y el entrenamiento.
Favorecer la concertación como instrumento eficien¬te para construir un nuevo marco de colaboración con Instituciones, Organismos y Administraciones, especialmente con las Comunidades Autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fomentar el liderazgo español en los asuntos maríti¬mos a nivel internacional influyendo de manera deter¬minante en la toma de decisiones.
Impulsar la adopción de las innovaciones tecnológi¬cas en los instrumentos y recursos dedicados al control del tráfico y la seguridad marítimos y a la prevención y lucha contra la contaminación.
III. Programas
Programa 1. Sistema Preventivo.
Por un mar más limpio y seguro
Refuerzo de las actuaciones de carácter preventivo
Los múltiples factores de riesgo (*) que confluyen en el es¬pacio marítimo español exigen trabajar intensamente en la mejora de la seguridad y la protección del medio ambiente marino mediante un sólido sistema de prevención, basado fundamentalmente en el binomio compuesto por la nor¬mativa y los instrumentos que garanticen el cumplimiento de la misma: vigilancia, inspección y sanción, sin olvidar el papel que juega la difusión de la cultura de seguridad y lucha contra la contaminación entre los usuarios del mar.
Líneas de actuación
1. Vigilancia aérea: eficacia en prevención, detección y san¬ción de los causantes de las contaminaciones.
2. Difusión de la cultura de seguridad y protección del medio ambiente marino entre usuarios del mar.
3. Potenciación de medidas para la mejora de la monitoriza¬ción del tráfico marítimo.
4. Fortalecimiento de la función inspectora (Plan estratégico de la inspección).
5. Implementación de las recomendaciones derivadas de la investigación de accidentes marítimos.
6. Refuerzo de las medidas preventivas en sectores vulnera¬bles: sector pesquero.
* A la amplitud de la zona de responsabilidad en materia de búsqueda y salvamento -1,5 millones de kilómetros cuadrados y 7.880 km de costa- hay que añadir que España se encuentra en un lugar estratégico, con un importantísimo tráfico de paso que circunda nuestras costas (en el año 2009 más de 300.000 buques fueron objeto de seguimiento desde los Centros de Coordinación de Salvamento, tanto en los Dispositivos de Separación de Tráfico, como en los entornos portuarios) y que es sus¬ceptible de generar diversidad de incidentes marítimos.
Tampoco puede olvidarse el problema que en materia de pro¬tección de la vida humana en la mar representa la proximi¬dad de nuestras costas al continente africano y los conse¬cuentes flujos marítimos de inmigración irregular, así como la importante flota pesquera, con más de 11.000 buques faenando en nuestras aguas, o la creciente actividad de la náutica deportiva y de recreo, como factores demandantes de importantes recursos en el ám¬bito de la seguridad y el salvamento y la protección del medio marino.
1. Vigilancia Aérea: eficacia en la prevención, detección y sanción de los causantes de conta¬minaciones marinas (incluyendo la persecución en el ámbito penal)
La capacidad preventiva del Sistema Español de salva¬mento y lucha contra la contaminación marina se ha visto notablemente incrementada gracias a la incorporación a la flota aérea de aviones equipados con la más avanzada tecnología.
La vigilancia aérea ha demostrado ser la herramienta más útil y eficaz para la mejora de la seguridad marítima y la prevención y detección de la contaminación marina dado su potencial para la observación del cumplimien¬to de las normas de navegación, y por tratarse, por regla general, del medio objetivamente más próximo a la pre¬sunta infracción y el que, a su vez, permite obtener de forma más directa el tipo de información, datos y pruebas necesarias para la puesta en marcha del procedimiento sancionador en caso de que se detecte una presunta ac¬tividad ilícita.
El programa de misiones de patrullaje aéreo sobre rutas previamente establecidas cuenta con una doble finali¬dad: por una parte, tiene una importante eficacia disua¬soria, y por otra, tiene un decisivo alcance represor dado que permite detectar los vertidos en la mar, en caso de que se produzcan, así como llevar a cabo el seguimiento e identificación de los buques infractores y la aportación de pruebas susceptibles de demostrar la responsabilidad de la infracción, tanto en la vía administrativa como en la penal.
El programa de patrullaje aéreo está directamente inte¬rrelacionado con el de seguimiento por imágenes satelitarias puesto en marcha por EMSA (CleanSeaNet) como consecuencia de la Directiva Comunitaria 2005/35/EC. Esta herramienta suministra a los países miembros in¬formación detallada de las descargas de hidrocarburos detectadas.
Las líneas de actuación para incrementar la eficacia de la vigilancia aérea y maximizar los beneficios de las misio¬nes de patrullaje, al objeto de prevenir la contaminación, identificar a los posibles infractores y garantizar el cum¬plimiento de las normas de navegación, se agrupan en cinco grandes ejes:
1.1. Promoción de la actuación sancionadora contra los responsables de contaminaciones no sólo en la vía administra¬tiva sino, sobre todo, en el ámbito de la jurisdicción penal.
El objetivo es incorporar y hacer cumplir de forma sufi¬cientemente severa la normativa nacional e internacio¬nal en materia de contaminación procedente de buques para garantizar que los responsables de las descargas de sustancias contaminantes estén sujetos a las sanciones adecuadas, incluidas las penales.
Con la transposición de la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre de 2009 relativa a las contaminaciones procedentes de bu¬ques, España reforzará el marco penal para la represión de estas actividades. A tal fin se potenciará el ejercicio de la acción penal contra los causantes de las acciones contaminantes, que serán considerados como autores responsables de un delito contra el medio ambiente.
La necesidad de garantizar un elevado nivel de seguri¬dad y de protección del medio ambiente en el sector del transporte marítimo, así como la de asegurar la eficacia
del principio según el cual la parte contaminadora paga por los daños causados al medio ambiente, determinarán que toda persona física o jurídica que cometa una des¬carga de sustancia contaminante, incluidos los casos de menor importancia, sea considerada responsable y so¬metida a sanciones efectivas y a la adopción de medidas cautelares proporcionadas y disuasorias, sean de carác¬ter personal –tales como privación de libertad o prohi¬bición de salir del territorio nacional–, sean de carácter real –inmovilización del buque y/o de la carga, establecimiento de fianza o avales-
Por otra parte, se adoptarán las medidas posibilitadoras de una eficaz indemnización a las víctimas de incidentes de contaminación.
Además de a las personas físicas directamente responsa¬bles de estas actuaciones -tales como el capitán del bu¬que o el armador-se perseguirá también a determinadas categorías de personas jurídicas -como los propietarios de la carga o las sociedades de clasificación-ya que con frecuencia las infracciones de contaminación procedentes de buques se comenten en su interés o para su beneficio.
Líneas de actuación:
Construcción de un nuevo marco de relación basado en la coordinación y colaboración a través de la sus¬cripción de convenios y elaboración de protocolos de actuación con el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en la persecución de tales conductas, con dos finalidades primordiales:
1. Hacer efectivas las sanciones y medidas cautelares que se adopten en el procedimiento sancionador, tanto en el ámbito administrativo como, sobre todo, en el ámbito penal (incluyendo el traslado coactivo a puerto español del buque infractor que haya sido detectado contaminando).
2. Asegurar el alcance de los medios de prueba obte¬nidos como consecuencia del patrullaje aéreo y su valoración en el contexto de los correspondientes procedimientos sancionadores, incrementando el conocimiento en los siguientes aspectos:
– Los medios de detección que integran el equipa-miento de los aviones.
El alcance de los resultados obtenidos con esos medios.
Su eficacia probatoria según el ordenamiento ju¬rídico español.
Aprovechar la experiencia adquirida por España como observadora en el seno del Acuerdo de Bonn para asumir el liderazgo e impulso de actividades similares dentro de otras organizaciones y marcos de los que nuestro país es parte, principalmente en lo relativo a la protección del mar Mediterráneo.
Profundizar en la comparativa del tratamiento que se ofrece a las pruebas obtenidas desde medios aéreos en los distintos ordenamientos de nuestro entorno, principalmente los pertenecientes a la Unión Europea.
1.2. Concertación institucional mediante la coordi¬nación con las patrullas de otros organismos que dis¬ponen de medios de vigilancia aérea -Comunidades Autónomas, Guardia Civil, Pesca, Vigilancia Aduanera- con especial incidencia en zonas de mayor vulnera¬bilidad (el corredor de Finisterre, zona del Estrecho, Canarias y Mediterráneo).
1.3. Cooperación internacional, dado que el carácter transfronterizo de los daños que puede causar la conta¬minación procedente de buques hace precisa la poten¬ciación de una cooperación eficaz a nivel internacional que permita garantizar que las descargas se detectan a tiempo, que los infractores puedan ser identificados y que sea posible utilizar métodos de investigación y co¬operación más eficaces. La cooperación internacional se articula en los siguientes niveles:
Con los países vecinos, en el marco de los acuerdos del Golfo de Vizcaya y el Golfo de León, para maximizar la utilidad de los programas de vigilancia optimizando costes, favorecer la comunicación y el intercambio ágil de información, y homogeneizar procedimientos, pro¬tocolos, estándares y formatos.
Con EMSA (Agencia Europea de Seguridad Marítima), dado que el programa de vigilancia aérea está direc¬tamente interrelacionado con el de seguimiento de la contaminación por imágenes satelitarias puesto en marcha por dicha Agencia a través de CleanSeaNet. En los foros internacionales sobre la materia a diferen¬tes niveles (REMPEC, EU, OMI, etc.).
1.4. Innovación e investigación que permita incorporar los avances tecnológicos para la identificación de bu¬ques infractores, obteniendo la máxima funcionalidad de los sensores que componen el equipamiento de los aviones y potenciando el análisis conjunto de los meca¬nismos de predicción de derivas y monitorización del tráfico (backtracking AIS).
1.5. Refuerzo del sistema operacional de patrullaje aé¬reo, como consecuencia del análisis de las zonas de ma¬yor riesgo en cuanto a sucesos de contaminación mari¬na se refiere y garantizando la verificación continua de la competencia técnica de las personas, los medios y los métodos empleados durante la detección por medio de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y de acuer¬do a la Norma ISO 17.020.
2. Difusión de la cultura de seguridad y protec¬ción del medio ambiente marino entre los usua¬rios del mar.
2.1. Desarrollo de herramientas de difusión y forma¬ción dirigidas a profesionales del ámbito pesquero y usuarios de recreo.
Con objeto de actualizar conocimientos, acomodar acti¬tudes y desarrollar habilidades, empleando estrategias de comunicación específicas, adaptadas y dirigidas al entorno socio-cultural de los sectores de actividad con riesgos singulares que favorezcan la puesta en común de conocimientos y experiencias derivadas de modelos avanzados de prevención, gestión y coordinación de la seguridad y la protección del medio marino.
Líneas de actuación:
Aplicar fórmulas que permitan hacer llegar la formación a los destinatarios con eficacia, mediante ac¬ciones formativas diseñadas en base a metodologías constructivistas, donde será de gran interés el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación:
Desarrollo de aplicaciones que faciliten la forma¬ción del personal embarcado.
Impartición de formación in situ.
Especial atención a las acciones formativas rela¬cionadas con el factor humano ante situaciones de crisis.
Uso de las conclusiones de la Comisión sobre Accidentes Marítimos para su difusión y estudio.
Consideración de la singularidad y peculiaridad de cada sector, contemplando específicamente aspec¬tos relacionados con la seguridad marítima a bordo y la protección del medio ambiente: la seguridad marítima desde el punto de vista del buque (inter¬no), los riesgos laborales asociados a la actividad, la contaminación en el sector pesquero, prohibicio¬nes, limitaciones, etc.
Optimizar los métodos de divulgación para llegar al máximo público-objetivo: conferencias, seminarios, edición de guías, campañas de formación y de sensibi¬lización ante los riesgos.
Impulsar la publicidad de la información relativa a la seguridad marítima y la protección del medio ambien¬te, en el marco de espacios y medios de comunicación especializados.
2.2. Implicación de la sociedad civil a través de la transmisión de valores de seguridad marítima y respe¬to al medio ambiente marino.
Es necesario realizar un esfuerzo para la sensibiliza¬ción pública a través de las actuaciones que permi¬ten a los ciudadanos colaborar con la Administración Marítima en la mejora de la seguridad y la lucha contra la contaminación.
A tales fines, la educación debe ser la principal fuerza impulsora. Por tanto, se deberán articular diferentes fór¬mulas que garanticen la eficacia de las acciones forma¬tivas y el incremento de conocimientos por parte de la sociedad civil.
Líneas de actuación:
Colaborar con la Administración educativa en la orga¬nización de actividades de concienciación, especialmente dirigidas al ámbito escolar, que introduzcan en el escenario social las nuevas escalas de valores en el respeto del medio ambiente marino y criterios de se¬guridad basados en la auto-protección.
Implementar simulacros públicos de emergencias y contaminación marina/costera en playas o zonas portuarias.
Habilitar foros de diálogo que fomenten la cultura de seguridad a través del intercambio de experiencias y conocimientos.
Potenciar el conocimiento, la accesibilidad y las fun¬cionalidades de los canales de comunicación que faci¬liten a los ciudadanos el contacto con la Administración Marítima, para facilitar la comunicación de las denun¬cias, quejas o sugerencias de mejora que consideren oportunas.
3. Implementación de medidas para la mejora del control del tráfico marítimo a través de su monitorización
La vigilancia y seguimiento del tráfico es, una medida de carácter preventivo, de especial relevancia en aquellos ámbitos que ya sea por la confluencia de buques y/o por la adversidad de las condiciones meteorológicas, revis¬ten un riesgo mayor.
Los sistemas de monitorización del tráfico marítimo de las aguas sobre las que España ejerce soberanía se en¬caminan a conocer la posición y carga de un buque en el menor tiempo posible, contribuyendo de este modo a una localización más temprana en caso de accidente y a una mejor prevención de la contaminación que pueda derivarse.
Líneas de actuación:
Coadyuvar al desarrollo de herramientas supranacionales de seguimiento e información del tráfico marítimo, principalmente a través de la red europea SafeSeaNet, como medio preventivo que permite pronosticar situa¬ciones de riesgo. SAFESEANET es el Sistema de infor¬mación que posibilita el intercambio eficiente de da¬tos entre las autoridades competentes de los Estados miembros, en relación con: seguimiento del tráfico marí¬timo, carga de mercancías peligrosas, carga de residuos, resultados de inspecciones y, en definitiva, cualquier información que pueda afectar a la seguridad marítima.
Continuar con el desarrollo de la aplicación median¬te la incorporación de nuevas utilidades que permitan mantener un sistema único de seguridad marítima, en línea con el concepto de integración que propugna la Política Marítima europea, a través, entre otros, de los siguientes medios:
STIRES: Imagen de tráfico.
LRIT (Long-range identification and tracking): Sistema global para identificación y localización de buques.
THETIS: Modulo de gestión de inspecciones marítimas.
Recepción AIS desde satélite.
Potenciar el uso de las herramientas de monitorización del tráfico, de modo que se posibilite la explotación de los beneficios que ofrecen para la protección del medio ambiente marino y las tareas de búsqueda y rescate.
Avanzar, en colaboración con Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, en la implantación de siste¬mas preventivos a través del control del tráfico maríti¬mo-portuario. Dado que los puertos son también áreas de especial consideración, tanto por la concentración de tráfico que generan como por los riesgos a la navegación que pueden existir en sus inmediaciones.
Intensificar la vigilancia de los Dispositivos de Separación de Tráfico, contribuyendo así a la reducción del número de accidentes por colisiones.
4. Fortalecimiento de la función inspectora (Plan estratégico de la inspección)
La función inspectora es una herramienta principal para comprobar la adecuada aplicación de las normas, consti¬tuye la base del régimen sancionador y es un instrumen¬to clave en el ámbito de la prevención.
Con la adopción y posterior transposición del Tercer Paquete de Medidas para la Seguridad Marítima dis¬pondremos de uno de los marcos reguladores del trans¬porte marítimo más amplios y avanzados del mundo. El crecimiento de la flota mundial, la entrada en servicio de buques cada vez mayores para el transporte de pasa¬jeros y mercancías y el crecimiento de las operaciones de comercio marítimo en general, supondrán riesgos adi¬cionales para la seguridad que sólo pueden minimizarse a través del ejercicio de una función inspectora eficaz, especialmente desde la perspectiva de las inspecciones como Estado Rector del Puerto, en la que venimos ocu¬pando los primeros puestos, en cuanto a esfuerzo ins¬pector, dentro del Memorándum de Paris.
Igualmente, la seguridad de nuestra flota pesquera, cuya importancia hace necesaria la existencia de un ámbi¬to propio dentro del Plan Nacional, requiere campañas específicas de inspección de este tipo de buques, tanto desde la perspectiva de su construcción y mantenimien¬to como desde la de su vida operativa.
En conclusión, resulta necesario continuar la potencia¬ción y desarrollo de la función inspectora dentro del marco del Plan Nacional de Salvamento.
Líneas de actuación:
Mejorar la gestión de la calidad de la flota mercante española a través de un Plan Sistemático de segui¬miento de los estándares con los siguientes objetivos:
Optimizar los recursos de inspección concentrándo¬los en aquellos buques que a tenor de su historial precisen mayor atención.
Garantizar la permanencia de la flota mercante es¬pañola en la Lista Blanca del Memorándum de París.
Dotar de medios materiales a las Capitanías Marítimas y definir los criterios de evaluación de riesgos para las inspecciones de buques fondeados, al objeto de cumplir los nuevos requerimientos establecidos por la Directiva 2009/16/CE que modificará el régimen de inspecciones MOU a partir del 1 de enero de 2011.
Continuar el desarrollo del Plan de Calidad en la Función Inspectora mediante las siguientes actuaciones:
Puesta en marcha de procedimientos técnicos que armonicen los distintos tipos de inspecciones.
Creación de grupos de expertos por tipo de inspec¬ción y clase de buque, que serán posteriormente los supervisores de cada una de las actividades inspectoras.
Definición de un Plan de Formación Continua de los inspectores que refuerce sus actuaciones, sobre todo en el ámbito de las inspecciones MOU, tenien¬do en cuenta los nuevos criterios que introduce la Directiva 2009/16/CE.
Diseño y ejecución de campañas de inspección concentradas:
Para las embarcaciones de pesca se basarán en las deficiencias detectadas durante inspecciones progra¬madas y aleatorias, especialmente en estas últimas.
Para los buques mercantes se centrarán en aspectos concretos para los que existan nuevos desarrollos normativos que hayan entrado en vigor.
Potenciar las inspecciones MARPOL a buques españo¬les y extranjeros y a las propias instalaciones de recep¬ción, tal y como exige la normativa nacional y de la Unión Europea.
Continuar el desarrollo y dotación de la Oficina Técnica mediante la adecuada ampliación de su perso¬nal técnico especializado y la implantación de las he¬rramientas precisas para atender las necesidades de la Administración Marítima, tanto en las Capitanías como ante los organismos internacionales (OMI, UE), y en particular para la definición y desarrollo de un sistema mejorado de acceso a la normativa técnica de inspec¬ción que permita su adecuada difusión.
5. Implementación de las recomendaciones derivadas de la investigación y análisis de acci¬dentes marítimos
La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), adscrita a la Secretaría General de Transportes, es el órgano colegiado encar¬gado de realizar la investigación de los accidentes e incidentes marítimos producidos en/por buques civiles españoles, o en/por buques civiles extranjeros, cuando se produzcan dentro de las aguas interiores o en el mar territorial español, así como de los que ocurran fuera del mar territorial español cuando España tenga intereses de consideración.
La Comisión ha nacido con vocación preventiva y de aná¬lisis. La investigación tiene un carácter exclusivamente técnico, no siendo de su competencia determinar ni esta¬blecer culpa o responsabilidad de tipo alguno. Su fin últi¬mo es establecer las causas que produjeron el accidente o incidente y formular recomendaciones que permitan la prevención de sucesos futuros. Asimismo, también es objetivo de la Comisión, cuando el accidente ya se ha pro¬ducido, favorecer el establecimiento del operativo de res¬puesta que permita minimizar sus impactos negativos. Los resultados de la investigación se plasman en un Informe que contiene el relato de hechos del accidente o inciden¬te, el análisis de los mismos, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones derivadas.
Líneas de actuación:
Establecer los mecanismos que permitan asegurar que las recomendaciones derivadas del análisis e investi¬gación de accidentes se implantan y repercuten direc¬tamente en el incremento de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación.
Velar por la continua cualificación, formación, adies¬tramiento y experiencia de los investigadores. Para ello, se reforzará la colaboración con universidades y centros de investigación especializados. Profundizar en el desarrollo y estandarización de me¬todologías avanzadas de investigación.
6. Refuerzo de las medidas preventivas en sec¬tores vulnerables: buques pesqueros
El sector de la pesca tiene una gran importancia en nuestra economía. El número de familias cuyos ingresos dependen exclusivamente de la actividad pesquera es especialmente importante en determinadas zonas de nuestro país, como es sin duda el caso de la Comunidad Autónoma Gallega.
