Miembro desde Dec '08 Idiomas de trabajo: inglés al español español (monolingüe) | | Ivana Laura Benzaquen Montevideo, Montevideo, Uruguay Local time: 10:39 UYST (GMT-2)
Idioma materno: español | | |
Traductor autónomo, Miembro con identidad verificada | | Translation | | Se especializa en: | | Ciencias sociales, sociología, ética, etc. | Economía | | Historia | Gobierno / Política | | Viajes y turismo | Medios / Multimedia | | Periodismo | Antropología |
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The financial abuses and other interferences with editorial autonomy described in this report have grave and pervasive effects on media freedom and democratic debate in general. Numer-ous testimonies gathered by our researchers reveal how government pressuring of media own-ers and editors triggers waves of self-censorship that chill entire newsrooms and are capable of silencing even the most courageous reporters—in extreme cases by taking them off the air or firing them altogether.
Referring to government payments to journalists for trips abroad with the president, a Honduran radio journalist told us, “I know journalists who change their editorial position for the [per diem] payments they receive. One colleague from a news program was strongly opposed to the government but changed after a presidential trip to Europe. ‘One must rethink one’s positions,’ he told me.” Radio journalist Carlos Hurtado from Cartagena, Colombia, described the ties attached to government advertising: “The government agencies that advertise are few, and journalists who seek advertising compete for them. Therefore, the journalist who wants to say that the agencies are doing something wrong abstains from publishing. One tends to soften the criticism.”
Reforming Government Advertising Laws
While advertising abuses and other forms of soft censorship remain pervasive in Latin Amer-ica, there are encouraging signs of greater public attention and criticism directed at these practices. We have devoted a separate chapter to the regional movement toward legal reform that is gaining momentum in the region. Peru passed a government advertising law in 2006 that, while imperfect, represents a step in the right direction. In Chile, a 2007 congressional investigation into advertising practices documented various problems and called for a signifi-cant push for legal reform in that country.
In Uruguay, senior officials in the Tabaré Vázquez administration have publicly expressed their commitment to reforming advertising contracting rules, and in early 2008, the Ministry of Industry set in motion a process of consultations with relevant stakeholders to develop a reform bill. Meanwhile, several agencies have taken steps to reduce the politically-motivated use of advertising. Some local governments in Colombia have adopted so-called “transparency agreements” that include commitments to reform procedures for contracting government advertising. And in Argentina, a multifaceted campaign for legal reform has raised the visibility of the issue and resulted in the presentation of several legislative propos-als at the national and local levels. The campaign has also resulted in the adoption of a decree establishing objective criteria for the allocation of advertising in the province of Tierra del Fuego, where the ADC and the Justice Initiative have been pressing for legal reform since the 2005 publication of Buying the News.
| Traducción - español Los perjudiciales efectos de la censura indirecta
Los abusos financieros y otras interferencias en la autonomía editorial descriptas en este informe, tienen graves y perversos efectos sobre la libertad de prensa y sobre el debate democrático en general. Numerosos testimonios reunidos por nuestros investigadores, revelan cómo la presión del gobierno sobre los dueños de medios y los editores, desencadena olas de auto-censura que aplacan salas de prensa enteras y son capaces de silenciar incluso, a los periodistas más valientes; en casos extremos retirándolos del aire o despediéndolos.
Con respecto a los pagos de viajes al exterior con el presidente, por parte del gobierno a periodistas, un periodista hondureño de radio nos dijo: “Conozco a periodistas que cambian su posición editorial por los pagos (por día) que reciben. Un colega de un programa de noticias se oponía fuertemente al gobierno pero, luego de un viaje presidencial a Europa, cambió su postura. ‘Uno debe re-pensar sus posiciones’, me dijo”.
El periodista de radio Carlos Hurtado, de Cartagena, Colombia, describió los estrechos vínculos con la publicidad oficial: “Las agencias del gobierno que hacen avisos, son pocas, y los periodistas que buscan publicidad compiten por ellas. Por lo tanto, el periodista que pretende decir que las agencias están haciendo algo equivocado, se abstiene de publicar. Uno tiende a suavizar las críticas”.
La reforma de las leyes sobre publicidad oficial
Aunque los abusos en el manejo de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta, continúan siendo prácticas muy extendidas en América Latina, existen también, indicios alentadores de una mayor atención pública sobre estas prácticas y mayores críticas contra ellas. Hemos dedicado un capítulo aparte al movimiento regional para la reforma legal que está cobrando fuerza en la región. Perú aprobó una ley sobre la publicidad oficial en 2006 que, aunque imperfecta, representa un paso adelante en la dirección correcta. En Chile, una investigación del Congreso acerca de las prácticas relacionadas a la publicidad, documentó varios problemas y exigió un importante esfuerzo para la reforma legal en ese país.
En Uruguay, altos funcionarios de la administración de Tabaré Vázquez han expresado, públicamente, su compromiso en la reforma de las normas que rigen la contratación de publicidad y, a principios de 2008, el Ministerio de Industria puso en marcha un proceso de consulta con destacados accionistas, para llevar a cabo un proyecto de reforma legal. Mientras tanto, varios organismos han tomado distintos pasos para reducir el uso políticamente motivado de la publicidad. Algunos gobiernos locales en Colombia han adoptado los llamados “acuerdos transparentes”, que incluyen ciertas obligaciones para reformar los procedimientos seguidos en la contratación de publicidad oficial. Y en Argentina, una campaña multifacética para la reforma legal, le ha otorgado visibilidad al tema y ocasionó la presentación de varias propuestas legislativas a nivel local y nacional. Esta campaña también ha provocado la adopción de un decreto que establece criterios objetivos para la asignación de publicidad en la provincia de Tierra del Fuego, donde la ADC y la Iniciativa Pro Justicia, desde la publicación de Buying the News (Comprando las Noticias) en 2005, han estado ejerciendo presión para la reforma de las leyes.
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