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German to Spanish: EU-Law - Correction on a practical case of a student-judge (names erased)
Source text - German Sample translation ES>DE
Source text:
Las respuestas al caso práctico del X, que usted me ha remitido y que le agradezco, me sugieren los siguientes comentarios:
1.- En primer lugar, en relación con la primera cuestión, es decir, si eran competentes los tribunales portugueses para conocer de la demanda de separación del matrimonio y guarda y custodia de hijo común, para la determinación de la normativa aplicable hay que tener en cuenta que, debido a la fecha de la interposición de la demanda –en el año 2002 o 2003- en un país comunitario, el Reglamento que sería de aplicación es el 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, que entró en vigor el día 1 de marzo de 2001, pues, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 1347/2000, es de aplicación a partir del día 1 de marzo de 2005 (artículo 72).
Para el derecho transitorio también debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 2201/2003, en el cual se amplía el ámbito de aplicación temporal de éste Reglamento Brusellas II bis a supuestos en los que las acciones se han ejercitado con anterioridad a la fecha de aplicación del mismo establecida en el artículo 72.
En el supuesto práctico planteado la aplicación de una u otra normativa no conduce a una solución concreta distinta en relación con la competencia judicial, llegándose a la conclusión de los Tribunales portugueses son competentes, tanto en aplicación del Reglamentos 1347/2000 (arts. 2 y 3), como en aplicación del Reglamento 2201/2003 (arts. 3 y 8); aunque en el ámbito de la responsabilidad parental el ámbito de aplicación del Reglamento 1347/2000 sea más restrictivo como se desprende del artículo 1.b) del R. 1347/2000 y del artículo 1.b) del R.2201/2003.
También es interesante constatar que en los reglamentos comunitarios se establecen criterios de competencia distintos para las materias civiles relativas a la separación, divorcio y nulidad matrimonial y para las acciones referidas a la responsabilidad parental, de forma que un Tribunal puede tener competencia para una materia y carecer de ella para la otra.
2.- Respecto de la segunda cuestión formulada en esta edición del X, es decir, cual es la ley aplicable a los efectos del matrimonio si las partes no han elegido ley, así como cuál sería la ley aplicable en el supuesto de que la madre hubiera solicitado alimentos para el menor, en primer lugar, como usted indica en su respuesta, es interesante destacar el hecho de que los Reglamentos comunitarios no se refieren por el momento a la cuestión relativa al derecho material aplicable, tanto en relación con la separación o divorcio (causas de separación/divorcio, plazos ...), como en relación con los efectos que pueden derivarse de la consiguiente crisis matrimonial, de modo que para determinar la ley aplicable deberá acudirse a las normas de conflicto en el derecho interno del país del órgano competente. Puede suceder que la respuesta sobre el derecho material aplicable sea distinta para cada uno de los efectos de la crisis matrimonial: guarda y custodia de los hijos y visitas, alimentos, regímenes económicos ... así como para la declaración de la separación o de divorcio.
Constatar esta realidad jurídica y las consiguientes dificultades prácticas para el aplicador del derecho y la consiguiente inseguridad jurídica, que incluso puede comportar, es lo que se pretendía a través de esta cuestión y de este modo introducir la reflexión acerca de la conveniencia de la modificación del Reglamento en este aspecto, es decir, en relación con la determinación del derecho material aplicable.
Por último, en lo relativo a los alimentos, habrá que tomar en consideración que Portugal ha ratificado el Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973, sobre ley aplicable a las obligaciones de alimentos, que se refiere en primer lugar a la ley interna de la residencia del acreedor de los alimentos, por consiguiente se aplicará la ley portuguesa (art. 4). En relación con las medidas referidas a la guarda y custodia del menor y al derecho de visita, que son medidas de protección del menor, Portugal también ha ratificado el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las Autoridades y Ley aplicable en materia de protección de menores, que conduciría en este caso a considerar aplicable la ley portuguesa.
3.- En relación con las preguntas tres y cuatro del caso práctico debo indicarle que de las respuestas dadas a las mismas he deducido que se ha producido un error en la traducción de los casos prácticos alemán e inglés, manteniéndose la tercera pregunta del caso práctico de la anterior edición del curso, que en este curso había sido modificada.