La flota pesquera española es una de las más importan¬tes de la Unión Europea. Está formada por aproximada¬mente 11.300 pesqueros de los que el 95,4% faenan en el caladero nacional. A esta cifra hay que añadir los buques pesqueros y tripulaciones que faenan bajo otros pabellones pero que representan intereses españoles.
La mayor parte de los pesqueros que faenan en el cala¬dero nacional tiene una eslora inferior a los doce metros.
El presente Plan, en el marco del Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de abril de 2005 de colaboración inter¬ministerial, mejora la seguridad de los buques pesque-ros, estableciendo actuaciones entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Ámbitos de actuación:
Área de salvamento y seguridad de los buques pes¬queros y sus trabajadores.
Área de prevención y lucha contra la contaminación marina y la protección de los caladeros.
Área de ordenación y control de la actividad marítima pesquera.
6.1. Salvamento y seguridad de los buques pesqueros y sus trabajadores.
Continuar el programa de subvenciones para la pro¬moción de la seguridad de los buques pesqueros, tan¬to en medios y equipamientos individuales, como en sistemas de alarma y localización.
Realización de estudios sobre seguridad del buque y su operación.
Mejora de infraestructuras de comunicaciones. Se rea¬lizará un catálogo de zonas del litoral de especial dificultad para su cobertura de comunicaciones (“zonas de sombra”), a través de una mejora en el formato de estaciones de radio con prestaciones especiales para enclaves como rías, bahías, etc., y/o mediante la utili¬zación de un sistema de boyas repetidoras de las posi¬bles llamadas de socorro.
Desarrollo de nuevos estándares de seguridad im¬pulsados por los comités técnicos de AENOR, y defini¬ción de líneas de apoyo económico para su posterior implantación.
Actuaciones para la vigilancia de mercado en lo refe¬rente a equipos regulados por directivas europeas re¬lacionadas con la actividad pesquera.
Potenciación del Centro de Seguridad Marítima “Jovellanos” como centro de pruebas de equipos de seguridad en la actividad pesquera. Actualización de las normas técnicas recogidas en el Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se de¬terminan las normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L), de acuerdo con la experiencia obtenida en las campañas de inspecciones intensivas y aleatorias llevadas a cabo, en el análisis de los accidentes y en los códigos que está desarrollando la Organización Marítima Internacional en este ámbito.
Incremento de las inspecciones operativas aleatorias e in¬tensivas mediante la realización de diferentes campañas focalizadas en las distintas modalidades y zonas de pesca.
Realización de campañas sobre seguridad de la pesca en las que se transmita la casuística y las situaciones de riesgo que han sido detectadas, bien a través de las inspecciones o bien en base a la investigación de los accidentes e incidentes registrados.
6.2. Ordenación y control de la actividad marítima pes¬quera.
Armonización de procedimientos para la fijación y concordancia de datos en el ámbito del fichero comu¬nitario de buques de pesca.
Integración de procedimientos correspondientes a las autorizaciones administrativas de los buques de pesca.
Armonización del censo de la flota pesquera operativa y del Registro de buques y empresas navieras.
Coordinación de actuaciones y procesos para la mejo¬ra del despacho de los buques pesqueros.
Establecimiento de un marco de actuación conjunto frente a las modificaciones realizadas en los buques de pesca que no cuenten con la preceptiva autorización.
Coordinación de actuaciones en el seno de la Organización Marítima Internacional para la entra¬da en vigor del Convenio de Formación, Titulación y Guardia para el sector pesquero (STCW-F).
Establecimiento de los procedimientos para el inter¬cambio de información y la armonización de los ban¬cos de datos disponibles que puedan ser de utilidad.
Programa 2. Sistema de Respuesta.
Eficacia y eficiencia en la utilización de capacidades y recursos
Consolidar el Sistema de Respuesta
La Administración Marítima, a través de la Dirección General de Marina Mercante y de la Sociedad de Seguridad y Salvamento Marítimo, tanto con sus respec¬tivos Servicios Centrales, como con la red de Capitanías Marítimas y Centros de Coordinación de Salvamento existentes a lo largo de nuestro litoral, es la estructura del Ministerio de Fomento que permite materializar la efectiva y necesaria respuesta ante incidentes y acci¬dentes marítimos, coordinando a todos los Organismos y Administraciones implicados en el sistema público de salvamento y lucha contra la contaminación marina.
Como consecuencia de los sucesivos Planes de Salvamento y especialmente del Plan 2006-2009, el sistema de salvamento y lucha contra la contaminación cuenta con unos Centros de Coordinación de Salvamento equipados con la más innovadora tecnología de comu¬nicaciones, una potente flota marítima y aérea y una red de bases logísticas y de actuación subacuática que han convertido a España en un referente europeo en la materia.
Corresponde al presente Plan el reto de consolidar el de¬sarrollo de un potente sistema de respuesta ante inci¬dentes y accidentes en el mar, muy especialmente en las áreas geográficas y ámbitos de actividad que presentan mayor vulnerabilidad o riesgo para la seguridad de la vida humana y la protección del medio ambiente marino.
Para ello se mantendrá un ritmo de renovación de los me¬dios existentes que permita seguir disponiendo de una flota aérea y marítima acorde a la vida útil de cada tipo de medio. Además, se mejorará el radio de acción de los he¬licópteros en zonas de mayor actividad y con condiciones meteorológicas más desfavorables, y al objeto de reforzar el sistema de respuesta ante sucesos de contaminación, se incrementará la capacidad de recogida de hidrocarbu¬ros en la mar, y se establecerán diversas estrategias de actuación que permitan hacer frente a las emergencias químicas.
Todas las actuaciones que guardan relación con la dota¬ción de medios materiales están detalladas en el Anexo I. “Medios materiales y recursos económicos destinados al Plan” del presente documento.
Una vez conseguida la dotación de medios suficientes, adecuadamente distribuidos y tecnológicamente avan¬zados, se precisa también la implementación de otras ini¬ciativas que permitan avanzar en la eficaz utilización de las capacidades disponibles.
Líneas de actuación
1. Incrementar la capacitación de los profesionales de salvamento y lucha contra la contaminación, garanti¬zando un adecuado nivel de conocimiento y procuran¬do una formación homogénea entre los intervinientes de los distintos organismos que actúan conjuntamente en la resolución de las emergencias marítimas.
2. Potenciar el Centro “Jovellanos” como instrumento ejecutor de la política formativa de la Administración Marítima, manteniendo e incrementando la conside¬ración del Centro como referente a nivel nacional e internacional respecto a la formación e investigación aplicada en seguridad y lucha contra la contaminación, en base a una gestión económicamente autosuficiente.
3. Desarrollar Sistemas Integrados de Información que faciliten la toma de decisiones y optimicen la respues¬ta ante incidentes y accidentes marítimos, integrando la información relativa a los riesgos, los medios de in¬tervención y las experiencias de sucesos anteriores.
1. Incrementar la capacitación de los profesio¬nales de Salvamento Marítimo y lucha contra la contaminación
1.1. Desarrollo y mejora de los procedimientos operati¬vos y análisis de experiencias previas para el perfeccio¬namiento del nivel de servicio.
Profundizar en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, consolidando los procedimientos que permitan homogeneizar la manera de actuar, así como optimizarla en base a su diseño previo y corrección sucesiva, mejo¬rando los resultados de las actuaciones.
El análisis de las intervenciones facilita la mejora conti¬nuada de las operaciones. Se trata de sistematizar dos diversos aspectos:
El cuantitativo, por medio del seguimiento estadístico de los indicadores de servicio, debidamente identificados y seleccionados, relativos tanto a la calidad pro¬porcionada como a la calidad percibida.
El cualitativo, por medio de los debriefings, por una parte, y por el análisis sistemático de las actuacio¬nes llevadas a la práctica durante la resolución de las emergencias.
1.2. Certificaciones de los operadores de los CCS.
Asegurar que los operadores de los Centros de Coordinación de Salvamento cuentan con las certifi¬caciones oportunas de acuerdo con las funciones que desempeñan, conforme a la normativa internacional de la OMI (Organización Marítima Internacional) y de IALA (Asociación Internacional de Autoridades de Señalización Marítima y Ayudas a la Navegación).
Para ello:
Se formalizará la certificación de los operadores que cuentan con las capacidades requeridas.
Se facilitará el acceso a la formación para el resto del personal.
1.3. Formación e-learning.
Potenciar la formación mediante esta herramienta, ex¬tendiendo su utilización hasta el máximo posible:
Facilita el acceso a la formación sin rigideces tempora¬les ni espaciales.
Es especialmente útil para el personal de los Centros de Coordinación de Salvamento y de las bases, así como para las tripulaciones de los medios aéreos y marítimos
1.4. Benchmarking
Promover el benchmarking con organizaciones refe¬rentes en el ámbito internacional a nivel organizativo y operativo
1.5. Formación en SAR y LCC a Organismos, Instituciones y Administraciones implicados en las emergencias ma¬rítimas.
Constituye una necesidad extender, en la dimensión adecuada, los planes formativos propios de salvamen¬to marítimo al personal de Organismos, Instituciones y Administraciones que participan en la resolución de emergencias. El objetivo es contribuir a mejorar la forma¬ción de las personas que colaboran o pueden colaborar en tareas SAR y LCC, así como homogeneizar la forma¬ción con la de las personas de salvamento marítimo. Para ello se incide especialmente en los siguientes aspectos:
Selección de la formación a ofrecer según las funcio¬nes que desarrollan en las emergencias.
Facilitar el acceso a la formación mediante unidades móviles y nuevas tecnologías a distancia.
Elaborar y ejecutar ejercicios y entrenamientos con¬juntos para el personal dedicado a estas funciones. Se pretende disponer de personal entrenado y de meca¬nismos de gestión, organización y coordinación debi¬damente probados. Se trata de incorporar a los ejerci¬cios a unidades de otros Organismos, Administraciones e Instituciones, así como de potenciar los entrenamien¬tos en LCC con unidades especializadas. Esta acción contribuye asimismo al cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa de coordinación.
2. Potenciar el centro “Jovellanos” como ins¬trumento ejecutor de la politica formativa de la administración marítima
2.1. Acometer nuevas áreas de actuación pedagógica de amplio espectro.
La constante evolución tecnológica del sector pone de manifiesto la necesidad de reubicar pedagógicamen¬te los programas formativos que venía desarrollando el Centro “Jovellanos” para convertirlo en el instrumento ejecutor de la política formativa de la Administración Marítima. En este sentido, se hace necesaria una actua¬ción docente más académica que facilite formación y re¬ciclaje continuo en dos grandes áreas:
Área de Administración Marítima dirigida a técnicos de la Administración Marítima central y periférica que desarrollen actividades inspectoras o administrativas.
Área de Salvamento y Seguridad Marítima dirigida a: Técnicos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima que ejercen su actividad a bordo de las unida¬des aéreas y marítimas y a los integrantes de colectivos o instituciones que colaboran en las tareas de rescate, salvamento y lucha contra la contaminación. Técnicos que reciben formación previa a su incorporación al puesto de trabajo.
2.2. Incrementar la proyección internacional, especial¬mente en países del entorno y Latinoamérica
La enseñanza mediante e-learning se revela como una herramienta clave a la hora de reforzar la presencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima en el ámbito internacional, especialmente en países iberoamericanos.
2.3. Apoyar y estimular el desarrollo de proyectos de I D.
Tanto las operaciones SAR como las referidas a LCC re¬quieren del uso de nuevas tecnologías. La tecnología con la que cuenta el Centro “Jovellanos” fundamental¬mente para el desempeño de actividades formativas, es igualmente apropiada para la investigación aplica¬da en las materias de salvamento y lucha contra la contaminación marina. La actuación del Centro Jovellanos, junto con otros técnicos del ámbito marítimo, se en¬foca a la estimulación para el desarrollo de proyectos de interés, a través de acciones concretas dirigidas a la puesta en marcha de modelos experimentales, colaboración entre centros, etc., de forma que “Jovellanos” sea un referente que centralice y acumule todas estas experiencias.
3. Desarrollar sistemas integrados de informa¬ción para la toma de decisiones
Los Sistemas Integrados de Información facilitan la toma de decisiones y optimizan la respuesta mediante la inte¬gración de diferentes metodologías referidas a la evalua¬ción de riesgos, a la disponibilidad de medios de inter¬vención y características de los mismos, a las experiencias de sucesos anteriores y a toda aquella información que convenientemente geo-referenciada pueda resultar de interés a la hora de establecer la operativa de respuesta ante accidentes e incidentes marinos que amenacen al medio ambiente y/o la seguridad de la vida humana en la mar. Para ello, se ha de avanzar en los siguientes aspectos:
3.1. Profundizar en el análisis de diferentes métodos de evaluación de riesgos.
Realizando estudios comparativos que permitan incor¬porar los modelos más adecuados para cada situación. Gracias a estos modelos es posible establecer los mapas de vulnerabilidad en cuanto a sucesos de contaminación y las zonas de sombra que son determinantes a la hora de planificar la respuesta ante diferentes emergencias.
3.2. Elaborar un inventario de medios materiales y re¬cursos humanos.
Elaborar un inventario de medios materiales y recursos humanos de las distintas Administraciones, Instituciones, Organismos o empresas que cuenten con equipamientos apropiados para articular el operativo de respuesta ante accidentes o incidentes que requieran el desarrollo de tareas de salvamento marítimo y/o de lucha contra la contaminación.
3.3. Identificar buenas prácticas como consecuencia del estudio de los episodios de contaminación graves a nivel internacional.
Donde se analicen protocolos de intervención y comuni¬cación, suministro de material y recursos humanos, tiempo invertido en función de la entidad y características de la contaminación, costes, consecuencias, gestión de residuos, concienciación, reacción social y planes futuros para evitar situaciones similares.
Programa 3. Concertación y Cooperación. Generando sinergias a nivel nacional e internacional
Sumar capacidades y recursos
El artículo 87.1 de la LPEMM establece que: ”El servicio público de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino se prestará por la Administración del Estado, así como por las restantes Administraciones Públicas competentes, de acuerdo con el principio de coordinación, instrumenta¬do a través de los planes y programas correspondientes. Éstos contemplarán de forma integrada las actuaciones de cada Administración, así como los medios para desa¬rrollarlas con independencia de su titularidad, de su ads¬cripción funcional o de su localización territorial”.
En base a dicho principio de coordinación se estable¬cerá un NUEVO MARCO DE RELACIÓN INSTITUCIONAL con otros Organismos, Instituciones y Administraciones, especialmente con las Comunidades Autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de robustecer su participación junto con los medios del Ministerio de Fomento en el desempeño de las actividades de búsque¬da, rescate, salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación del medio marino.
Por otra parte, se ha reforzado la coordinación institucio¬nal entre los Ministerios de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, me¬diante las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de abril del 2005, para mejorar la seguridad de los buques pesqueros.
En el mismo sentido, hay que resaltar la importantísima colaboración y ayuda que prestan las flotas pesquera y mercante, así como otros entes privados, al sistema de salvamento marítimo, tanto al proporcionar alertas tem¬pranas como en la localización y respuesta en rescates, búsquedas, comunicaciones, etc., con una especial men¬ción a su relevante papel en el ámbito de la inmigración irregular (particularmente tras el avistamiento de pateras).
Tanto el salvamento marítimo como la protección del me¬dio ambiente marino y el seguimiento y la monitorización del tráfico son ámbitos de naturaleza transnacional, de modo que la coordinación con la comunidad internacio¬nal, y más concretamente con nuestros países vecinos es un eje imprescindible en el desarrollo del presente Plan.
En definitiva, al objeto de alcanzar la mayor eficacia en la prestación de los servicios relativos a la seguridad de la vida humana en la mar y la prevención y lucha contra la contaminación, se enfatiza la necesidad de continuar generando sinergias como consecuencia de la mejor co¬ordinación con todos los agentes implicados, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
1. Coordinación a nivel autonómico: estableci¬miento de un nuevo marco de relación institu¬cional con las CC.AA.
1.1. Convenios de Colaboración.
Buscando la mayor operatividad y su traducción direc¬ta en el objetivo de mejorar el desempeño del servicio de Salvamento y Lucha contra la Contaminación. Dichos Convenios tendrán como objetivos:
Estudiar y desarrollar planes, programas y procedi¬mientos para el intercambio de información que pue¬da ser de utilidad.
Establecer mecanismos precisos para el empleo coordinado de medios materiales y recursos dispo¬nibles, así como el análisis, estudio y elaboración, en su caso, de protocolos operativos de actuación y coordinación.
Formular y desarrollar procedimientos, técnicas, equi¬pos o medios de lucha contra la contaminación.
Realizar actuaciones de divulgación sobre las mate¬rias que constituyen el ámbito de los convenios.
Realizar ejercicios conjuntos que permitan mejorar la respuesta e incrementar la eficacia de las intervenciones.
1.2. Redefinición de la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo como eje principal del nuevo marco de relación institucional con las CCAA.
La Comisión Nacional de Salvamento es el órgano de co¬ordinación para facilitar la cooperación y participación de las CC.AA., así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, en la planificación del salvamento de la vida humana en la mar, en sus programas de desarrollo y en el seguimien¬to de objetivos comprendidos en todos ellos.
Habrá de llevarse a cabo una redefinición de dicha Comisión, a fin de favorecer el objetivo propuesto y de reforzar la labor de coordinación que legalmente tiene atribuida la Administración del Estado.
2. Coordinación a nivel nacional
2.1. Construcción de un nuevo marco de relación basa¬do en la colaboración y la coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ministerio de Defensa.
Se contemplan, entre otros, los siguientes objetivos específicos:
Establecer y desarrollar convenios de colaboración para coordinar actuaciones, especialmente en los ámbitos de la protección marítima, de la seguridad y salvamento de vidas humanas en la mar y de posibles apoyos a la ordenación y control del tráfico marítimo y lucha contra la contaminación marina. En este último aspecto, se incluirán las acciones necesarias para hacer efectivas las sanciones y medidas cautelares que pue¬dan adoptarse en el procedimiento sancionador admi¬nistrativo y, sobre todo, en el ámbito de la jurisdicción penal (incluso el traslado coactivo a puerto español de cualquier buque infractor que haya sido detectado contaminando).
Establecer procedimientos y protocolos de actuación para normalizar los intercambios de información y pe¬ticiones de colaboración.
Estudiar y promover oportunidades de adiestramien¬to mutuo, que permitan asegurar la eficacia de las colaboraciones.
2.2. Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
Potenciación de sistemas preventivos que mejoren el control del tráfico marítimo y suscripción de convenios, con especial incidencia en aquellos proyectos o progra¬mas de I D i.
2.3. Otros Organismos.
Con el Servicio de Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria).
Con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a fin de favorecer la obtención de datos océano-meteoroló¬gicos, campañas de seguridad y otros aspectos.
Con el Instituto Nacional de Toxicología al objeto de dis¬poner de un asesoramiento sobre la toxicidad de las ma¬terias involucradas en los incidentes relacionados con Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNPP).
Con instituciones de interés que permitan estrechar la colaboración y mejorar la coordinación en el ámbito SAR y LCC.
2.4. Impulsar la revisión del Sistema Nacional de Respuesta.
El objetivo es potenciar la cooperación de todas las Administraciones implicadas en la elaboración de una norma marco.
2.5. Profundizar en la colaboración con industrias de ele¬vado potencial de riesgo.
Colaboración con FEIQUE: Una de las principales líneas de actuación en relación con la industria química es profun¬dizar en el convenio establecido con FEIQUE (Federación Española de la Industria Química), mediante la actuación CNCS-CEREMEMMP (Centro Español de Respuesta a las Emergencias Marítimas con Mercancías Peligrosas), elaborando procedimientos de respuesta conjuntos y parti¬cipando en ejercicios y foros técnicos que aúnen los inte¬reses de la industria química y de la seguridad marítima.
Coordinar medios y procedimientos con las industrias de elevado potencial de riesgo (refinerías, complejos petroquímicos, etc.), en distintas materias, como puede ser el uso de dispersantes o la actuación coordinada en emergencias con HNS.
2.6. Política de homologación y uso dispersantes.
Avanzar en el establecimiento de una política de uso de dispersantes a nivel nacional, armonizada con las del resto de los países de la Unión Europea, que permita definir la normativa necesaria en relación con la aprobación, homologación y autorización de su uso.
Disponer de herramientas informáticas de apoyo a la toma de decisiones en el uso de dispersantes, que po¬sibilite, entre otras funcionalidades, modelizar el com¬portamiento del hidrocarburo en el agua.
2.7 Establecimiento de planes de respuesta a emer¬gencias HNS.
Establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración para la configuración de equipos humanos especializados en la resolución de emergencias con agentes químicos implicados.
Potenciar el uso de herramientas informáticas que permitan predecir la deriva de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.
2.8 Elaboración de un catálogo de medios y recursos.
Creación de un catálogo de medios y recursos de las distintas Administraciones, Organismos, Instituciones o empresas que cuenten con equipos y medios materiales y humanos apropiados para el desempeño de las tareas de salvamento y/o lucha contra la contaminación.
3. Cooperación a nivel internacional
El objetivo principal será establecer mecanismos y siste¬mas de cooperación con países de nuestro entorno próxi¬mo para actuar coordinadamente ante emergencias ma¬rítimas, fomentando el liderazgo español en los asuntos marítimos a nivel internacional e influyendo de manera determinante en la toma de decisiones como país espe¬cialmente afectado por las medidas que se adopten. En el plano operativo, se potenciarán los acuerdos bilaterales o multilaterales con países vecinos a fin de lograr la cola¬boración en los distintos ámbitos de actuación que esta¬blece la Política Marítima Integrada de la Unión Europea.
3.1. Participar activamente en foros clave: OMI, UE, EMSA, REMPEC.
3.2. Promover la disponibilidad y aportación de los da¬tos generados como consecuencia del desempeño de las actividades propias de salvamento marítimo, para alimentar las infraestructuras de información que faci¬litan la integración de la Política Marítima en la Unión Europea.
3.3. Intensificar la cooperación para actuaciones y res¬puestas conjuntas con los países colindantes con la zona SAR de responsabilidad española.
3.3.1. Reforzar la vigilancia aérea con Francia.
En el marco de los Planes Golfo de Vizcaya y Golfo de León, España y Francia potenciarán la utilización conjunta de medios aéreos en el marco del dispositivo de vigi¬lancia de la contaminación, mediante:
La creación de una célula conjunta de organización y de programación de los vuelos de las unidades aéreas a fin de asignar las misiones de vigilancia para la de¬tección de contaminaciones en las zonas limítrofes de responsabilidad de los dos países y así asegurar una utilización óptima de los medios franceses y españoles.
El establecimiento de vuelos de vigilancia teniendo en cuenta las rutas comerciales y el intercambio previo de informaciones entre los puntos respectivos de contacto con el fin de establecer procedimientos comunes.
La constatación de las contaminaciones conforme a la normativa vigente y el establecimiento de una guía común de observación para asegurar la coordinación necesaria entre los dispositivos franceses y españoles.
El intercambio de observadores entre ambas partes con el objetivo de mejorar los procedimientos en vigor.
3.3.2. Promover la ratificación del Acuerdo de Lisboa (Atlántico).
El Acuerdo de Lisboa tiene como objeto la promoción de asistencia mutua entre Francia, España, Portugal y Marruecos en materia de lucha contra la contaminación ma¬rina accidental. Se basa en los modelos del Plan de Acción del Mediterráneo, Acuerdo de Bonn y Convenio de Helsinki. El acuerdo será un excelente marco de cooperación a nivel de planes conjuntos operativos, sobre todo para zonas es¬pecialmente sensibles como el Estrecho de Gibraltar.
3.3.3. Dotar de mayor liderazgo a la participación Españo¬la en REMPEC (Centro Regional de Lucha contra la Conta¬minación Marina por Hidrocarburos en el Mediterráneo).
Uno de sus objetivos estratégicos es facilitar la coopera¬ción entre los Estados ribereños del
Traducción - inglés National Plan for Special Services to Protect Human Life at Sea and Prevention of Marine Pollution 2010-2018.
CONTENTS
I. INTRODUCTION Pag. 2
II. OBJECTIVES Pag. 5
III. Programmes Pag. 6
Programme 1. Prevention Systems Pag. 6
Programme 2. Response Systems Pag. 14
Programme 3. Agreements and Cooperation Pag. 18
Programme 4. Research and Innovation Pag. 23
Annex I Material and Financial Resources Pag. 27
Annex II. Regulatory Framework Pag. 36
Annex III Previous National Rescue Plans Pag. 38
Annex IV. Activities related to Maritime Rescue and Pollution Prevention Pag. 40
I. Introduction
In compliance with Law 27/1992 of 24th November on State Ports and the Merchant Marine, and in the wake of the completed 2006-2009 Plan, a new NATIONAL PLAN FOR SPECIAL SERVICES TO PROTECT HUMAN LIFE AT SEA AND PREVENTION OF MARINE POLLUTION 2010-2018 (NATIONAL RESCUE PLAN OR NRP) is to be developed in line with the strategic objectives and recommendations of EU maritime policy up to 2018.
The major investment effort made under the previous National Rescue Plan, has enabled Spain to take a leading position in Europe with well-endowed human resources and a well-distributed and advanced technology in its material resources.
Given this, the greatest challenge now facing Spain is to enable a more efficient deployment of those resources and ensure the best use of available capabilities. It is also paramount to promote a culture of safety which is respectful of the environment and through which we can continue to work each day towards Cleaner and Safer Seas.
This National Rescue Plan pays particular attention to the development of PREVENTATIVE STRATEGIES designed to reduce risk to human life and the marine environment, particularly for vulnerable areas and sectors.
The transposition into Spanish law of Directive 2009/123/EC of the European Parliament and of the Council of 21st October 2009 on Ship-source pollution, strengthens the criminal-law framework for penalising infringements. This legislation will enable criminal action to be taken against polluters, who will be considered as having committed a crime against the environment.
The preventative capacity of the Spanish maritime rescue and pollution prevention service has been greatly enhanced through the acquisition of advanced technology aircraft.
Airborne surveillance has been demonstrated as the most useful and efficient tool to prevent and detect ship-source pollution given its potential to verify compliance with navigational law. Also, aircraft can generally get closer to the source of the presumed infringement and can more easily obtain the type of information, data and proof needed to bring charges against potential polluters.
The efficiency of air surveillance is directly related to the adequacy of sanctions brought against potential polluters, whether through administrative remedies or criminal charges, and this should be fostered by ensuring there is coordination and cooperation within the institutions and administrations responsible for pursuing criminal conduct, that is, the Public Prosecutors Office and law enforcement forces and agencies.
Furthermore, with the adoption of the Third Package of legislative measures on maritime safety, European Union member states have one of the widest and best developed regulatory frameworks for maritime transport in the world. In adopting the guidelines without delay, Spain will be making significant progress in the provisions regarding places of refuge and SafeSeaNet (Directive 2009/17/EC); greater effort will be required in ship monitoring and inspections under Directive 2009/16/EC on Port State Control (MOU Inspections) and in establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector under Directive 2009/18/EC.
In general, the capacities of the EU maritime transport sector should also be strengthened through the development of integrated information management systems which will facilitate the efficient exchange of data for traffic monitoring between the competent authorities of Europe’s member States. Knowledge of the position and cargo-type carried by ships navigating in EU waters enables early detection, enhanced incident prevention and faster response times in the event of an emergency.
The great challenge of the current Plan is to consolidate and develop a powerful RESPONSE SYSTEM for incidents and accidents occurring at sea, particularly in sensitive geographical areas or those affecting the most vulnerable activity sectors or which present a risk to the safety of human life at sea and to the well-being of the marine environment.
With this in mind, a renovation programme should be developed taking into account the useful life of each unit in the airborne and maritime fleet and which will extend the range of SAR helicopters in areas of greater activity and in more difficult weather conditions. With a view to strengthening the response system in dealing with polluting incidents, oil recovery capacity at sea will be increased and action strategies set up to deal with accidental chemical spills.
As well as the efficient use of resources, true responsiveness requires moving forward in a number of areas such as improving the training of professionals involved in SAR and Pollution response Operations; supporting the Jovellanos Maritime Safety Training Centre in its role as the executive instrument of the Maritime Administration’s training policy and the development of Integrated Information Systems to facilitate decision-making and optimize responses.
There can be no doubt that the sheer scope of the National Rescue and Pollution response (NRP) Plan will require a huge collaborative effort by all stakeholders. On a national level, intensive work is required to create a NEW FRAMEWORK FOR INSTITUTIONAL RELATIONS based on agreement and cooperation to amalgamate capacities and available resources from the public and private sectors, including the Autonomous Communities, Law Enforcement Bodies and Agencies and other organizations and institutions. Additionally, it must be taken into account that maritime search and rescue and the fight against marine pollution transcend national boundaries and should therefore be tackled through international cooperation, particularly in the case of Spain, a member State of the European Union, where the maritime sector is of huge economic importance and a country where maritime safety and pollution response has made significant headway in recent years.
What is more, the Agreement of the Council of Ministers of 29th April 2005 established a number of joint actions to be performed by the Ministry for Development, the Ministry of Work and Social Issues and the Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs (formerly the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) with a view to improving the safety of fishing vessels and which established a framework for joint action across the Ministries to enhance maritime and seafarer safety.
Three areas of inter-ministerial cooperation were established under the Agreement relating firstly, to the safety and salvage of fishing boats and sea workers, secondly, to the prevention and control of marine pollution and protection of fisheries and thirdly, to the regulation of maritime and fishing activities.
It is, of course, the case that one of the main principles of the EU integrated maritime policy is to create the optimal conditions for a sustainable use of the sea thereby facilitating growth in the maritime sector and coastal regions.
Today, our technology and technical know-how allow us to obtain ever greater benefits from the sea. The cumulative effect of this increased activity, however, has lead to potentially conflicting uses of the sea and a degradation of the marine environment on which all activities ultimately depend. There can be no doubt that the challenges posed by this reality must be overcome as a first step towards guaranteeing the competitiveness of those sectors operating in and at sea.
This National Rescue Plan contemplates the development of all necessary strategies to reduce risk and related incidents, to minimize the environmental impact of maritime accidents and to undertake research into clean technology to mitigate the adverse consequences of human activity. Of course, the National Rescue Plan will take particular steps to reduce greenhouse gas emissions and will play its part in furthering compliance with community pledges by evaluating sustainability and the equitable management of natural resources.
And so, one of the strategic aims of the NRP 2010-2018 is to stimulate applied INNOVATION AND RESEARCH by supporting and promoting the development of multi-disciplinary research areas or spaces, in collaboration with State Ports and with the participation of other research centres, universities and public and private companies. In order to achieve these aims, activity will concentrate on enhancing active and passive safety in the transport of passengers and goods by sea, on minimizing the risk of polluting the marine environment, reducing contaminating gas emissions and optimizing current and future responses to emergencies and incidents of marine pollution. And all with special attention to the implementation of coordinated R&D&I projects and the development of technology platforms.
II. Objectives of the National Rescue Plan
1. Strategic Framework
Once the allocation of adequately distributed
and technologically advanced resources has been achieved, the strategic framework for the National Rescue Plan envisages:
The consolidation of the Spanish national SAR and Pollution response system developed to date, by using existing units more efficiently in order to bolster the prevention system and provide an adequate response, coordinating with other administrations and organizations as necessary, to maritime incidents of any nature and in line with the strategic objectives of EU maritime policy up to 2018.
The Spanish Maritime Safety and Rescue Agency has continued to grow thanks to successive National Rescue Plans of four years duration. The current Plan, designed in line with the strategic objectives of EU maritime policy up to 2018, will be reviewed in 2013, with effect from 2014, based on the budget scenario at that time.
2. General Objectives
In general terms, the aim is to strengthen accident prevention systems in the interests of cleaner and safer seas, based on the two key aspects of regulation and enforcement through surveillance, inspection, sanctions and the diffusion of the culture of accident prevention amongst users of the sea.
Consolidate the development of a solid response system to deal with incidents and accidents at sea, moving forward in the efficacious use of available resources and paying particular attention to vulnerable locations and activity sectors or where there is a risk to the safety of human life at sea and to the well-being of the marine environment.
Create a new framework for institutional relations based on agreement and cooperation on a international, national and autonomic regional level which will generate synergies and amalgamate the capabilities and resources available to all public and private agents.
Move forward in applied innovation and research by supporting and stimulating multi-disciplinary research spaces, in collaboration with State Ports and with the participation of other research centres, universities and public and private companies.
3. Specific Objectives
Enhance the efficiency of aerial surveillance to detect contaminating spills.
Strengthen sanctioning policy against those responsible for causing pollution not only via administrative proceedings but in particular by making pollution punishable as a criminal offence.
Encourage a culture of safety and pollution prevention among professional and other users of the sea.
Raise standards of surveillance and active monitoring of maritime traffic by participating actively in the development and implementation of supranational monitoring systems.
Intensify Inspections and Surveys to ensure compliance with navigational and maritime regulations.
Reinforce geographical areas and activity sectors at special risk through the allocation of additional and specialised resources.
Ensure optimal use of available human and material resources by developing protocols and an increased commitment to education and training.
Favour Agreement as the instrument of choice for building a new collaborative framework with Institutions, Organizations and Administrations, in particular with the Autonomous Communities and Law Enforcement Bodies and Agencies.
Promote Spanish leadership in maritime affairs on the international scene and be a determining influence in the decision-making process.
Foster the adoption of technological innovation in the instruments and resources used for traffic monitoring, maritime safety and in the fight against marine pollution.
III. Programmes
Programme 1 Prevention Systems
For Cleaner and Safer Seas
Reinforcement of Prevention Policies
The multiple risk factors that converge in Spain’s maritime area require intensive commitment to the enhancement of safety and protection of the marine environment based on a solid prevention system, in turn reliant on the two key aspects of regulation and enforcement through surveillance, inspections and sanctions without forgetting the role of promoting a culture of safety and pollution prevention amongst users of the sea.
Courses of Action
1. Air surveillance: efficiency in the prevention, detection and sanctioning of polluters.
2. Propagate a culture of maritime safety and pollution prevention among users of the sea.
3. Foster measures to enhance vessel traffic monitoring.
4. Strengthen inspection and survey policies (Strategic Inspection Plan).
5. Implement the recommendations that come out of the investigation of maritime accidents.
6. Bolster preventative measures in vulnerable sectors: the Fishing Sector.
In addition to the sheer size of sea area assigned to Spain as a Search and Rescue (SAR) region -1.5 million Km² and 7,880 Km of coastline- it should be noted that Spain is located in a strategically important and major maritime crossroads (in 2009 over 300,000 vessels were monitored in transit by the Maritime Rescue Coordination Centres both through Traffic Separation Schemes and in ports) and that this is liable to generate a high number of maritime accidents.
Neither should we overlook the pressure in terms of protection of human life at sea caused by our proximity to the African continent with its flow of irregular migrants, or by a fishing fleet of over 11,000 vessels working our waters or, indeed, by the ever expanding water sports and recreational sailing sector which together significantly increase the demand on available resources if standards of maritime safety and pollution control are to be maintained.
1. Air surveillance: efficiency in the prevention, detection and sanctioning of polluters (including the bringing of criminal charges)
The preventative capacity of the Spanish maritime rescue and pollution prevention service has been greatly enhanced through the incorporation into the airborne fleet of advanced technology aircraft.
Airborne surveillance has been demonstrated as the most useful and efficient tool to enhance maritime safety and help prevent and detect ship-source pollution given its potential to verify compliance with navigational regulations. Also, aircraft can generally get closer to the source of the presumed infringement and can more easily obtain the type of information, data and proof needed to bring charges against potential polluters.
Aerial patrol missions operating over previously established routes have two main functions. Firstly, they act as a deterrent to polluting activity and secondly they have a wider controlling role to play by detecting spills at sea, monitoring and identifying infringing vessels and collecting evidence against them for use in administrative and criminal proceedings.
The aerial patrol scheme is directly linked to EMSA’s satellite monitoring service (CleanSeaNet) following Community Directive 2005/35/CE. This tool provides member States with detailed information on oil spills detected.
Broadly speaking, the measures designed to increase the efficiency of aerial surveillance and maximize the benefits of patrol missions with a view to preventing pollution, identifying potential polluters and guaranteeing compliance with navigational regulations can be grouped into five main areas:
1.1 Tightening of sanctions against polluters of the sea not just in administrative proceedings but in the criminal courts.
The aim is to tighten sanctions and crack down on ship-source pollution in line with national and international legislation to ensure those responsible for producing pollution are subject to the appropriate civil and criminal sanctions.
Spain is to bolster its criminal-law framework for penalising infringements through the transposition into Spanish law of Directive 2009/123/EC of the European Parliament and of the Council of 21st October 2009 on Ship-source pollution. This legislation will enable criminal action to be taken against polluters, who will be considered as having committed a crime against the environment.
The need to maintain high standards in maritime safety and protect the marine environment from ship pollution and with a view to guaranteeing the efficacy
of the polluter pays principle for damage to the environment, means that all persons or legal entities who produce pollution, including minor offences, shall be held liable and subject to effective sanctions or proportionate injunctions and preventive measures such as privation of liberty or bans on leaving the country (in the case of persons) and ship and/or cargo immobilization including through the establishment of bail conditions.
Furthermore, measures are to be adopted to enable the efficient compensation for victims of polluting incidents.
In addition to the persons directly responsible for pollution such as the master or owner of a ship, the directive targets other legal entities such as cargo owners and classification societies, in whose interests or benefit ship-source pollution frequently occurs.
Courses of Action:
The drawing up of a new framework of relations based on coordination and cooperation through signed agreements; the drafting of protocols with the Public Prosecutor’s Office and the law enforcement bodies and agencies responsible for pursuing criminal conduct, with two fundamental ends in mind:
1. To make effective the sanctions and preventive measures adopted in the sanctioning process both in administrative proceedings and, particularly, through the criminal courts (including the coercive transfer to Spanish ports of offending vessels caught polluting).
2. To secure the scope of the evidence potentially obtained by aerial patrols and evaluate it in the context of sanctioning proceedings, by studying the following aspects:
- The nature of the detection equipment onboard patrol planes.
The scope of the evidence obtained using such means.
Its evidentiary value in Spanish courts of law.
How to make best use of the experience acquired by Spain as observer in the Bonn Agreement to assume leadership and promote similar activities within other organizations and frameworks to which Spain is party, principally with regard to protecting the Mediterranean Sea.
To analyse in depth the comparative treatment of evidence obtained from patrol planes in different courts of law, principally those in the European Union.
1.2 Institutional Agreements and coordination between the patrol capabilities of other organizations with air surveillance resources - Autonomous Communities, the Civil Guard, Fishing Department, Customs Surveillance- with particular emphasis on vulnerable areas (the Finisterre corridor, the Gibraltar Strait zone, the Canary Islands and the Mediterranean).
1.3 International cooperation, given the cross border nature of the damage potentially caused by ship-source pollution, is essential to ensure that spills are detected in a timely manner, that polluters are identified and that the most efficient methods of investigation and cooperation are put into practice. International cooperation is articulated at the following levels:
With neighbouring countries in the framework of the Bay of Biscay and Gulf of Leon Agreements, making best use of surveillance programmes to optimize costs, favour prompt communication and exchange of information, to standardize procedures, protocols and formats.
With the European Maritime Safety Agency (EMSA) through aerial patrol schemes directly linked to the Agency’s satellite monitoring service (CleanSeaNet). In international forums on various maritime matters (REMPEC, EU, IMO)
1.4 Innovation and Research which allows the application of advanced technology to identify polluting ships, obtaining maximum functionality from the sensors fitted to the equipment on board planes and driving the joint analysis of spill prediction mechanisms and traffic monitoring systems (backtracking AIS).
1.5 Reinforcement of aerial patrol operational systems in areas deemed at high risk of pollution and ensuring there is a continual benchmarking of technical competence in personnel, facilities and equipment and inspection methods employed during detection operations by the National Accreditation Body (ENAC) in line with ISO 17020 Inspection Management criteria.
2. Propagate a culture of maritime safety and pollution prevention among users of the sea.
2.1 Through the development of tools to raise awareness and educate fishing professionals and recreational users of the sea.
Aimed at updating knowledge, accommodating different outlooks and developing skills, using specific communication strategies, adapted and targeted at the socio-cultural level of the sectors at particularly high risk and which favour the pooling of knowledge and experiences from well-developed prevention, management and coordination models in the field of maritime safety and protection of the marine environment.
Courses of Action:
Apply formulas to ensure training reaches end-users efficiently using constructivist training methods and with particular emphasis on the use of information and communication technologies.
Develop applications to facilitate the training of personnel onboard ships.
Delivery of on-site training courses.
Special attention to training activities related to the human factor in crisis situations.
Circulate and study the Conclusions of the Maritime Accident Investigation Committee.
Consider the unique characteristics of each sector in those particular aspects related to maritime safety onboard and the protection of the marine environment, that is, maritime safety from the point of view of the ship (internal) including any associated occupational hazards as well as pollution in the fishing sector, for instance, including related prohibitions, limitations etc.
Optimize methods to maximize reach to target groups: conferences, seminars, published guides, training and risk awareness campaigns.
Increase efforts to publicize information relating to maritime safety and the protection of the marine environment through specialized spaces and media.
2.2 Involve civil society by transmitting values related to maritime safety and respect for the marine environment.
There can be no doubt of the great effort needed to raise public awareness and this can be achieved by allowing citizens to work with the Maritime Administration for the enhancement of maritime safety and the fight against marine pollution.
It is clear that education must be the main driving force. and, therefore, that a variety of formulas should be articulated to guarantee the efficiency of training activities and the expansion of knowledge across civil society.
Courses of Action:
Liaise with the education authorities to organize awareness activities, particularly in schools, to introduce into the public domain new sets of values with regard to the marine environment and safety criteria based on self-protection.
Involve the public in emergency drills simulating marine, coastal, beach and port emergency situations.
Organize forums for discussion to promote the culture of safety through the exchange of experiences and knowledge.
Further the awareness, accessibility and functionality of the communication channels between citizens and the Maritime Administration, making it easier to report illicit incidents, make complaints and suggest improvements.
3. Implementation of measures to enhance shipping controls using vessel traffic monitoring.
Traffic surveillance and monitoring is a preventive measure of special relevance in those areas where high-density shipping traffic and/or adverse weather conditions increase the risks to navigation.
Maritime traffic monitoring systems are designed to determine the position and cargo of a ship as soon as it enters Spanish waters, so that in the event of an emergency the ship can be located quickly ensuring a better preventive response to any potential pollution incident.
Courses of Action:
Contribute to the development of supranational ship monitoring and information tools, in particular through the European SafeSeaNet network as a preventive measure to aid risk forecasts. SAFESEANET is a European platform to aid the harmonization of exchange of maritime data between the relevant authorities of member States in relation to vessel monitoring, carriage of dangerous goods, carriage of waste residues, survey and inspection results and, in general, any information which affects maritime safety.
Continue with the development of the application by incorporating new utilities and assist in the maintenance of this unique maritime safety system in line with integrated European maritime policy through the following means:
STIRES: SafeSeaNet Information, Relay and Exchange System. Traffic imaging.
LRIT (Long-range identification and tracking): Global system for vessel identification and tracking.
THETIS: New Inspection Regime.
AIS Satellite Reception.
Promote the use of vessel monitoring tools and exploit their beneficial uses in protecting the marine environment and search and rescue operations.
Work together with State Ports and Port Authorities to implement preventive systems using maritime and port traffic control systems, giving ports special consideration, due not only to the density of harbour traffic but also to the risks posed to navigation in nearby and surrounding areas.
Intensify monitoring of Traffic Separation Schemes, contributing in this way to reducing the number of accidents by collisions.
4. Strengthen Inspection Regimes (Strategic Inspection Plan)
Inspections play a key role in preventive strategies as they are the main tool for checking compliance with regulations and the basis for sanctioning proceedings.
With the adoption and subsequent transposition of the Third Package of legislative measures on maritime safety into Spanish law, we will have one of the widest and best developed regulatory frameworks for maritime transport in the world. A rapidly expanding world fleet, the building of ever larger passenger ships and goods carriers and the increased volume of maritime trade can surely only increase the overall risk to maritime operations. But it is a risk that we can reduce through the implementation of efficient inspection regimes such as Port State Control Inspections in which, it has to be said, Spain occupies a leading position in terms of inspection effort according to the Memorandum of Paris.
Of equal importance is the safety of our fishing fleet, so large as to require its own section in the National Rescue Plan, and which requires specific fishing vessel inspection campaigns to verify both construction and maintenance standards and the integrity of operational life.
In conclusion, we must continue to reinforce and develop the inspection regime within the framework of the National Rescue Plan.
Courses of Action:
To improve quality management in the Spanish merchant fleet by implementing a systematic standards monitoring plan in line with the following objectives:
Optimize inspection resources by concentrating on ships with poor records likely to require more attention.
Keep the Spanish flag on the Paris MOU White List.
Provide sufficient resources to the local maritime authorities (Capitanías Marítimas) and define risk assessment criteria for carrying out inspections of ships in port with a view to complying with the new requirements of Directive 2009/16/EC on MOU effective from 1st January 2011.
Continue to develop the Quality Inspections and Survey Plan by adopting the following measures:
Implement technical procedures to harmonize the various types of inspections.
Create expert working groups by inspection and ship type to subsequently supervise each inspection activity.
Draw up a Professional Development Plan for inspectors to reinforce their work activities, particularly in the area of MOU Inspections and taking into account the new regulations under Directive 2009/16/EC.
Design and implementation of Concentrated Inspection Campaigns:
For fishing vessels based on deficiencies detected during routine and random inspections, particularly the latter.
For merchant ships they will focus on specific aspects affected by the latest developments and amendments to conventions in force.
Carry out MARPOL inspections of Spanish and foreign vessels and port reception facilities in line with national and European regulations.
Continue to develop and fund a Technical Office staffed by specialized personnel equipped to assist the Maritime Administration with its local maritime offices and before international organizations (IMO, EU) and, in particular, to assist in setting up an improved system of access to and wider publication of inspection guidelines.
5. Implementation of recommendations resulting from the investigation and analysis of maritime accidents.
The Permanent Commission for Maritime Accidents and Incidents (CIAIM) under the Transport Department, is the official body responsible for investigating maritime accidents and incidents affecting/caused by Spanish civil vessels or affecting/caused by foreign civil vessels in Spanish territorial waters as well as those occurring outside Spanish territorial waters when Spanish interests are at stake.
The Commission was born out of a desire to prevent accidents and to study their causes. Investigations are undertaken exclusively for technical purposes and the Commission does not determine nor establish blame or liability of any nature. Its ultimate aim is to establish the causes of an accident or incident and draw up recommendations to help prevent similar incidents in the future. It is also an objective of the Commission to favour the establishment of response operations in the wake of an accident with a view to minimizing negative impacts. The results of investigations are written up in a report consisting of a description of events surrounding the accident or incident, followed by an analysis, conclusions and recommendations.
Courses of Action:
Establish mechanisms to ensure that the recommendations of the investigation report are properly implemented and used to enhance maritime safety and pollution prevention measures.
Safeguard the continued development of investigators through the gaining of qualifications, training, new skills and experiences. With this in mind, collaboration with universities and specialized research centres is to be reinforced. Further the implementation and standardization of expert investigation methodologies.
6. Bolster preventative measures in vulnerable sectors: the Fishing Sector.
The fishing sector is particularly important to our economy. And the number of families exclusively dependant on fishing activities for income is particularly high in certain areas of the country such as the Autonomous Community of Galicia.
The Spanish fishing fleet is one of the largest in the European Union. It consists of approximately 11,300 fishing vessels of which 95.4% fish in national fishing grounds. This does not include fishing vessels and crew working under different flags but representing Spanish interests.
Most fishing vessels operating in national fishing grounds have an overall length of under twelve metres.
The NRP in the framework of the Agreement of the Council of Ministers of 29th April, 2005 on inter-ministerial cooperation, is expected to improve fishing vessel safety through the joint action of the Ministry for Development, the Ministry of Work and Social Issues and the Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs.
Scope of Action:
SAR and Safety concerning Fishing Boats and Crews.
Marine Pollution Prevention and Combat and the Protection of Fishing Grounds.
Regulation and Control of Maritime and Fishing Activities.
6.1 SAR and Safety concerning Fishing Boats and Crews.
Continue to promote safety onboard fishing vessels through the subsidy programme for personal equipment, early warning and localization systems.
Undertake studies on the safety of fishing vessels and their operation.
Improve communication infrastructures. Draw up a catalogue of coastal areas with particular difficulties in communication (communication black spots) and mitigate through improvements in radio station formats with special equipment to cover estuaries and bays and/or by using repeat buoys to pass on potential distress calls.
Develop new safety standards under the AENOR technical committees and put forward funding proposals in support of their implementation.
Watch the markets for equipment regulated by European directives on fishing activities.
Promote the Jovellanos Maritime Safety Training Centre as the main testing centre for fishing safety equipment. Bring up to date the technical regulations set out in Royal Decree 543/2007 of 27th April on safety and pollution prevention guidelines for fishing vessels under 24m in length, in line with the results of intensive inspection campaigns and random surveys, accident analysis reports and codes currently being developed by the International Maritime Organization in this area.
Increase the number of intensive and random operational surveys through campaigns carried out in the different fishing zones and fishing methods.
Run campaigns on fishing vessel safety based on case histories and common risk situations detected in survey reports and/or accident investigation reports.
6.2 Regulation and Control of Maritime and Fishing Activities.
Standardisation of procedures concerning data entry and consistency in the Community fishing vessel file.
Integration of procedures concerning administrative authorisations for fishing vessels.
Standardisation of the operational fishing fleet Register and of the vessel and shipping company Register.
Co-ordinated actions and processes to improve the dispatch of fishing vessels.
Implementation of a joint framework against unauthorised changes made to fishing vessels.
Co-ordinated actions within the International Maritime Organisation to ratify and implement the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for the fishing sector (STCW-F).
Implementation of procedures to exchange information and standardisation of available data banks that may be of use.
Programme 2. Response Systems
Responsiveness and efficiency in the use of capabilities and resources
Consolidate the Response System
The Maritime Administration, through the General Directorate of the Merchant Marine and the Spanish Maritime Safety and Rescue Agency, with its Central Offices and network of local maritime authorities and Maritime Rescue Co-ordination Centres placed along the length of the Spanish coast, is the structure provided by the Ministry for Development to materialise the effective and necessary response to maritime accidents and incidents through the co-ordination of all Agencies and Administrations involved in the public maritime SAR and pollution response system.
Today, Spain’s SAR and pollution response service sets the benchmark for Europe, and following a series of successive National Rescue Plans, particularly NRP 2006-2009, has a well-endowed network of Maritime Rescue Coordination Centres equipped with state-of-the-art communications technology, supported by a powerful maritime and aerial fleet and a network of specialized logistical and underwater operations bases.
The great challenge of the current Plan is to consolidate and develop a powerful response system for dealing with maritime accidents and incidents, particularly in sensitive geographical areas or which affect vulnerable activity sectors but also for incidents causing risk to the safety of human life at sea and to the well-being of the marine environment.
With this in mind, a unit renewal schedule for existing units will ensure that the airborne and maritime fleet continues to operate successfully into the future. Improved action range of SAR helicopters in areas of greater activity and more difficult weather conditions is expected, and, with a view to tightening responsiveness to polluting incidents, there will be greater oil recovery capacity at sea and action strategies set up to deal with accidental chemical spills.
All actions and measures related to the provision of material resources are listed below in Annex I. Material and Financial Resources.
Once the allocation of sufficient and adequately distributed and technologically advanced resources has been achieved, the next step will be to implement the right measures to ensure they are efficiently used.
Courses of Action
1. Raise levels of training of professionals involved in SAR and Pollution response Operations, guarantee minimum knowledge levels and work towards harmonized training schemes across the different bodies and organizations that work together to assist in maritime emergencies.
2. Support the financially independent Jovellanos Training Centre in its role as the executive instrument of the Maritime Administration’s training policy, by preserving and building on its status as a national and international leader in training and applied research in the field of safety and pollution prevention and management.
3. Design Integrated Information Systems to facilitate decision-making and optimize responsiveness to maritime incidents and accidents, by integrating information on risks, intervention units and previous experiences.
1. Improve training of Professionals involved in SAR and Pollution Response
1.1 Develop and improve operational procedures and analysis of previous experiences to enhance the level of service.
Further the development of a Quality Management System by consolidating procedures to harmonize action, and optimize it based on prior design and subsequent correction, in this way improving the results of actions.
It has been shown that analysing responses leads to continual improvement in operations. It is essential to systemize two key aspects:
The Quantitative aspect by statistical monitoring of service indicators, duly identified and selected and relating both to quality delivered and quality perceived.
The Qualitative aspect by debriefing, on the one hand, and by undertaking a systematic analysis of actions undertaken in emergencies on the other.
1.2 MRCC Operator Certifications
Ensure that operators at the Maritime Rescue Coordination Centres are suitably certified to undertake the duties they perform in compliance of IMO (International Maritime Organization) and IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) regulations.
In order to achieve this:
The certification of duly qualified operators will be formalized.
Access to training will be provided for the rest of the staff.
1.3 E-learning.
Encourage e-learning as a training tool and broaden its use as far as possible given that:
It improves access to training by eliminating time and location constraints.
It is especially useful for personnel at the Maritime Rescue Coordination Centres and other bases as well as for the crew of the aerial and maritime units.
1.4 Benchmarking
Promote benchmarking on organizational and operational aspects with leading organizations in the international arena.
1.5 Search and Rescue (SAR) and Pollution Prevention Control (PR) Training for Organizations, Institutions and Administrations involved in maritime emergencies
Access to relevant training programmes should be provided to the staff at the Organizations, Institutions and Administrations involved in maritime emergencies. The aim is to contribute to improving the expertise of people who assist or may be required to assist in SAR and PR operations, as well as harmonize training standards with Spanish Maritime Safety and Rescue Agency personnel. The following aspects merit particular attention:
Choose training to be offered depending on the duties performed during emergency operations.
Facilitate access to training by using mobile units and employing new distance learning technology.
Plan and carry out drills and joint training sessions for personnel involved in similar activities. The aim is to acquire highly trained personnel and duly proven management, organization and coordination mechanisms. The aim is to include units belonging to other Organizations, Administrations and Institutions in drills and to enhance PCC training by using specialized units. This course of action contributes itself to achieving the objectives set out in the coordination programme.
2. Support the Jovellanos Training Centre in its role as the executive instrument of the Maritime Administration’s training policy.
2.1 New broad spectrum pedagogical objectives.
There can be no doubt that continuous developments in maritime safety technology require a review of the pedagogical objectives of the training programmes delivered at the Jovellanos Training Centre if it is to become the executive instrument of the Maritime Administration’s training policy. More emphasis on academically-oriented training may be necessary to facilitate training and recycling in two key areas:
Maritime Administration officials of the central and peripheral departments who perform inspection and administrative duties.
Maritime Safety personnel, particularly: Spanish Maritime Safety and Rescue Agency technical personnel who work onboard aerial and maritime units as well as those members of collectives or institutions who assist in rescue, salvage and pollution prevention activities. Technical personnel who receive training prior to taking up their working post.
2.2 Raise awareness particularly in neighbouring countries and Latin America.
E-learning tools are proving an indispensible tool for reinforcing the presence of the Spanish Maritime Safety and Rescue Agency in the international arena, especially in Latin American countries.
2.3 Support and stimulate the development of R&D Projects.
New technologies are fast playing an essential role in SAR and PR operations. The technological facilities at the Jovellanos Training Centre, principally used in training activities, are equally appropriate for undertaking applied research in the field of maritime safety and Pollution Response. The Jovellanos Training Centre also collaborates with a variety of maritime experts to stimulate and develop wide-interest projects through specific actions designed to set up experimental models and encourage collaboration between centres, with a view to becoming a point of reference to centralize and gather all these experiences.
3. Develop integrated information systems to facilitate the decision-making process.
Integrated Information Systems facilitate decision-making and optimize responsiveness by integrating different methods of risk assessment, information on the availability of intervention units and the characteristics of each one, lessons learnt from previous experiences and any other geo-referenced information useful in establishing an operational response in the event of accidents and incidents at sea which threaten the marine environment and/or the safety of human life at sea. The following areas should now be developed:
3.1 Analysis of a variety of risk assessment models
By undertaking comparative studies allowing us to use the most appropriate model for any given situation. Thanks to these models, vulnerability maps can be drawn up for pollution and communication blackspots and these can be crucial to planning responsiveness to different types of emergencies.
3.2 Inventory of material and human resources
Draw up an inventory of the material and human resources held by the different Administrations, Institutions, Organizations and other companies with suitable equipment, which could potentially be used in SAR and/or pollution prevention incidents and emergencies.
3.3 Identify good practices by studying serious pollution incidents around the world
Analyse intervention and communication protocols, provision of material and human resources, time invested by entity and pollutant characteristics, costs, consequences, residue management, the public’s reaction and any future contingency plans made to avoid similar situations.
Programme 3. Agreements and Cooperation Generating synergies at a national and international level
Amalgamation of capabilities and resources
Article 87.1 of the State Ports and Merchant Marine Act (LPEMM) establishes that “The public service involving the rescuing of human life at sea and marine Pollution Response shall be provided by the State Administration in co-ordination with other relevant Public Administrations through official Plans and Programmes . which not only provide integrated action programmes for each Administration, but also provide the resources to put them into effect regardless of the title, function or location of said Administration.”
A NEW FRAMEWORK FOR INSTITUTIONAL RELATIONS is to be established based on this principle with other Organizations, Institutions and Administrations, in particular with the Autonomous Communities and Law Enforcement Bodies and Agencies with a view to strengthening joint participation with the resources of the Ministry for Development in the performance of search, rescue, salvage and pollution prevention tasks in the marine environment.
What is more, institutional co-operation has been strengthened between the Ministry for Development, the Ministry of Work and Social Issues and the Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs through the action programme developed under the framework of the Council of Ministers Agreement of 29th April, 2005 on enhancing fishing vessel safety.
It is also worth highlighting the exceptional help and assistance provided by fishing vessels and merchant ships and other private entities, to the maritime rescue service in terms of providing early warnings, helping locate ships and assisting in rescues, searches and communications with special mention to the most welcome role played in the rescue of irregular migrants, particularly following sightings of patera-boats.
Because maritime rescue, protection of the marine environment and vessel traffic monitoring by nature transcend national borders, ensuring there is coordination with the international community, and especially with our neighbouring countries, is key to the development of this NRP.
In conclusion, with a view to ensuring the best possible service to protect the safety of human life at sea and the marine environment against pollution, it is essential to continue to generate synergies with all agents involved, both at a national and international level.
1. Coordination at Autonomic Level: establishment of a new framework for institutional relations with other Autonomous Communities.
1.1 Collaborative Agreements.
Seeking to optimize operational efficiency and link it directly to the objective of improving the search and rescue and pollution prevention service. The main objectives of the said Agreements will be to:
Study and implement plans, programmes and procedures for exchanging potentially useful information.
Enable specific mechanisms to ensure the coordinated use of the material and other resources available as well as analyse, study and draw up, where necessary, a series of operational protocols to govern action and coordination.
Formulate and develop procedures, techniques, equipment and other means of fighting marine pollution.
Publish and circulate information on the materials that constitute the scope of the agreements.
Carry out joint exercises and drills to improve responsiveness and efficiency in emergencies.
1.2 Redefining of the National Maritime Rescue Commission as the cornerstone of the new framework for institutional relations with other Autonomous Communities.
The National Maritime Rescue Commission is the coordinating body that facilitates the cooperation and participation between the competent Autonomous Communities and the Cities of Ceuta and Melilla in the planning of operations for the protection of human life at sea and of its development programs, as well as the follow up of the objectives targeted by said plans and programs.
A redefinition of said Commission will be necessary in line with the proposed objectives and in order to support the task of coordination legally attributed to the State Administration.
2. National Co-ordination
2.1 Creation of a new framework of relation based on collaborating and co-ordinating with Law Enforcement Bodies and Agencies and the Ministry of Defence.
The following specific objectives are envisaged:
Establish and implement collaborative agreements to coordinate action, particularly in regard to maritime protection, safety and rescue of human life at sea and provide support if required in the regulation and control of maritime traffic and the fight against marine pollution. In regard of the latter, this will include all the necessary actions to make effective the sanctions and preventive measures adopted in the sanctioning process both in administrative proceedings and, particularly, through the criminal courts (including the coercive transfer to Spanish ports of offending vessels caught polluting).
Establish procedures and action protocols to normalize data exchange and collaboration requests.
Study and promote opportunities for mutual training to enhance the efficiency of joint responses.
2.2 Port Authorities and State Ports.
Reinforcement of preventive systems that enhance vessel traffic monitoring; adoption of agreements focusing particularly on R&D&I projects and programmes.
2.3 Other Organizations.
With the Customs Surveillance Service (State Tax Authority)
With the State Meteorological Agency (AEMET) to facilitate the gathering of oceanic and meteorological data, for safety campaigns and other.
With the Spanish Institute of Toxicology for advice on the toxicity of substances in incidents involving hazardous and noxious substances (HNS).
With other relevant institutions to strengthen cooperation and improve coordination in the field of SAR and PR.
2.4 Move forward in reviewing the National Response System.
With a view to strengthening cooperation between the Administrations involved in drawing up a framework law.
2.5 Strengthen links with high-risk industries.
Collaboration Agreement with FEIQUE: One of the main courses of action with regard to the chemical industry is to strengthen existing collaborative agreements between the Spanish Chemical Industry Federation (FEIQUE) and the Spanish Response Centre for Maritime Emergencies involving Dangerous Goods (CNCS-CEREMMP) by drawing up joint action plans, and participating in drills and technical forums on shared chemical industry and maritime safety interests.
Work together with high-risk industries (e.g. refineries and petrochemical complexes) to coordinate resources and procedures including use of dispersants, coordinating action in HNS emergencies and other scenarios.
2.6 Standardize the Use of Dispersants.
Take steps towards establishing a national policy for the use of dispersants, harmonized with the rest of Europe to facilitate the drafting of guidelines on approval, standardization and authorization of dispersant use.
Use computerized tools to support decision-making in relation to the use of dispersants, including oil on water behaviour models and other utilities.
2.7 Draw up Response Plans to HNS Emergencies.
Adopt agreements or collaborative arrangements to set up teams of specialized personnel in case of emergencies involving chemical agents.
Support the use of computerized tools to forecast drift patterns for hazardous and noxious substances.
2.8 Draw up a catalogue of resources
Draw up a catalogue of the resources held by the different Administrations, Organizations, Institutions and other companies, listing all equipment, material and human resources which could potentially be used in SAR and/or pollution prevention incidents and emergencies.
3. International Co-ordination
The principal objective here is to establish mechanisms and systems for cooperation with our nearest neighbours to ensure coordinated action in maritime emergencies, promoting Spanish leadership in maritime affairs on the international scene and positively influencing decisions as a country especially affected by any measures adopted. Operational plans will promote bilateral and multilateral agreements with neighbouring countries with a view to achieving collaboration in the different ambits of action established under the Integrated EU Maritime Policy.
3.1 Active participation in key forums: IMO, EU, EMSA, REMPEC.
3.2 Foster the availability and contribution of data generated as a result of our own rescue and prevention activities to feed the information infrastructures which facilitate the integration of EU Maritime Policy.
3.3 Intensify the cooperative effort in joint actions and responses with countries bordering the Spanish SAR Area.
3.3.1. Reinforce airborne surveillance with France.
Under the Bay of Biscay and Gulf of Leon Plans, Spain and France are to combine their aerial resources in the field of pollution detection by:
Creating a joint flight organization and planning group to assign surveillance missions for the detection of pollution in border areas of shared responsibility with a view to ensuring optimum use of both French and Spanish resources.
Establishing surveillance patrol flights which take into account trade routes and on which information is previously exchanged between respective counterparts to establish common procedures.
Verification of pollution incidents according to conventions in force and the establishment of common observational guidelines to ensure the highest coordination is achieved between the French and Spanish systems.
Exchange of observers from both countries with a view to improving procedures on both sides.
3.3.2. Promote the Ratification of the Lisbon Agreement (Northeast Atlantic)
The Lisbon Agreement is aimed at promoting mutual assistance between France, Spain, Portugal and Morocco in combating accidental marine pollution. It follows the models of the Mediterranean Action Plan, the Bonn Agreement and the Helsinki Commission. The agreement is an excellent framework for cooperation in terms of joint operational plans, particularly in particularly sensitive areas such as the Straits of Gibraltar.
3.3.3. Promote Spanish leadership in the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean (REMPEC).
One of REMPEC’s strategic objectives is to improve regional cooperation between Mediterranean coastal States, particularly in case of serious pollution incidents.
3.3.4. Develop operational agreements with Portugal and enhance regional cooperation with Morocco and Algeria.
The aim is to develop operational agreements for maritime search and rescue with Portugal and Morocco, following the models of existing agreements with France.
Cooperation is to be strengthened with Algeria by exchanging information, undertaking joint drills and adopting measures for improvement.
3.3.5. Establish agreements with neighbouring countries for the use of dispersants.
The main objective is to share stocks and favour the availability of aerial application systems.
Programme 4. Research and Innovation
One of the key themes of the NRP 2010-2018 is to apply innovation and research by supporting and promoting the development of multi-disciplinary research spaces in the ambit of maritime safety, rescue, salvage and combating marine pollution, in collaboration with State Ports and the Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs and with the participation of other research centres, universities and public and private companies. In order to achieve these objectives, activity will focus on three Subject Areas across one Transversal Action Line.
Subject Areas:
1. Enhance active and passive safety in the transport of passengers and goods by sea.
2. Minimize the risk of polluting the marine environment and reduce contaminating gas emissions into the atmosphere.
3. Optimize current and future responsiveness to emergencies and incidents of marine pollution.
Transversal Action Line:
4. The implementation of coordinated R&D&I projects and the development of technology platforms.
1. Enhance active and passive safety in the transport of passengers and goods by sea.
Objective: Promote improvements in ship safety and the safety of persons on board.
1.1 Optimization and Improvements in Ship Design.
In particular, regarding the evacuation of passenger vessels and the operational safety of fishing vessels:
1.1.1. Safety of passenger vessels.
Revision of evacuation procedures.
Stability conditions associated to local climate features.
1.1.2. Safety of Fishing Vessels.
Further analysis of the occupational risks associated with fishing.
Analyse and study emergency situations in real-life work scenarios.
Analyse stability conditions associated to local climate features.
1.2 Promote Standardization across the maritime sector.
Support the AENOR Committee (of the Spanish Standardization and Certification Association) that deals with the maritime industry by involving local agents with interests in the sector.
1.3 Analysis of Manoeuvres in Adverse Conditions.
1.4 Search and Rescue Units
Design, materials, equipment and life-cycle
1.5 Use oceanic weather information with a bearing on maritime safety to facilitate decision-making.
1.5.1. Gather data on real-time sea conditions and use it to improve the safety and efficiency of navigation.
1.5.2. Undertake a study of frequency of occurrence and the potential for predicting giant waves and other extreme situations.
1.6 Improve on current GPS receiver performance.
With the Galileo platform Project in its development phase, studies shall be undertaken to determine what applications should be developed to improve on current GPS receiver technology. In particular, with reference to COSPAS-SARSAT radio beacons, the harmonization of ‘acknowledgment of receipt’ of alert messages.
1.7 Study the possibility of fitting fishing vessels with ‘black boxes’ to relay real-time information on navigational conditions.
This information would be recorded and potentially analysed by the Maritime Administration for subsequent inspection purposes but would also allow masters to be warned if their ship is operating in a risk situation.
1.8 Boost the European maritime traffic monitoring and information system associated with ship positioning systems (AIS, LRIT).
In this way contributing to the integration and exchange of information on maritime traffic in the European region and improving the overall management of maritime data.
2. Minimize the risk of polluting the marine environment and reduce contaminating gas emissions into the atmosphere.
Objective: to create new mechanisms to prevent and reduce the contaminating effect of shipping.
2.1 Promote energy efficiency in ships and other vessels by reducing fuel consumption, using cleaner fuels and implementing other improvements:
To propulsion systems: diesel, electric, fuel cells and renewable energies.
To the shape of ships.
To navigational conditions, trimming and other factors.
To the use of special coatings to reduce friction.
2.2 Innovate in ship design to minimize the risk of spills.
2.3 Create decision-making mechanisms based primarily on oceanic weather conditions to reduce the risk and consequences of spills.
3. Optimize current and future responsiveness to emergencies and incidents of marine pollution.
Objective: However efficient our existing accident prevention systems, and future ones under the framework of this Plan, accidents do, of course, happen and it is therefore essential to have an innovation strategy in place specifically to improve accident preparedness and response. Given the role of State Ports in monitoring, forecasting and describing sea weather conditions, this task will in large part be undertaken jointly with this institution.
3.1 Optimization and improvement of early detection systems for marine pollution incidents.
Determine chemical composition of spills.
Implementation and better use of new detection technologies such as radar, satellite, onboard flight sensors and Unmanned Aircraft Systems (UAS).
Best use of bidirectional data flows from detection to response mechanisms.
3.2 Description of sea conditions for use in emergencies
Statistical descriptions used for crisis management including measurements of currents for drift forecasts, swell data to determine use of skimmers, water temperatures to determine risk of hypothermia.
Statistical conditions based on indicators for coastal sections most susceptible to concentrations of pollution and the integration of this data into vulnerability maps.
3.3 Strengthen measurement systems for physical oceanographic data.
Further development of existing field measurement systems and mechanisms for interpreting the data collected.
Find mechanisms to obtain a comprehensive description of oceanographic weather conditions (e.g. winds, currents) and facilitate crisis management based on knowledge of the physical environment.
3.4 Improve Trajectory Prediction and Backtracking Systems.
Implement a systematic validation programme of existing systems to confirm their reliability for use in sanctioning proceedings.
Develop advanced oceanographic models to enhance system reliability.
3.5 Innovate in the integration of data gathered from sensors and algorithms for emergency procedures and action protocols.
Create action protocols which integrate all existing data and systemise its use for a diversity of ends: sanctioning proceedings for illegal spills, sea rescue operations, combating serious incidents of marine pollution to name but a few.
3.6 Evaluate and plan the medium to long term use of resources, procedures and protocols with regard to SAR and pollution response, in different climate change scenarios.
Describe variations in physical marine parameters.
Assess the impact of climate change on the capacity of the current maritime safety system to comply with its institutional objectives.
4. The implementation of coordinated R&D&I projects and the development of technology platforms.
Objective: to provide the Maritime Administration with the necessary national and international collaborative arrangements to keep its scientific and technological systems up to date, ensure appointments of specialized personnel and improve its public image, using external sources of finance.
With this in mind, the General Directorate of the Merchant Marine, the Spanish Maritime Safety and Rescue Agency and State Ports will favour its participation in a number of initiatives including:
PROTECMA: The Spanish Technological Platform for the Protection of Coastal and Marine Environments (PROTECMA) is committed to developing and implementing a strategy for research, technological development and innovation focused on the protection of coastal and marine environments; prevention, response and mitigation of marine pollution caused by anthropogenic activity; and monitoring and improving the quality of marine, coastal and transitional waters.
PROMARES: Environmental protection of coastal and marine environments setting out complimentary strategies to tackle marine and coastal pollution.
DRIFTER: Spain, France and Portugal are involved in this European project for creating new technological tools to combat and mitigate substance spills at sea, led by the inter-institutional coordination centre Centro Tecnológico del Mar (CETMAR).
ARCOPOL: The project is framed in the Atlantic Area Transnational Programme focused on the preparedness, response to and mitigation of accidental marine pollution. ARCOPOL aims to improve local responders’ prevention, response a
español al inglés: The Ethics of Caring for the Severely Intellectual Disabled General field: Otros Detailed field: Ciencias sociales, sociología, ética, etc.
Texto de origen - español La ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa. ¿Por qué?
Begoña Román
Profesora de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona
1. Introducción
El propósito del presente artículo es abordar la cuestión de por qué es necesaria la ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa y para ello empezaremos explicando el título y cada una de las palabras que lo componen.
Por ética entendemos una reflexión crítico-racional sobre las costumbres o hábitos que constituyen las morales (mos-moris), una reflexión realizada desde la distancia para comprobar si las respuestas morales para orientar el comportamiento han quedado obsoletas, porque nacieron en un contexto muy concreto y determinado (contexto con valores y conocimientos determinados), o por el contrario, continúan siendo vigentes y por qué. La pregunta específicamente moral reside en qué debemos hacer, mientras que la pregunta ética por antonomasia es por qué lo debemos hacer. De ese modo, lo mejor que puede ofrecer la ética, y eso debemos esperar de ella, son argumentos y reflexiones que nos sirven para después encontrar los hábitos, costumbres y valores más adecuados para dar respuesta a las preguntas que la realidad nos formula acerca de aquello que depende de nosotros, sobre aquello que está a nuestro alcance.
Un servicio es siempre una relación interpersonal en la que alguien hace algo para otro, el servicio es algo diferente que el mero producto, porque la calidad de aquel dependerá de la relación interpersonal. Y servicios de atención son servicios para atender a otras personas. Nos recuerda Kant que las cosas tienen precio, las personas dignidad. Achtung, en alemán, significa tanto «atención» como «respeto»; atención significa «fijarse», «estar concentrado en el otro», y respeto, del latín respicere, significa «mirada atenta».
Autonomía significa «autodeterminación». Según Kant, el autor que puso en boga el concepto de autonomía en el ámbito moral, la dignidad se fundamenta en la autonomía y, precisamente, las personas que en este trabajo merecen nuestra atención son personas que tienen dignidad, pero no tienen autonomía, y no la tendrán ya nunca más, si en alguna ocasión la han tenido. Son personas con discapacidad intelectual y severa. Cuando la discapacidad es intelectual, la autonomía se encuentra impedida, porque la primera condición para ser autónomo reside en la capacidad para entender la realidad y la información para poder tomar decisiones sobre aquella, sin obstáculos o presiones (internas y/o externas), y en coherencia con la propia escala de valores.
La autonomía siempre es un grado, es un proceso durante el cual podemos autodeterminarnos en mayor o menor grado; pues bien, esas personas tienen este grado muy reducido. Las personas de quienes hablaremos no tienen esta autonomía, precisamente porque su discapacidad, su carencia de poder, reside en no ser capaces de pensar por sí mismos ni, en coherencia, vivir por sí mismos. Su discapacidad no es parcial, para llevar a cabo una función, es severa, y dicha discapacidad está causada por un proceso patológico que casi siempre es no solo irreversible sino muchas veces degenerativo.
Y no por ello, completando a Kant, carecen de dignidad. Sigue teniendo sentido hacer una reflexión ética sobre los servicios de atención a las personas con una discapacidad intelectual severa, precisamente porque son personas. Debemos distinguir, pues, dos grados de dignidad: una en sentido laxo, que todo el mundo posee, en tanto que persona (fin en sí, valor absoluto, fuente de cualquier otro valor) que podría haber llegado a desarrollar autonomía de no haberse producido este proceso patológico que ha impedido el desarrollo intelectual necesario para ser autónomo y poder hablar de dignidad en sentido estricto. La dignidad en sentido estricto sería la que es objeto de conquista personal, verdadero objeto de cualquier tarea moral que supone desarrollar los grados de autonomía personal llegando a pensar por sí mismo y a vivir en coherencia.
Así, toda persona tiene dignidad, tanto el más perverso de los asesinos como el niño anencefálico, pero ninguno de los dos tiene dignidad en sentido estricto: el primero, por un abuso de su autonomía, el segundo, por no poder usarla. Y nosotros, los que nos relacionamos con ellos, nos jugamos nuestra dignidad estricta en el trato que les damos si olvidamos que siempre, pese a la inmoralidad de uno y la discapacidad del otro, son personas.
1. ¿Por qué esta cuestión hoy?
1.1. Cambios
Si nos preguntamos por la ética en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa es porque o bien se han producido cambios que nos cuestionan el modo tradicional de proceder con estas personas o bien nos aparecen nuevas preguntas que hasta el momento no nos formulábamos. Analicemos algunos de estos cambios.
Cambios en la medicina
En 30 años la medicina ha cambiado más que en toda su historia anterior; esos cambios siempre se han presentado bajo el paraguas eufórico del progreso, esto es, que todo cambio se presenta para bien, como un paso adelante. Toda esa evolución ha despertado en muchas personas unas expectativas exageradas sobre el poder de la medicina, expectativas que a menudo no se han visto satisfechas. Así, por ejemplo, la medicina ha avanzado mucho en el ámbito diagnóstico pero no tanto en el ámbito terapéutico: podemos saber qué tenemos, pero no sabemos qué hacer para curarlo.
Con las personas con discapacidad intelectual severa podemos saber qué tienen, su diagnóstico, pero el tratamiento más apropiado ya no es curativo, ni siempre estrictamente médico-biológico, sino de trato, de cuidado, y de por vida. Por ello la asistencia que requieren y merecen no debe ser solo sanitaria, sino sociosanitaria; y por ello los médicos deben trabajar con los psicólogos, con los fisioterapeutas, con los trabajadores sociales, con los cuidadores (muchas veces personas no técnicas, pero que son quienes pasan más horas asistiendo al paciente). Y lo deben hacer desde el equipo y desde la interdisciplinariedad.
Cambios en el tipo de enfermedades
Debido al progreso tecnocientífico, económico, de la sociedad del bienestar, un gran número de personas con enfermedades mentales ha ido alargando la esperanza de vida hasta morir de viejas; también las personas con discapacidad pueden vivir muchos años, circunstancias que antes no se daban, precisamente por el rechazo social, la desidia familiar, la falta de atención sociosanitaria, etc. También la longevidad genera otras patologías mentales (Alzheimer), que se alargan sin que la persona pueda mejorar, creando una gran dependencia médica y asistencial durante muchos años. De ahí la necesidad de adaptar las legislaciones (como la ley de dependencia y la promoción de la autonomía) y de crear centros donde acoger tanto las nuevas enfermedades que provocan grandes discapacidades y dependencias como las viejas enfermedades que ya no son mortales.
Cambios sociales
Los cambios sociales que se han producido son esenciales: debido a la inserción de la mujer en el trabajo, la atención de estas personas no es ya ni en casa ni por parte de la familia, puesto que esta delega la responsabilidad al centro. El propio concepto de familia ha devenido más complejo.
Hasta hace poco en los centros y las residencias concurrían diferentes niveles culturales, pero no diferentes culturas. Hoy, el multiculturalismo, que va llegando a los centros, tanto a través de enfermos y sus familias como a través de profesionales y cuidadores en general, nos obliga a explicitar los valores que subyacen detrás de los conceptos con los que trabajamos, porque no se comparten por «sentido común». Así, qué entendemos por calidad, cuál es el significado que otorgamos al concepto normal de higiene, de comidas, de intimidad, etc. Estos cambios sociales dotan de mayor complejidad a los servicios de atención a las personas en general.
Cambios en la hospitalidad
Cuando las personas sufren una discapacidad intelectual severa de la que no van a recuperarse, ingresan en residencias donde vivirán toda su vida. La residencia llega a ser «su hogar», y eso requiere un tipo de hospitalidad, una forma de atenderles y de ser atentos con ellos. Es muy diferente a una estancia, de corta, media o larga duración en un hospital o en un centro, puesto que la persona sabe que es provisional, por un tiempo más o menos concreto.
Debido a que las personas de las que estamos hablando son residentes crónicos, es preciso replantearse qué hospitalidad, más allá de la cura centrada en lo biológico, ofrecemos, qué modelo asistencial. Deberá consistir en cuidar de forma muy personalizada porque es para casi siempre y la persona debe sentirse «como en casa».
Hoy en día la hospitalidad y la calidad asistencial no recaen tanto en la diagnosis como en el trato, en el servicio tal y como es percibido por el paciente y la familia, que es quien toma al final las decisiones por cuenta de la persona discapacitada. El modelo de relación entre personal sociosanitario y paciente y familia también es en estos casos muy diferente al que es usual en otros centros.
1.2. Obsolescencias morales
Pero además de los cambios producidos que obligan a adaptarse, constatamos la necesidad de provocar cambios, porque las formas habituales de actuar, las morales, también se nos quedan obsoletas. Así, debemos reivindicar que es desde la justicia, y no desde la caridad cristiana, ni desde la beneficencia hipocrática, que se debe atender a las personas con discapacidades intelectuales.
La caridad y la beneficencia
Tradicionalmente eran las órdenes religiosas, o la benevolencia y beneficencia altruista de algunos profesionales, quienes decidían qué servicio, qué trato, y lo hacían desde y con su moral religiosa y altruista. No se trata de dejar la atención a esas personas en manos de una opción religiosa, de la caridad, de la misericordia o de la compasión. Este es un discurso construido desde unas opciones religiosas, opciones de máximos personales, y la ética en las personas con discapacidades debe figurar en primer lugar, y el orden de los factores altera el resultado, una ética cívica, de derecho a la asistencia sanitaria. Se trata de dar un servicio que contemple los mínimos cívicos porque es desde la justicia y el reconocimiento del respeto que la dignidad personal merece que es necesario garantizar la asistencia a estas personas.
La buena voluntad y el paternalismo
Muchas veces no se trataba solo desde una opción religiosa, sino también desde el paternalismo y desde la buena voluntad, sin contar con el consentimiento de los afectados (dentro de sus limitadas capacidades) o la familia. Y pensaban que desde la buena voluntad bastaba, cuando, ya lo dice la sabiduría popular, el infierno está empedrado de buenas intenciones. O desde el paternalismo se incurría en hiperprotección y suplantación que terminaba, también desde la buena intención, en despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
La justicia pide el consentimiento de los afectados en condiciones de información y simetría. Es evidente que las personas con discapacidad intelectual severa no se encuentran en estas condiciones, pero es necesario resaltar que son sujeto de atención, no solo objeto de dedicación y protección.
La ignorancia y la vulnerabilidad
En otras ocasiones, las propias familias, por ignorancia en el trato a dar a las personas con discapacidades, aumentaron su vulnerabilidad, y esto lo hicieron desde dos posturas absolutamente diferentes.
Unas veces, porque «escondían» a las personas que en la familia «no eran normales» y así, creando un entorno impersonal, recluyéndolas, reduciéndolas a un mero estar, como vegetativo, no fomentando una interacción interpersonal, aumentaban su soledad y su discapacidad. Quizás lo hacían desde la buena voluntad, para ahorrar un sufrimiento a todos. Más tarde se quiso combatir esa práctica con la «normalización».
Sin embargo, otras épocas cayeron en una normalización exagerada y pretendieron que esas personas discapacitadas fueran aceptadas y normalizadas en la sociedad. Y crearon la inmersión de niños en las escuelas, y después su inserción en algunas empresas solidarias (algunas incluso pretendían ser competitivas). El problema entonces fue que se negaba su diferencia, su discapacidad, porque eran iguales y merecían el mismo trato. Queriendo normalizar en exceso, se desconsidera lo que son: personas con discapacidades respecto a las capacidades consideradas «normales» para vivir de forma autodeterminada, con cierta autosuficiencia.
No está de más concienciar de que estas «criaturas de otro planeta» (como se titula un libro escrito por la madre de una niña con síndrome de Rett) pueden tener convulsiones cada dos por tres, y que pretender introducirlos en una escuela normal no es bueno ni para ellos (ya que peligra su vida si la escuela no tiene muchas condiciones especiales) ni para los demás niños (que no podrán dar clase «con normalidad»). ¿Qué significa normalizar cuando son personas completamente dependientes de una organización? Como muy bien ha expuesto el psiquiatra Josep Ramos, abusar de la normalización significa negar las limitaciones del discapacitado, exponerlo en exceso a la frustración, al fracaso. ¿Es «normal» la dependencia? No obstante, negar su dependencia para hacerlo «normal» es una contradicción. No puede tener ni los mismos derechos ni aun menos los mismos deberes. Merece otros derechos, más específicos, porque es diferente. Precisamente la capacidad de estas personas de valerse por sí mismas obliga a replantearse cuál es el trato más adecuado a su dignidad, por su bienestar y siempre aceptando su diferencia, que es, exactamente, de dependencia respecto a los capaces. La dependencia no es ninguna condición vergonzante: merecen (son dignas) una atención especial, porque son especiales, y así debe ser su educación, su trabajo, su trato, su entorno.
2. ¿Qué ética?
2.1. Ética como ejercicio crítico-racional y dialógico
Puesto que las morales se nos quedan obsoletas, y las ciencias irán aportando conocimientos e introduciendo modificaciones en la forma de tratar y de proceder, el hábito que más debemos potenciar es el del replanteamiento crítico continuo de nuestras costumbres y hábitos, desde la sospecha continua de que nuestro quehacer está, inevitablemente, como nos recuerda Gadamer, plagado de prejuicios.
Hábitos, costumbres y argumentos
Más que morales necesitamos ética, porque es esta la que permitirá poner al día las distintas costumbres y hábitos que serán las morales de hoy y que mañana volverán a quedar obsoletas. La ética (moral pensada) pretende indirectamente, a través de las morales vividas, orientar la toma de decisiones en sociedades moralmente plurales; y lo lleva a cabo desde la metodología dialógica, deliberativa, y desde el debate inter y transdisciplinario. Y aquí lo esencial, antes que los hábitos y las costumbres, es la argumentación racional, hablar, dar razones, encontrar los porqués: porque parafraseando a V. Frank y a Nietzsche, quien tiene un porqué encuentra el cómo.
Verdad y justicia
Esa ética cívica se debe a dos categorías, una cognoscitiva, la verdad, entendida como la validez de los conocimientos, validez basada en las pruebas empíricas, en las evidencias de que disponemos en este momento, y la justicia, entendida como el trato imparcial contando con el consentimiento de los afectados y en casos donde debemos repartir recursos limitados. No podemos tomar decisiones justas sin verdadero conocimiento, para lo cual necesitamos de los conocimientos que nos proporcionan las ciencias. Pero para tener acceso a dicha información y poder digerirla necesitamos tener garantizado el derecho a la información veraz, y a la educación, y a la libertad de investigación y expresión, etc., para poder consentir libremente.
La bondad, ¿según quién?
Ahora bien, esa ética cívica, al servicio de la justicia y de la verdad, no dice nada acerca de las cosmovisiones, acerca de la calidad de vida, acerca del bien. La ética cívica habla de la verdad y la justicia, pero no del bien: aquí se debe garantizar la imparcialidad y el pluralismo. Ello implica una relación muy estrecha con todos los implicados en los servicios sociales, que son seis: paciente, familia, profesionales (técnicos y cuidadores), organización, Administración y sociedad en general. Una buena comunicación entre ellos, para que sepan qué corresponde a cada cual, es fundamental. Es, asimismo, fundamental un consenso sobre qué es dignidad humana y qué derechos atañen según qué capacidades (personales y sociales), para permitir después una variedad de nociones de calidad de vida, de bien.
2.2. Ética de la justicia
Es preciso fomentar una ética cívica, de mínimos basados en los derechos humanos, que es el contenido de la justicia. Esos derechos son los bienes primarios, prioritarios, condición de posibilidad de querer otros bienes más de tipo preferencial. Los derechos son aquellos mínimos bienes que cualquier persona debería tener garantizados para disfrutar de cierta dignidad de vida en cuyo nombre elegiría su calidad de vida. Ahora bien, como hemos dicho ya, una persona dependiente, discapacitada, exige otros bienes prioritarios, precisa «otros derechos».
Con el consentimiento de los afectados
En efecto, esa ética cívica es una ética transcultural, con pretensiones de universalidad, que tiene como contenido básico los derechos y como método la deliberación y el diálogo. De esta forma, justa es una decisión que cuenta con el consentimiento de los afectados, quienes con condición de información y simetría consensúan la decisión. La justicia precisa de un procedimiento para su investigación, requiere de una metodología que es dialógica, deliberativa. Así, es necesario organizar el diálogo y el debate a partir de unos mínimos derechos que todo el mundo debe tener garantizados.
En el supuesto que nos ocupa, sin embargo, resulta que los más afectados sobre los que estamos decidiendo tanto o casi todo, no pueden participar en este proceso de toma de decisiones. Por este motivo, es necesario apelar a la solidaridad como el ineludible complemento a la justicia, porque los afectados por las decisiones no están en condiciones de información ni de simetría.
Esta ética debe contemplar tres niveles: el nivel macro, de las políticas sociosanitarias, de las leyes sobre los servicios sociales; el nivel meso, de las organizaciones, y el nivel micro, de la relación entre el profesional y el paciente, en el supuesto que ahora nos ocupa, la persona discapacitada y su familia o tutor.
Con estas circunstancias, las preguntas fundamentales de una ética de la justicia y la solidaridad en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual severa son:
1) ¿Cuáles son los derechos con las personas con discapacidad intelectual severa? Esa es una pregunta acerca de nuestros deberes para con ellos, para garantizarles la dignidad de vida, y es de mínimos cívicos.
2) ¿Cuáles son las preferencias de las personas con discapacidad intelectual y de su familia? Esa es una pregunta acerca de los máximos personales cosmovisivos de la familia y que requiere la observación del paciente para averiguar en qué consiste su bienestar.
3) ¿Cuáles son las posibilidades de la organización y de los profesionales, favorecidas o entorpecidas por la Administración y la sociedad, para poder responder a las anteriores exigencias? Esa es una pregunta acerca de la ética de la responsabilidad profesional y de las organizaciones, y una pregunta acerca de las políticas sociosanitarias y el modelo de sociedad que queremos construir entre todos.
Al servicio de la dignidad en la vulnerabilidad
Es de mínimos cívicos garantizar la dignidad de las condiciones de vida de estas personas que tienen muy poca capacidad de preguntar, de pedir, de exigir. Los derechos de estas personas deben ser por fuerza diferentes: el derecho a la educación no puede ser ir a la escuela normal, pero deberá ser un derecho que vele para que puedan mantener cierto grado de capacidad dentro de su discapacidad.
La fuente de la que emanan la práctica totalidad de los derechos es el derecho a la autodeterminación, a la libertad o autonomía; y las personas de las que hablamos aquí requieren el apoyo continuo, permanente y muy grande de otras: el derecho principal para ellas es ser atendidas con dignidad y de forma personalizada.
Por la calidad de vida
Una vida justa debe permitir la búsqueda de la calidad de vida. Puesto que las personas con discapacidad dependen de otras (profesionales, organizaciones, familias), estas deben encontrar el tiempo y las formas de averiguar cómo mejorar el bienestar de las personas discapacitadas, lo cual exige, como veremos más adelante, actitud ética, disposición y disponibilidad.
La corresponsabilidad
Somos responsables como ciudadanos del lugar que las personas con discapacidad intelectual tienen y ocupan en esta sociedad; somos responsables de la imagen que damos de estas personas, con el entorno que les generamos, con el trato que les damos. Son personas con una capacidad de autodeterminación muy baja y ello por dos razones: por su discapacidad intelectual y por vivir en una residencia que debe gestionar un número de gente, profesionales, familias, residentes, lo cual, toda vez que facilita su dignidad y calidad de vida, limita sus capacidades de individualidad. Somos corresponsables de la gestión del pluralismo y la diversidad dentro de unos mínimos cívicos. Y la responsabilidad es proporcional al poder y al saber.
2.3. Ética profesional y organizativa
Los profesionales de los servicios sociales no pueden solos; nosotros, todos los usuarios, tampoco podemos sin ellos. Depositar, por lo tanto, toda la ética de la atención a la dependencia y fomento de la autonomía en el profesional es desmoralizarlo, condenarlo a quijote que quiere pero solo no puede. Por ello es necesario hablar al mismo tiempo de las responsabilidades de las organizaciones y las instituciones donde trabajan los profesionales de los servicios sociales, de sus asociaciones profesionales y de la política social.
Al servicio de la calidad asistencial
La ética de la profesión tiene la calidad como fin legitimador. Entendemos por calidad la satisfacción de expectativas, las cuales, en último término, se agrupan bajo las categorías de bienestar y justicia.
La calidad requiere satisfacción de expectativas. Una expectativa es correcta cuando está basada en evidencias científicas (es verdadera o falsa); es ajustada a los mínimos cívicos que son los derechos y deberes (es justa o injusta) y, en último lugar, importante último lugar pero último, porque el orden de los factores altera el producto, si es felicitante (si es buena o mala). En efecto, la calidad del servicio de la actividad profesional reside en que el paciente esté satisfecho, pero como el usuario puede estar más o menos informado o engañado, el profesional tiene mucho que decir sobre la calidad de sus servicios, dado el estado de la legislación y la investigación que solo él, en tanto que experto en la materia, conoce.
En la calidad confluyen numerosos factores: satisfacción del usuario, estado del conocimiento de los profesionales, valoración por parte de los propios profesionales de los servicios que ofrecen, estado de la investigación, posibilidades que ofrece la organización desde sus recursos limitados, eficacia lograda, etc. El profesional de los servicios sociales tiene que estar al día en el conocimiento en su materia (legislación, terapias), debe ser una fuente fidedigna de información sobre dicho conocimiento y debe hacer justicia al tratar a los pacientes y sus familias.
Los políticos muchas veces crean expectativas exageradas entre los ciudadanos (ley de dependencia) y que en el momento de la verdad no pueden satisfacerse porque no se dispone de recursos humanos ni técnicos. Los trabajadores de los servicios sociales también tienen, además de estas, presiones personales (deben pagar hipotecas, escuelas, varios seguros, etc.) y tienen que obedecer como cualquier otro asalariado. Pero son ellos quienes se encuentran directamente, face to face (dan la cara), con el paciente y las familias.
Es trabajo de la organización profesionalizar a los cuidadores, no son profesionales solo los técnicos. Suele ocurrir que quien más tiempo pasa con el paciente no es el personal más cualificado «técnicamente». Lograr que se sientan profesionales, y responsables, de un servicio, de una persona, representando a la organización, pasa por explicarles que la tarea que desempeñan es mucho más que un mero oficio. Y eso exige también, en reciprocidad, un reconocimiento de su valía.
Los profesionales de los servicios sociales se juegan la credibilidad, la confianza en la profesión; porque, en el fondo, todo intercambio de servicios reside en la confianza, principal recurso moral de toda relación interpersonal. El profesional es corresponsable, directa e indirectamente, de mejorar las condiciones de vida de la persona discapacitada, directamente, y de la justicia indirectamente. Por eso es responsable no solo de la aplicación de la normativa (y de no ser negligente) y del fomento del bienestar del paciente; es responsable también, desde luego, de no crear una nueva o mayor dependencia respecto a la organización o el profesional. Siempre será necesario velar porque a la dependencia y/o a la enfermedad no se añadan dos males, atentando contra la no maleficencia y la beneficencia: la desorientación generada por la arbitrariedad en el trato y el aumento de la dependencia.
Así, por ejemplo, a veces, por cuestiones de eficacia, de no perder el tiempo, o por cuestiones de una amabilidad mal entendida, abrochamos los botones a la persona con discapacidad cuando ella lo podría hacer sola, tomándose su tiempo, por supuesto, y al cabo de unos días de no hacerlo, porque se lo hacen, le hemos creado una nueva dependencia.
Al servicio de la calidad organizativa
La finalidad que legitima la ética de cualquier organización es también la calidad del servicio, pero ahora la calidad reúne varias profesiones, muchos individuos, usuarios, barrios, comarcas donde se ejerce, y todo ello en un entorno económico concreto y muy determinante. Si bien es ineludible contar con el profesional, no se le puede dejar solo: es necesaria la ética de la organización donde se consensúa el modelo asistencial por el que debemos trabajar, los discursos coherentes para dirigirlos, y los argumentos que se deben dar de por qué sí o por qué no a las distintas solicitudes de la familia.
La organización es un importante agente moral y forjar una ética organizativa requiere, entre otros, los siguientes factores:
a) Trabajar por un ethos corporativo, que no es lo mismo que la suma de estilos personales, un ethos que pretende explicitar lo que se desea conseguir como organización, cómo se quiere conseguir, es decir, cuál es el estilo por el que se quiere caracterizar y, si fuera necesario, distinguir como organización dentro del sector, y cuál es el modelo asistencial que promueven todos los que allí trabajan. Se trata de consensuar y explicitar la forma de entender la hospitalidad hacia las personas con discapacidad.
b) Un código ético (con comité dinamizador) puede ser un instrumento para conocer los valores y desde el cual concretar el tipo de acciones y procesos que la organización espera de su personal; pero al tratarse de ética, el código no debe consistir en un reglamento jurídico interno. Para ello se requiere formación, empoderamiento (la responsabilidad es proporcional al poder) y cuidado no solo del paciente, sino también de toda la gente que trabaja en la organización. Los valores de las residencias serán muy similares, pero lo importante es cómo se concretan, porque eso dependerá de los problemas que padecen, de los recursos con qué cuentan para su gestión y de las ganas de todos para afrontarlas. Es así como se va a consensuar qué es para ella una buena práctica y por qué, y se van a encontrar los mecanismos para fomentarla.
c) Generar democracia participativa: son necesarios foros de discusión, participación y deliberación, donde el conflicto sea concebido como síntoma de creatividad y de confianza en el cambio y la mejora.
En coherencia con la ética de la familia del paciente
No está de más recordar que la coherencia no alude solo a los resultados o consecuencias. La coherencia implica tres ingredientes: valores y misión; acciones y procesos, y consecuencias e impactos. Quizás una consecuencia es que la familia está muy contenta, pero los profesionales consideran que es por un trato preferencial que les damos por ser quienes son o como son; en este caso, no existirá coherencia con el trato de imparcialidad y de justicia hacia los demás pacientes. La coherencia es más compleja cuando no podemos caer en un trato homogéneo y se deben tener en cuenta los valores y la cosmovisión de la familia.
3. ¿Por qué ética para las organizaciones y los profesionales?
3.1. La conciencia de coherencia y pertenencia
El único modo de crear éticas profesionales y organizativas es contar con los individuos que integran la organización, para lo que es necesario generar un cierto sentimiento u orgullo de pertenencia a esta. El profesional representa y proyecta a la organización, es su cara visible y de él depende, en una parte importante, cómo y hacia dónde camine.
Conocer el grado de implicación profesional de una persona en una organización no es algo tan complejo. Preguntas sencillas del tipo ¿qué espera de ti la organización y te gusta?, ¿qué espera de ti la organización y no te gusta?, ¿qué no espera de ti la organización y a ti te gustaría que esperara?, ofrecen información acerca del grado de conciliación de las diferentes éticas profesionales con la de la organización. Estas preguntas también hay que formularlas a los destinatarios del servicio profesional; en el supuesto que nos ocupa, a las familias de las personas discapacitadas que atendemos.
El gran enemigo de la ética es la autocomplacencia: no hacemos ética por narcisismo, lo hacemos para vivir todos mejor: lo hacemos desde nuestra condición, que es la falibilidad, y por lo tanto las organizaciones deben gestionar muy y muy bien su aprendizaje, construido, como no puede ser de otro modo, porque no tenemos alternativa, a base de aciertos, errores y contradicciones.
Formación técnica, en valores y en habilidades comunicativas
¿Por qué necesitamos esa ética profesional y organizativa? Porque generalmente los profesionales han recibido formación técnica, pero no en valores, no se han explicitado cuando menos los valores que ponen y están en juego cuando se ofrecen las habilidades técnicas. Porque en un servicio profesional, al servicio de personas, no son suficientes las buenas intenciones, ni la búsqueda de la autorrealización personal, es necesario además conocer a quién ofrecemos el servicio, y ofrecerlo con un trato personal. Y porque no nos sirve el «sentido común», que es el sustrato de un modo tradicional de proceder, y el sustrato cambia según las procedencias y a medida que cambian también los fines que nos proponemos.
Recordando que la ética trabaja fundamentalmente con argumentos, es necesario mejorar las habilidades comunicativas entre los profesionales, entre los profesionales y las familias, entre los profesionales y el paciente, y entre los profesionales y la organización. Genera mucha incoherencia, arbitrariedad y, por lo tanto, desconfianza que el turno de noche o de fin de semana funcione siguiendo unas directrices, y los demás turnos con otras. ¿Por qué es necesaria esa ética profesional y organizativa? En resumidas cuentas, es una cuestión de justicia, de solidaridad, de calidad y de confianza.
3.2. La relación con la familia
La familia es la responsable directa del paciente y a quien, como profesionales y organizaciones, debemos rendir cuentas del estado de la persona que han dejado a nuestro cargo.
Autonomía: respeto a su ética personal
Al ser la familia el representante legal del paciente debemos consensuar con ella gran parte de las actuaciones que como centro efectuamos. Pero también hemos de escuchar algunas peculiaridades familiares procedentes de su forma de vivir y de actuar. Aquí debemos garantizar el pluralismo e intentar respetar, dentro de lo posible, sus peculiaridades. Pero siempre dentro de los mínimos que hemos establecido que garantizan la seguridad y la dignidad del paciente.
Comunicación: sobre tratamientos, sobre diagnósticos y sobre los cursos de acción
Ya hemos dicho que la familia es corresponsable, si se lo lleva unos días, de asumir los tratamientos, la medicación, las medidas de precaución a tener en cuenta por cuestiones de la seguridad personal de la persona discapacitada. Y ello requiere en muchas ocasiones pedagogía del profesional: porque la familia no siempre sabe.
Pedagogía sobre expectativas mutuas de la organización y la familia
Si queremos calidad asistencial, es necesario satisfacer sus expectativas, y para satisfacerlas, hay que conocerlas; pero esas expectativas se tienen que educar para que lo que se desea sea responsable. El profesional es responsable de la calidad de su servicio, independientemente de la satisfacción más o menos fundada de la familia inexperta, o desinformada, o de aquella otra hiperdemandadora y muy bien informada. La función pedagógica de los profesionales es ineludible. Sin su pedagogía, sus informes, sus peritajes, sus aclaraciones sobre las novedades de una ley, su mejora, el correcto uso de aparatos, la familia no sabría qué hacer ni qué puede esperar.
Derechos y deberes, entender y comprender
En tanto que familia, también tienen derechos y deberes, pero al ser personas peculiares, es necesario que también ellos se hagan cargo de la peculiaridad no solo de su familiar, sino de lo que les corresponde. Tienen el derecho a venir a visitarlo, pero también el deber de visitarlo, porque a veces pensamos que si uno tiene un derecho, otros tienen deberes, y se plantea la cuestión de los derechos y deberes solo desde la reciprocidad. No siempre es así: el derecho a la educación también implica el deber de educarse, no solo que otros me eduquen. Del mismo modo, el derecho a tomar decisiones sobre el familiar discapacitado severo también implica el deber de corresponsabilizarse de su dignidad y calidad de vida, y puesto que la relación interpersonal es esencial para la calidad de vida, la familia tiene mucho por hacer.
3.3. La relación con el paciente
El paciente es la razón de ser de los servicios asistenciales; y el paciente por discapacidad intelectual severa es un paciente crónico, estará en la residencia toda su vida, la residencia es su hogar. Así, en primer lugar es necesario tener muy presente la importancia del espacio que habita y el tiempo que le dedicamos. Para prestar calidad asistencial es preciso dar importancia al paciente y a su circunstancia, aquello que le rodea. Y el entorno influye mucho. Para empezar, debemos hacer entender que el entorno no es solo un espacio, el entorno reconoce, forma, personaliza, acoge, o puede ser impersonal y una especie de no lugar. Es un peligro un entorno que se detiene en el diagnóstico, o en la etiqueta de «persona violenta o agresiva» y desde allí la da por perdida.
Con respecto al tiempo, debemos ser capaces de encontrarlo (tiempo para la observación, tiempo para conocer al paciente, tiempo para la interrelación): la excusa de que no tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestro modelo asistencial, acerca de la calidad y la cantidad de tiempo que les dedicamos, no es un argumento que la ética pueda aceptar. Si debemos hacer, debemos poder hacerlo. Se impone, pues, una reflexión acerca de cómo pasan su tiempo los pacientes, sobre si existe cierta variación en las actividades y en el tiempo que les asignamos en función del placer que encuentran en ellas. Así, por ejemplo, el tiempo de las duchas: si observamos que un paciente disfruta mucho con la ducha, se la podemos alargar para darle su momento de bienestar. Detengámonos ahora en algunos aspectos de las relaciones interpersonales que es preciso establecer con él.
Tener cuidado y tacto
El paciente no puede ser jamás olvidado en su dimensión personal, tiene cierta interacción con el entorno, no es vegetativo absoluto. El paciente debe ser tratado como persona y, por lo tanto, sujeto de la atención, no sometido a ella, sino protagonista de ella; la diferencia reside en pasar de ser mero consumidor y observador paciente y absolutamente pasivo de los servicios ya establecidos, iguales para todos, a poder (con su presencia y su comunicación, aunque mínima) sentir que los servicios son para él. El paciente, pese a su discapacidad, encuentra en muchas ocasiones sus formas de hacerse entender, limitadamente, pero manifiesta placer, desagrado, satisfacción, cariño, malestar...
La interacción y la sociabilidad
Lo que más impersonaliza es la incomunicación; por eso todos los castigos acaban en una suerte de exclusión o reclusión que impide el trato humano. A menudo desconsideramos a la persona porque no nos entiende, porque no dice ni hace nada. Este trato impersonal nos denigra a nosotros, por no tratarla con el respeto obligado. Como muy acertadamente ha dicho M. Serra, tratar a los «quietos» te dice quién eres. Intentar aumentar su interacción, su sociabilidad, de otras formas, porque las nuestras son demasiado racionales y verbales, implica adoptar una actitud muy abierta para saber cómo y qué nos está diciendo, a su manera.
Al tener estas personas discapacidad intelectual suelen suplir con otras formas el modo de relacionarse: el tipo de tacto, de mirada, de sonrisa. En este sentido es importante «preguntar», «tantear», precisamente al que no pregunta. Estos pacientes tan dependientes no son precisamente hiperdemandadores, pese a ser tan dependientes: si nosotros no nos adelantamos no piden nada. Tratar igual a los que son iguales, y desigual a los que son desiguales, nos recuerda Aristóteles, forma parte del principio de justicia.
La mirada y la escucha atenta
Hemos dicho al principio que el respeto a la dignidad que toda persona merece pasa por la mirada atenta. Aquí la atención merece desarrollarse de forma especial. Eso significa que hemos de intentar averiguar lo que quiere decirnos el paciente con esa mirada, o con ese sonido. Y en este punto afrontamos un reto inevitable, estar dispuestos a asumir que partimos de interpretaciones sobre lo que él nos dice, sobre si se producen mejoras o no acerca de cómo vive sus necesidades de contacto. Y el peligro aquí reside en suplantar y proyectar desde la visión subjetiva de uno. Es esencial que sepamos contrastar nuestras versiones de los hechos, nuestras interpretaciones subjetivas, con las intersubjetivas, las que coinciden con las de otros profesionales y la familia, porque lo que nosotros podemos pensar que a nosotros nos gustaría que nos hicieran es fruto de nuestras circunstancias, sensibilidades y placer, y ellos son diferentes. Así, el mundo visto desde su capacidad, seguro que también es diferente. Y es responsabilidad nuestra, antes que nada (primum non nocere), su seguridad, su salud (a menudo a su discapacidad se suman otras patologías) y en último lugar, por ejemplo, su intimidad. Otra persona priorizaría como «normal» la intimidad antes que la seguridad.
Así, ocurre que pensando en clave de preservar la intimidad de los pacientes, aumentamos su vulnerabilidad poniéndolos en peligro: pueden caerse en la ducha o tener convulsiones y no verlo porque la ducha, para preservar la intimidad, tiene cortinas. Pero que en los baños no haya cortinas, por ejemplo, no quita que la mirada deba ser decorosa. Hemos de saber priorizar, en aras de su seguridad. Es la mirada y su intención la que dota de sentido ético, no se vulnera la intimidad si se les protege de un peligro mayor. Se deberá convencer a los inspectores técnicos de las peculiaridades de estas personas.
La sexualidad y la intimidad
Solemos ignorar sus dimensiones sensuales e íntimas o proyectarlas como si fueran de personas capacitadas, sin más. En ocasiones, la edad mental que tienen las personas discapacitadas no les hace tener sentido del pudor o necesidad de contactos íntimos, pero no siempre es así. La atención integral a la persona pasa por estar atentos a sus necesidades y deseos y pensar lo que podría ser mejor para ella. Como personas que son, pese a que discapacitadas, tienen la dimensión de la sexualidad y cierto sentido de intimidad. El respeto a su integridad implica aceptar su totalidad: no es necesario incentivar una dimensión sexual que no tienen, pero tampoco se puede negar si la desarrollan.
Personalización versus homogeneización
Es necesario evitar la hiperregularidad de hábitos (siempre lo mismo), son personas y merecen un trato diferenciado dentro de lo posible; la rutina otorga orden y equilibrio, pero ya lo decían los griegos, «nada en exceso»: una regularidad sin excepciones, mecánica, convierte a todos en máquinas, independientemente de a quién se preste el servicio y de quien atienda.
La impersonalidad suele ser el resultado de la homogeneización; y cierto es que en una casa donde vive mucha gente tienen que existir unas normas, pero del mismo modo que somos capaces de entender una prescripción médica al tratar alergias alimentarias de un enfermo o diabetes de otro, en los servicios a las personas tan discapacitadas debemos personalizar el trato, que pasa por personalizar, aunque sea mínimamente, los hábitos. Las residencias suelen ser centros de grandes dimensiones, con muchos profesionales y muchos pacientes. Por supuesto, todos debemos adaptarnos, pero ¿al servicio de quién están los servicios? ¿De la comodidad y la eficiencia de profesionales y organizaciones, o del bienestar y la calidad asistencial de los pacientes? El bienestar y la calidad pasan por promover el trato diferenciado y personalizado, dentro de lo posible. Todos por igual, limpios y pulcros, todos a la misma hora, en la misma sala, todo ello conduce a pensar que los servicios se prestan en atención a los que allí trabajan, no a la verdadera legitimidad, la misión, de los centros y del ejercicio profesional. Encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades de intendencia, eficiencia y excelencia en los servicios y el trato personalizado supone un reto fundamental.
Conclusiones
Es preciso recordar que en tanto que personas merecen un respeto a su integridad física y moral y que tienen varias dimensiones: no solo es necesario asegurarse de que coman, beban, se laven, tomen la medicación, sino que al mismo tiempo es esencial su interacción, su relación con los cuidadores, con el personal del centro, con la familia. Más allá de la razón, tienen dignidad y merecen el máximo respeto, la máxima atención, y eso implica dignificar su dependencia.
La forma en que una sociedad trata a las personas discapacitadas dice mucho de su nivel de solidaridad. Y recordando a J. Rawls y su velo de la ignorancia, todo el mundo elegiría, si desconociera su lotería biológico-social, vivir en una sociedad justa y solidaria antes de en una sociedad «tómbola». En aquella, los más aventajados por la lotería biológico-social deben coadyuvar a disminuir las desventajas de los menos aventajados por aquella lotería; en una sociedad «tómbola» reina la ley de la jungla, de animales, y en ella no tiene sentido hablar ni de ética ni de dignidad humana; en ella los discapacitados son excluidos por simple «selección natural».
La incidencia de la suerte en una persona es inversamente proporcional al nivel de justicia de la sociedad en la que vive: es tener «mala suerte» ser discapacitado, pero sería además injusto que esa cuestión azarosa lo condenara a un trato indigno. Con las personas con discapacidad intelectual severa es necesario seguir luchando para que no pierdan demasiados grados de interrelación; hay que seguir animándolas a luchar por la vida, porque esta merece la pena, pese a su estado; es necesario luchar contra la diagnostitis y los determinismos desde donde si uno no puede hacer la vida normal, la función social útil, ya no merece la pena. Mientras exista alguien que les haga sentir, a su manera, que son dignas, «encontrarán» su calidad. Nos decía V. Frankl: «Quien encuentra un porqué soporta cualquier cómo». Una sociedad que trata a las personas discapacitadas como dignas les está dando un porqué para que, entre todos (ellas son dependientes), encontremos cómo hacerlo.
Traducción - inglés The Ethics of Caring for the Severely Intellectual Disabled.
Begoña Román
Professor of Philosophy, Universitat de Barcelona
1. Introduction
The purpose of this article is to address the importance of ethics in caring for people with severe intellectual disability. With this in mind, I shall begin by defining the terms which appear in the title of this paper.
Ethics we understand to mean a critical and rational reflection on the customs and habits which constitute morals (mos-moris). The purpose of this reflection undertaken objectively is to decide whether the moral responses that have hereto guided our behaviour have become obsolete, because they arose in a specific and precise context, governed by another set of values and other knowledge. Perhaps, they are still valid. If this is the case, we can ask ourselves why. The moral question resides in what we should do, whereas the ethical question asks why should we do it. The value of ethical debate, and we should expect no less, is that it allows us to develop the most appropriate ways (habits, customs, values) of tackling the issues we meet in daily life, on questions which depend on us and which are within our reach.
A service is an interpersonal relationship in which one party ‘does something’ for the other. A service differs from a mere product because the quality of the service depends on the quality of the interpersonal relationship. A care service attends to the needs of people. Kant reminds us that objects have a price but persons have dignity. The German word Achtung means both ‘attention’ and ‘respect’; ‘attention’ can also mean ‘to take care’ (as in the Spanish servicios de atención) as well as ‘being mindful of others’. ‘Respect’, from the Latin respicere, means ‘attentive gaze’.
Autonomy means ‘self-determination’. According to Kant, who promoted the notion of ‘autonomy’ in the moral sphere, our dignity springs from our capacity for self-determination, our autonomy. This paper, however, deals precisely with those people who are in care (deserving of our care and attention) who have dignity but lack autonomy, having never enjoyed it and unlikely to do so in the future. This paper deals with people with severe intellectual disability. When our disability is intellectual, our autonomy is impaired because the first condition for self-determination resides in our capacity to understand the world and make reasoned informed choices, free from obstacles and controlling influences (internal and/or external) and consistent with our own set of values.
There are always degrees to a person’s autonomy. Most people can self-determine to a greater or lesser extent. The people who are the subject of this paper have severely reduced or no autonomy, precisely because of the nature of their disability. Their lack of power to self-determine resides in their inability to think for themselves and, consequently, to live for themselves. These are not the partially disabled, able to carry out some functions for themselves. These are the severely intellectually disabled, whose disability is the result of a pathological process not only irreversible, but, in many cases degenerative.
This, however, according to Kant, does not diminish a person’s dignity. It is important we reflect on the ethics of caring for the severely intellectually disabled, precisely because they are human beings. Let us consider two definitions of dignity. The first, in its loose sense, is common to all people insofar as each person is an end in themselves (an absolute value, the source of all other values). Each person has the potential to develop their autonomy but, in some cases, it is prevented by a disease which affects intellectual development and consequently the autonomous capacity to attain dignity in the strict sense of the word. Dignity in the strict sense of the word is that attained by the person, the true object of any moral task and requires a person to develop their autonomous capacity by degrees until they arrive at the ability to think for themselves and live accordingly.
Thus, all people possess basic human dignity, from the perverse murderer to the anencephalic baby, but neither the murderer nor the baby are in possession of dignity in the strict sense of the word. The former has lost his dignity by abusing his autonomous capacity and the latter can never claim it. And in our dealings with them, our own dignity is at stake, if we forget that, despite the immorality of the murderer and the helplessness of the baby, they are and always will be human beings.
2. Why pose the question now?
1.1 Changes
Our need to question the ethics of our care services for the severely intellectually disabled today is simply a result of changes in society which have forced us to review our traditional care models. New issues are continually being encountered and these need to be addressed. Let us analyse some of these changes.
Changes in Medicine
In the last 30 years, the practice of medicine has seen more change than ever before. Under the bright umbrella of progress, all changes are assumed to be for the better, to represent a step forward. Modern medicine has awakened in many people exaggerated expectations of its power, expectations which are often disappointed. So, for instance, medicine has greatly enhanced our ability to diagnose disease, but this has not been matched by our ability to treat it: we might know what we have but do not know how to cure it.
In the case of the severely intellectually disabled we may know about the condition and have a diagnosis, but in the absence of a cure, the most appropriate treatment where no medical attention is necessary, is the delivery of life-long care. The type of care required and deserved goes beyond the strictly medical and must be provided in the context of social and public health. Doctors, psychologists, physiotherapists and social workers must work together with centre staff (often non-professionals who spend the longest with the patient) and provide care as a team based on interdisciplinary support.
The changing nature of disease
Thanks to scientific progress, technology, rising incomes and the welfare state, the life-expectancy of the mentally ill has increased, and many are living into old age. The same applies to people with intellectual disabilities, particularly now that social rejection, family apathy and healthcare neglect are being overcome. Longevity in such patients, however, is linked to other disease, such as Alzheimer’s, from which there is no prospect of recovery. The result is that an increasing number of patients are becoming heavily dependent on long-term medical and social care. It is because of these changes that I see the need to update our legislation (such as the Law for the Promotion of Personal Autonomy and Care of Dependent People) and to provide new care centres able to cope with a range of new diseases and disabilities whilst continuing to care for patients with traditional diseases who are now living longer.
Social Change
A major change to traditional care models has resulted from women entering the workplace. The severely intellectually disabled are no longer always able to be looked after at home. Increasingly, families are handing over responsibility to care centres. Indeed, the very notion of ‘family’ has become more complex.
Multiculturalism has also thrown up a number of questions. Traditionally, care centres have brought together people from different social backgrounds, but not different cultures. Now, as multiculturalism ‘arrives’ at care centres, not only via patients and their families but through the professionals and carers, we are finding the need to define the values which lie behind our working practices, because they are not necessarily based on shared sensibilities. What do we understand by quality, what are ‘normal’ hygiene standards, what constitutes a ‘normal’ meal or normal levels of privacy? These social changes make the delivery of care across all areas more complex.
Long-Term Residents
People who suffer a severe intellectual disability from which there is no prospect of recovery, are often taken to care centres where they will live for the rest of their lives. These care centres eventually become their ‘home’, and as long-term residents they are treated and cared for in a special way. A long-term resident’s circumstances are very different to those of patient staying in a hospital or care centre for a short, medium or even long-term stay, because the patient knows the arrangement here is temporary.
Because the severely intellectually disabled are long-term residents, we must look again at what type of life-long care, beyond the purely medical, we are offering and based on what care models. The care model should be highly personalized, for it is important that long-term residents feel totally ‘at home’.
These days, standards of care for long-term residents are judged less on the accuracy of the original diagnosis and more on the level of care provided, that is, the service as perceived by the patient and the family, who are ultimately responsible for decision-making on their behalf. The relationships developed between care staff and severely intellectually disabled patients and their families will often be very different to relationships developed in other types of centre.
1.2 Moral Obsolescence
Yes, we must adapt to these external forces of change, but let us not forget that we too can provoke change, when our normal patterns of behaviour and our morals become obsolete. It is from the standpoint of justice, not Christian charity or Hippocratic beneficence, that care should be delivered to people with intellectual disability.
Charity and Beneficence
Traditionally, it was religious orders or the benevolent professional classes that decided on the type of service or care to be given in accordance with their religious morality or altruistic beliefs. But should the delivery of care really be left to religious groups, to their charity, to mercy, to compassion, to a discourse based on religious choices and personal maxims? In my view, examining the ethical questions surrounding the care of the disabled should be our primary concern. Changing the order of importance alters the result: we now have civil ethics and, therefore, the right to healthcare. It is from a desire to be fair and in recognition of the value of personal dignity, that we should be providing care services to the intellectually disabled, according to minimum ethical standards.
Paternalism and the Well-Meaning
Alongside the care administered by religious groups was that provided by the paternalists and the well-meaning, without the consent of the affected (within their limited capacity) or their family. Good intentions were considered sufficient grounds despite the saying ‘the road to hell is paved with good intentions’. Paternalism would often lead to overprotection and the displacement of the family which, despite the best intentions, became a sort of enlightened despotism: Everything for the people, nothing by the people.
Justice requires there to be informed consent from a position of symmetry. Clearly, the severely intellectually disabled cannot do this, but nonetheless, they should always remain the subject of our attention, not just the object of our care and protection.
Ignorance and Vulnerability
Often, it was families themselves, not knowing how best to deal with their disabled relatives, who most contributed to their vulnerability. This was done in one of two completely different ways.
Firstly, it was not uncommon to ‘hide away’ family members considered ‘abnormal’, keeping them apart, behind closed doors, reducing them to a mere vegetative existence, discouraging interaction with others, in this way further contributing to their isolation and disability. Perhaps the intention was well-meaning, aimed to prevent suffering in others. Later this practice was to be reversed by ‘normalization’.
And so, at other times, families embraced ‘normalization’ in an effort to ensure the intellectually disabled be normalized and accepted into society. One instance of this was the immersion of intellectually disabled children in mainstream schools and later as workers in ‘willing’ companies (even supposedly profit-making ones). The problem then resided in the negation of their differences and their disabilities. They were afforded equal status and dealt out equal treatment. Excessive normalization, again, failed to take into account the divide between the intellectually disabled and the rest of society for whom ‘the norm’ is to live by self-determination and with a degree of self-sufficiency.
As the mother of a girl with Rett Syndrome reminds us in her book ‘Creatures from Another Planet’ , disabled children can suffer frequent convulsions. A normal school environment is good neither for them (if schools are not equipped to respond to seizures lives could be put at risk) nor for their peers (who are denied lessons ‘as normal’). What can ‘normalization’ actually mean for people who are completely dependent on some form of care? According to the psychiatrist Josep Ramos, imposing mainstream life upon the intellectually disabled negates their personal limitations and risks exposing them to excessive frustration and failure. Is dependency ‘normal’? The answer is no, but failing to acknowledge a person’s dependency in an attempt to make them ‘normal’ is a form of denial.
The intellectually disabled cannot expect to have the same rights and certainly not the same obligations as the rest of society. They are deserving of a different set of rights, more specific rights, based on their differences. It is precisely when we accept that the intellectually disabled cannot care for themselves that we are forced to reconsider what the most appropriate forms of care are, those that are respectful of personal dignity and encourage wellbeing, always mindful of the differences between the ‘able’ and the ‘dependent’. Dependency should not be a shameful condition but simply one that merits (is worthy of) special attention. Because the truth is that the intellectually disabled are special and so should be their education, their workplace, their treatment and their environment.
2. What Ethics?
2.1 Ethics as critical reflection and rational dialogue
Given that we know that our morals can become obsolete and that science will continue to expand our knowledge and change the way we treat each other, then it is important we nurture the habit of continually scrutinizing our customs and habits, since we can only suspect that our daily lives, as Gadamer reminds us, are plagued with inevitable prejudice.
Habits, Customs and Debate
Over and above morals, we need ethical standards to help us renew our customs and habits, the morals of today, which in the future will almost certainly be obsolete. By influencing our moral behaviour, our ethics (moral thinking) can guide decision-making in morally pluralistic societies. This is achieved through dialogue, deliberation and inter and transdisciplinary debate. It is essential here to put rational discourse and debate, the giving of reasons, the defining of the ‘why’ above our habits and customs. To paraphrase V. Frankl and Nietzsche, he who has a why can bear almost any how.
Truth and Justice
This civil ethics is based on two ideas. One is cognitivism, based on fact, validated knowledge and empirical proof; on evidence we hold in the here and now. The other is justice, understood as the fair treatment between consenting parties where limited resources must be shared. We cannot make just decisions without factual knowledge, based on science. But, in order to access this knowledge and digest it we must be guaranteed the right to reliable information, to education, the freedom of investigation and expression, to ensure we can freely consent.
Good- according to who?
Civil ethics is there to serve truth and justice, and is neutral to the individual’s worldview, their definition of quality of life and what is ‘good’. Its purpose is to defend impartiality and pluralism, achievable only if all stakeholders work together, be they service users or providers. So patients, families, professionals (medical and carers), healthcare organizations, the government and society in general must be able to communicate clearly, and each party know its role. Essential too is a consensus on the definition of human dignity and to what rights we are entitled according to our capacity (personal and social), on which to later base a variety of notions of the quality of life and the ‘good’.
2.2 Ethics and Justice
We need to promote civil ethics as a means of upholding our basic human rights. This is the substance of justice. These rights are our basic entitlements on which depend our ability to seek further, preferential rights. Our rights are the minimum entitlements which any person should be guaranteed to enjoy a certain dignity of life through which to choose their quality of life. And as mentioned above, the incapacitated and dependent need other priority entitlements, a different ‘set of rights’.
With the consent of the affected parties
In effect, civil ethics transcends cultural differences and aspires to the universal. Its basic content is rights and its method is deliberation and dialogue. The outcome of a decision is considered fair if it has been agreed by all affected parties, who give their consent based on an informed choice and from a position of symmetry. Justice needs procedures if it is to be the subject of its own enquiry, it requires a methodology based on dialogue and deliberation. Thus, it is necessary to organize dialogue and debate based on some guaranteed basic rights.
This paper, however, deals with those cases where the people most affected by the decisions being made, on so many aspects of their lives, are unable to participate in the decision-making process. For this reason, we must appeal to solidarity as the necessary complement to justice, because those affected by our decisions are unable to make their own informed choices as equals.
Ethics, here, could be looked at on three different levels: firstly, on the macro level of health care policy and social service legislation. Secondly, on the meso level of care centres themselves and finally, on a micro level, the relationship between the professional and the patient, or as in our case, the patient along with the family or guardian.
Bearing this in mind, the following questions are essential if we are to uphold ethical justice and solidarity in caring for the severely intellectually disabled:
1) To what rights are the severely intellectually disabled entitled?
This question deals with our duty to protect their dignity of life and is about minimum civil standards.
2) What are the preferences of the severely intellectually disabled patient and their family? This question deals with the desired personal worldview of the family and requires the careful observation of the patient to identify what factors contribute to their wellbeing and comfort.
3) What options are available to care centres and care professionals enabling them to respond to the needs above? Are these options helped or hindered by government and society? This question relates to the ethics of professional and care centre responsibility and touches on public health care policies and the social models to which we aspire.
Dignity and Vulnerability
As a minimum civil standard, we should ensure we provide decent living conditions for those with limited capacity to express their needs, make requests or demand answers. The rights of the incapacitated are necessarily different to those of society in general. In this case, the right to education does not mean the right to mainstream schooling but instead an entitlement to the kind of education that can develop a degree of capacity within the person’s overall disability.
The source of practically all our entitlements is our right to self-determination, to freedom or autonomy. The people we are dealing with in this paper need our constant, permanent and considerable support as people. Their principal entitlement is personalized care which guarantees their dignity.
Quality of Life
A just life should give us the freedom to seek out a better quality of life. Because the incapacitated depend on other people, it is up to the health professionals, organizations and families to do this on their behalf. We must find the time and means to improve the well-being of the incapacitated. This, as we will see below, will depend on a person’s ethical approach, willingness and availability.
Responsible Citizens
As citizens we are responsible for the place that the intellectually disabled occupy in our society. We are responsible for the image we portray of them, the environment we create for them and the treatment we provide for them. The intellectually disabled are people with a very low capacity for self-determination for two reasons: firstly, because of the nature of their disability and secondly, because being a resident in a care centre inevitably compromises your individuality, even when the organization upholds your dignity and rights to quality of life. As institutions, care centres must cater not only to individual needs but to those of other residents, members of staff and accompanying families too. It is up to us, as citizens, to manage pluralism and diversity by upholding minimum civil standards. And the degree of our responsibility should be proportional to our capacity and knowledge.
2.3 Professional and Organizational Ethics
Professionals in the social services cannot do it alone. Neither can we, the user, manage without them. Leaving the ethical questions on caring for the dependent and encouraging autonomy to them alone is demoralizing for professionals and condemns them to a quixotic situation in which they want to succeed but cannot. It is essential that professional responsibility goes hand in hand with organizational and institutional responsibility, supported by professional associations within the wider context of social policy.
How do we enhance the quality of care?
In the context of professional care ethics, quality as an end, legitimises the means. So what do we understand by this? Quality comes from satisfied expectations which are ultimately related to well-being and/or just actions.
In order to experience ‘quality’ our expectations must be satisfied. Expectations are appropriate if they are based on scientific evidence (are they realistic?); if they comply with the minimum standards enshrined in our rights and obligations (are they just?) and, last but not least, whether they bring happiness or not (are they good or bad?). In effect, the perceived quality of a professional service depends on patient satisfaction, but since knowledge of legislation and new research in the field is largely exclusive to members of the profession, and users can be misinformed, we ultimately depend on the professionals to maintain high standards of practice.
A number of factors constitute quality: user satisfaction, professional skill and knowledge, professional evaluation of the service they deliver, new research in the field, the options available to the organization depending on its resources, efficiency achieved and so on. Care professionals should be up to date on their areas of expertise (aware of new legislation and therapies for instance) and should be a reliable source of information on these topics if they are to do justice to patients and their families.
Politicians are often guilty of creating unrealistic expectations among voters (take for instance the aforementioned Law for the Promotion of Personal Autonomy) which in practice cannot be satisfied by care workers because of shortfalls in human and technical resources. In addition to the pressures at work, care staff have their own personal commitments to honour: mortgages, school fees and insurance premiums to pay. Like any other employee, they must toe the line and get on with their job, coping face-to-face with dissatisfied patients and families every day.
Care organizations should be responsible for professionalizing their carers. Generally speaking, the staff who spend most time with patients are the least ‘qualified’. It is important that they are made to feel ‘professional’ and responsible for the care service they deliver to patients on behalf of the organization. This can be achieved through recognizing the value of the job they do and raising it status from that of merely ‘paid work’.
Health care professionals risk losing their credibility and that of the profession because the provision of services relies on trust, the moral capital on which all interpersonal relationships are based. Health care professionals are directly responsible for improving the life conditions of the intellectually disabled and, indirectly, for ensuring that justice prevails. So it is that they are responsible not only for implementing legislation within the care context, preventing negligence and for promoting the well-being of the patient, but also responsible for ensuring that new or greater dependency is not created with regard to the organization or staff, professional or otherwise. The care organization must take care, by upholding the principles of beneficence and non-maleficence, that a person’s condition is not exacerbated by the disorientation resulting from arbitrary treatment and increased dependency.
So, for example, an occasion arises when for the sake of efficiency or to save a little time (or perhaps in an act of misguided helpfulness), we might do a patient’s buttons up for them where they used to do it by themselves. After a short while of not doing up their own buttons, a new dependency has been created.
How do we enhance organizational quality?
The ethics of any organization are legitimized if the quality of the service provided is good. But the picture is complex given the number of professions involved, an even greater number of individuals and users in different neighbourhoods and regions, and changing economic contexts. The role of the professionals here is crucial and we must support them in their task: organizational ethics are crucial to defining care models which provide consistent guidance on management issues and on how to deal with family requests.
The organization is an important moral agent. In forging a good organizational ethics the following factors must be borne in mind:
a) Favouring a corporate ethos over the individual approach. An ethos defines an organization’s goals and how they are to be achieved; it is the special way of working and thinking which distinguishes it from other organizations. An organization’s corporate ethos would also define the care model and standards shared by all employees. A corporate ethos would offer clear guidance on an organization’s overall approach to long-term care of the incapacitated.
b) An ethical code (with its own energizing committee) would set out the organization’s values and define the types of action and procedures which the organization expects from it staff. As an ethical code it should not be mistaken for the centre’s rules of procedure. An ethical code would encourage educational programmes, empowerment (responsibility is proportional to power) and the care not only of patients but of all staff working at a centre. By and large, values between centres will be similar, but it is just as important that they are set down and agreed by each centre, bearing in mind their specific case, the management resources available and the collective will to implement. When there is collective agreement within a care centre over the hows and whys of best practice, the mechanisms for implementation begin to emerge.
c) Generate a participatory democracy. Discussion forums should be set up to encourage participation and debate. In these forums, conflicting ideas should be considered a sign of creativity and willingness to change and improve.
Consistency and Family Values
It should not be forgotten that when we talk about consistency of practice we are not referring only to results or consequences. There must be a consistent approach in each of the following three areas: mission and values; actions and procedures and consequences/impacts. For instance, although a family in the care centre may be very happy with the service they receive, if this is a result of preferential treatment because of who they are or what they represent then this action would not be consistent with the ethos of treating all patients in an impartial and just manner. Maintaining a consistent approach is a challenge when values and worldviews differ between families and standardized treatment becomes impossible.
3. Why ethics for organizations and professionals?
3.1 Awareness of consistency and belonging
The only real way of implementing professional and organizational ethics is to ensure they are shared by the individuals who make up the organization. In order to achieve this, professionals must share a sense of pride in being a part of it. The professional represents and projects the public image of the organization. They are its visible face and exert a major influence on how and in which direction it is moving.
It is not difficult to ascertain the level of professional commitment of an employee to an organization. Simple questions of the type What does the organization expect from you that you like? What does the organization expect from you that you do not like? What doesn’t the organization expect from you which you would like it to? The answers can provide information on whether the professional ethics of your employees are in line with those of the organization. We could also ask these questions to service users, in this case, the families of the severely intellectually disabled patients in our care.
The great enemy of ethics is self-complacency. We apply ethics in order to improve our lives not because of a desire to satisfy personal vanity. Since all humans are fallible, organizations must be prepared to manage their ethical learning by building on what we get right, from mistakes and by analysing inconsistencies.
Professional Training in Values and Communication Skills
Why the need for professional and organizational ethics? The answer is that although most professionals have had some degree professional training, very few have studied values and even less had the organization’s values, so important to professional practice, clearly explained to them. In professional practice and in serving the public, good intentions or the desire for self-realization are not enough. We must also be aware of who we are offering the service to and provide personalised treatment on that basis. And our ‘shared sensibilities’ are of no use if they are based on underlying traditions that vary depending on origin. We also need to stay flexible as our professional goals develop and change.
Given that ethics is fundamentally based on discourse, we should work to improve communication skills amongst professionals as well as in professional- family, professional-patient and professional-organization relationships. It is inconsistent and arbitrary, moreover, that night and weekend shifts have to conform to different rules than day shifts. Unfairness generates distrust. We ask ourselves the question why are professional and organizational ethics necessary? Simply put, it is a question of justice, solidarity, quality and trust.
3.2 The Relationship with the Family
The family is directly responsible for the patient’s well-being and we, the professionals and organizations, should keep them informed on the condition of the patient whom they have entrusted to our care.
Autonomy: respecting idiosyncrasies
Because the family is the legal representative of the patient, they must consent to a large part of the care services provided by the centre. The care centre should always seek to sympathize with the family’s views and particular habits in an effort to accommodate pluralism and respect a family’s individuality. We must ensure, however, that the safety and dignity of the patient is not compromised.
Communication: informing on treatments, diagnosis and courses of action
In cases where patients are taken home for a few days, the family assumes responsibility for continuing to provide treatment and administer medication as well as taking all precautionary measures to ensure the patient’s personal safety. The professionals must give the family clear instructions, where this is necessary.
Organization and Family: guidance on mutual expectations
As explored above, if we want our care to be considered ‘quality care’, we must satisfy family expectations. In order to satisfy expectations, we first have to determine them and hope that by informing families correctly, these expectations will be ‘reasonable’. At the end of the day, however, a professional is responsible for the quality of the care they deliver regardless of family satisfaction. After all, families can be inexpert and misinformed, or over informed and over demanding. Professionals play a crucial role in educating families and guiding them through reports, opinions, new and amended laws and the correct use of medical equipment, without which families would be at a loss on what to do and what to expect.
Rights and Obligations. Understanding and Empathy
Families also have rights and obligations. As individuals, members of the family unit are responsible for fulfilling their own obligations in relation to their own particular needs and those of the patient. So, having the right to visit their loved one creates an obligation to do so. It is not just a question of I have rights and others have obligations. Having the right to education also implies an obligation to educate oneself, and does not imply others have the obligation to educate me. In the same way, the right to take decisions on behalf of a severely disabled family member implies an obligation to take on some of the responsibility for upholding their dignity and quality of life, and since interpersonal relationships are essential to a patient’s quality of life, the family has a large part to play.
3.3 The relationship with the Patient
The patient is the reason that care services exist. Severely intellectually disabled patients are chronic, often life-long patients, for whom the centres become home. Thus, it is essential to understand the importance of the space inhabited by a patient and dedicate time to it. Quality care implies valuing a patient, their circumstances and their surroundings. Surroundings can be very influential in quality of life. Firstly, we must understand that our surroundings are not just our space. Our surroundings can recognize us, nurture us, personalize us, welcome us. Our surroundings can also be impersonal, creating a sort of ‘non-place’. We must be wary of creating a space which dwells on the disease or which labels people as violent or aggressive and gives up on them.
With respect to time spent with patients, we should be able to find enough time in which to observe them, get to know them and develop a relationship with them. It is ethically unacceptable to say we have not time to reflect on our care model, on the quality of our service or how time is spent with patients. If we should be doing so, we should be able to do so. It is important, then, that we reflect on how patients spend their time, whether there is enough variety of activities. Are they allocated enough time on activities in relation to the pleasure they get out of them? If, for instance, we observe a patient to be particularly fond of showers, why not prolong it and extend the feeling of well-being? Let us now turn to interpersonal relationships and how these should be established.
Being careful and tactful
The human dimension of a patient must never be forgotten. Patients always respond to some degree to their surroundings – they are not in a full vegetative state. The patient should be treated as a person and, therefore, be the subject of our attention, not subjected to it, but instead the protagonist. Our approach could make the difference between a patient feeling like a passive consumer of the homogenized care provided by the centre and a patient feeling (using their presence and communicative abilities however small) that the services are designed for them. Despite their disabilities, patients often find ways of making themselves understood and, however limited, can express pleasure, displeasure, satisfaction, affection and discomfort.
Interaction and Sociability
The most impersonalizing influence is lack of communication. This is why all punishment is often based on exclusion or confinement and putting up barriers to human contact. We often ignore people who do not understand us, because they do not speak or act. By treating people impersonally, we degrade ourselves. As M. Serra very rightly says, through our treatment of the ‘quiet’ we will know ourselves. We must enhance a patient’s interaction and sociability in new ways (our own ways are too rational and verbal) by adopting an open approach in order to interpret what patients are telling us.
The severely intellectual disabled often talk to us using their eyes, with smiles or simply by touch. It is important that we help to draw out meaning where questions are not directly asked. It is often the case that the more dependent a patient, the less demanding they are. And it is up to us to interpret their gestures, if we are to anticipate needs. Treat equals equally and unequals unequally according to the Aristotelian principles of justice.
Be attentive: watching and listening
We mentioned above how in order to respect a person’s dignity, in the way we all deserve, we must first be attentive to them. In our particular case, we must develop our attention in specific ways. We must try to find out what a particular patient is trying to tell us with that look or that noise. And here we face an unavoidable challenge – how to ensure we interpret their feelings correctly. Are we helping them communicate effectively or not? We must be wary of projecting our own subjective experience on the situation. We must be able to contrast our version of events, our subjective interpretations with those of others, whether other care staff or family members. For how we might like to be treated in this or that circumstance will have sprung from our own experiences, sensibilities and needs. A patient’s will be different. The world from where a patient is sitting, is always different.
According to the principle of primum non nocere (first, do no harm), our primary responsibility at the care centre is to ensure a patient’s safety and their health (disability is often accompanied by other pathologies). The right to privacy, although important, takes second place. So, for instance, it is no good rigidly protecting a patient’s intimacy if, in doing so, we put them in danger. A patient could slip in the shower or suffer convulsions and we be none the wiser because the shower curtains are pulled across. We must prioritize our protocols with safety in mind. Not having shower curtains should not necessarily infringe standards of decency, if we avert our eyes. It is a look and its intention that makes an action ethical or unethical. Inspectors must be made to understand the context of the needs of residents.
Sexuality and Intimacy
The sensual and intimate dimension of a patient is sometimes forgotten about or projected as that of a fully capable individual. The mental age of some adult residents, however, is so young that they have not developed a sense of modesty and do not seek out intimate contact. But this is not always the case. We must be attentive to all of a person’s needs and desires and act in their best interests. So, many residents have a sexual dimension and have developed a sense of intimacy. If we are to respect the whole person, we must accept this side of them too. Although there is no need to encourage a person’s sexual needs, neither should they be denied where they exist.
Personalization v Homogenization
It is necessary to avoid over-regularizing of habits because as people, residents deserve variety as much as possible. Of course, routines offer a sense of stability and order but, as the Ancient Greeks used to say, ‘nothing in excess’. Regularizing behaviour, without making exceptions, can turn people into machines, and it ceases to matter who is receiving care and who the care giver is.
Homogenizing the daily routines of residents leads to impersonal care. Where large numbers of residents co-exist, rules and regulations must, of course, apply. But in the same way we differentiate between patients on a medical basis (who needs the allergy treatment? who is the diabetic?) we must do the same at the care level. Personalized care comes from varying, however slightly, resident’s daily routines. Care centres tend to be large organizations, with a number of professionals and many patients and we must all make allowances for this. But we should never forget who the service is intended for. As a question of priorities, which comes first? Making things easy and efficient for care-staff and the centre? Or ensuring the well-being and quality of care for patients? The latter will result if we personalize care and treat residents as individuals, as far as possible. If we treat everyone identically, keep things neat and tidy with everyone in the same room, at the same time, it begins to seem that the services are designed to benefit those that work there. This would compromise the real object of the service, its legitimacy and professional mission. The fundamental challenge is to strike the balance between logistics and efficiency on the one hand and excellence in personalized treatment and care on the other.
Conclusions
Since we must fully respect both the physical and the moral dimension of the individual in all its variety, we must remember not only to ensure that residents eat and drink, are clean and take their medication, but we must also remember that an essential part of their lives depends on interaction and the relationships developed with carers, care-staff and family. Despite their inability to reason, they have dignity and deserve our full respect and attention. We must dignify their dependence.
The way in which a society treats its incapacitated members tells us much about its levels of solidarity. Recalling Rawls and the ‘veil of ignorance’, most people, if ignorant of what their socio-biological lot would be, would favour a just society (solidarity) over and above entering the ‘lottery of birth’. In a fair and just society those that emerge most well-off from the socio-biological lottery would help minimize the disadvantages facing the least well-off. In a ‘lottery of birth’ society the law of the jungle, of animals, prevails, where there is no sense of ethics or human dignity. In such a world the severely intellectually disabled are doomed to exclusion by simple ‘natural selection’.
The degree to which fortune affects the individual is inversely proportional to the fairness of the society in which they live. Being incapacitated is the product of chance, but it would be doubly unjust if because of this condition, one was doomed to a lifetime of undignified treatment. We must continue to fight to ensure that the severely intellectually disabled do not lose what capacity they have for interrelation. We have to support them in fighting for a life that is worth leading, despite their condition. We must fight against ‘diagnostitis’ and the deterministic view that if a person cannot lead a normal life and has no useful social function, then that life is not worth leading. As long as someone is there to celebrate their dignity, then they will ‘find’ quality of life. As V. Frankl says ‘He who has a why to live can bear almost any how’. A society that treats its incapacitated with dignity is giving them a ‘why’ to live. Together, we can help them find a ‘how’.
español al inglés: EXTRACT FROM WEB PAGE Detailed field: Negocios / Comercio (general)
Texto de origen - español QUIENES SOMOS
BTV fue fundada en 1962 en Zaragoza (España), y se dedica a la fabricación y comercialización de buzones, cajas fuertes, y otros productos metálicos y de seguridad como armeros, puertas de bóveda, clasificadores de llaves, porta-anuncios, etc.
En estos casi 50 años, el pequeño taller de tres personas que comenzó siendo BTV, se ha convertido en una moderna empresa con plantas productivas en dos continentes, y con tecnología punta en el sector de la seguridad física.
Nuestro equipo en la fábrica de Zaragoza impulsa la mejora constante de los procesos, y la ampliación de una gama que es líder en el mercado español del buzón y de las cajas de seguridad. Gracias al esfuerzo y la ilusión de todos nuestros empleados y colaboradores, hemos podido dar el salto al resto de Europa, América y Asia, donde la marca btv ya es reconocida como uno de los líderes en el sector de la ferretería y la seguridad.
Desde su creación, BTV ha dirigido su actividad hacia sectores relacionados con la construcción y la seguridad, como la ferretería, cerrajería, y también el mercado hotelero. Disponemos de una amplia colección de cajas fuertes para hoteles, en las más variadas dimensiones, sistemas de cerradura, y especificaciones concretas de nuestros clientes.
Nuestra cultura de calidad y de exquisito servicio al cliente nos han permitido el continuo y controlado crecimiento hasta llegar al BTV de hoy en día. Sabemos que nuestro éxito radica en su confianza, por ello nos esforzamos en conseguir la máxima CALIDAD y el más cuidado SERVICIO.
Traducción - inglés ABOUT US
BTV was founded in 1962 in Zaragoza, Spain, as a manufacturer and supplier of mailboxes, safes and other metal and security products such as gun safes, vault doors, key cabinets and noticeboards.
In almost fifty years, the small workshop of three people that began as BTV, has evolved into a modern company with production plants on two continents and cutting-edge technology in the field of physical security.
Our team at the Zaragoza factory drives continuous improvement of processes and the expansion of a range that leads the Spanish market in mailboxes and safes. Thanks to the effort and enthusiasm of all our employees and collaborators, we have been able to expand into the rest of Europe, America and Asia where the brand BTV is already recognised as one of the leaders in the hardware and security sector.
Since its inception, BTV has focused its efforts on industries related to construction and security, including hardware, locksmithing, and the hospitality sector. We boast an extensive range of hotel safes, available in different dimensions, locking systems and customized specifications to meet the unique needs of our clients
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I have worked extensively in insurance and reinsurance, commercial, retail and
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translation are also possible.
About Me Brought up in London in a vibrant bilingual environment, I grew up speaking English and Spanish natively. I developed a profound appreciation
for language early on and decided to work in language teaching, translating and
interpreting.
My degree in History furthered my understanding of the world and I love it when my work helps foster understanding between people who otherwise wouldn´t have connected.
On a personal level, I believe in the power of virtual communities to
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