En el caso práctico de la actual edición se formulaba la siguiente pregunta tercera, -que coincide con la que usted ha recibido como pregunta cuarta-: ¿Es correcta la actuación del Juez francés verificando de oficio su propia competencia en la modificación de medidas que le ha sido solicitada?. Coincido con su respuesta en aplicación tanto de lo previsto en el reglamento 2201/2003 –articulo 17 en relación con los artículos 8 y 9- , como asimismo conforme a la regulación prevista en el Reglamento 1347/2000 –artículo 9 en relación con los artículos 2 y 3; pues el menor tiene fijada su residencia en Portugal. Teniendo en cuenta que se ha dictado sentencia en Portugal el artículo 19 no sería de aplicación.
En el caso práctico que he planteado no he formulado la pregunta siguiente: ¿cuál es la ley aplicable a la separación del matrimonio?, que se formulaba como pregunta tercera en la edición anterior y que Usted ha contestado como pregunta tercera. La respuesta a esta cuestión, como en la pregunta segunda, vendría determinada por las normas de conflicto de derecho internacional privado previstas en el estado del órgano competente.
4.- La pregunta que he formulado con el número cuatro, y usted no tiene en su caso práctico y por ello no le ha podido dar respuesta, es la siguiente: ¿Se reconocería la sentencia de divorcio francesa en Portugal?.
En relación con el reconocimiento de la sentencia francesa en Portugal considero que, en primer lugar, deberá tenerse en cuenta el artículo 64.3 del Reglamento 2201/2003, que nos conduce a la aplicación del Reglamento 2201/2003 en relación con el reconocimiento de la sentencia francesa en Portugal. Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 21 y siguientes, cuya aplicación estimo que conducen a la conclusión de que la sentencia de divorcio francesa si sería reconocida en Portugal, al no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 22 del Reglamento.
5.- Por último, en relación con las respuestas dadas a las cuestiones quinta y sexta sólo incidir en el hecho de que ambas se refieren a mejoras que ha comportado el Reglamento 2201/2003, en el ámbito de la sustracción de menores, en relación con la regulación anterior, en concreto, la limitación prevista en el artículo 11.4 del Reglamento, y la fuerza ejecutiva de la resolución dictada por el órgano competente que en este caso sería, en principio, el portugués (art. 11.8 y 42), como Usted ha indicado en su respuesta.
Translation - Spanish Sample translation ES>DE
Target text:
Ihre Antworten auf den praktischen Fall des X die Sie mir eingereicht haben und für die ich Ihnen danke, veranlassen mich, Ihnen folgende Anmerkungen zu machen:
1.- Erstens, in Bezug auf die erste Frage, also die Frage ob die portugiesischen Gerichte für die Einreichung der Scheidungsklage bzw. für das Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für das gemeinsame Kind der Ehegatten zuständig waren ist zur Feststellung der anzuwendenden Norm meines Erachtens aufgrund des Zeitpunktes der Klageeinreichung – im Jahr 2002 oder 2003 – in einem Gemeinschaftsstaat –, die anwendbare Regelung die Verordnung 1347/ 2000 des Rates, vom 29. März 2000 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten, die am 1. März 2001 in Kraft trat, denn die Verordnung 2201/ 2003 des Rates, vom 27. November 2003, über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, nach der die Verordnung 1347/2000 aufgehoben wurde, hatte erst ab dem 1. März 2005 Gültigkeit (Artikel 72).
Was das Übergangsrecht angeht, sind auch die Regelungen des Artikels 64 der Verordnung 2201/ 2003 zu berücksichtigen, welche den zeitlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung Brüssel II bis auf solche Sachverhalte erweitert, in denen die Maßnahmen vor Beginn der in Artikel 72 festgelegten Anwendbarkeit dieser Verordnung ausgeführt wurden.
In dem zu bearbeitenden Fallbeispiel führt weder die Anwendung der einen noch der anderen Verordnung konkret zu einer anderen Lösung, zumindest was die Frage nach der gerichtlichen Zuständigkeit angeht, so dass man zu dem Schluss kommt, dass die portugiesischen Gerichte zuständig sind, sowohl bei der Anwendung der Verordnung 1347/ 2000 (Artikel 2 und 3), als auch bei der Anwendung der Verordnung 2201/ 2003 (Artikel 3 und 8), wenngleich auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung der Anwendungsbereich der Verordnung 1347/2000 hier enger ausgestaltet ist, wie sich aus Artikel 1 b) der Verordnung 1347/2000, ebenso wie aus Artikel 1 b) der Verordnung 2201/2003 ergibt.
Auch ist es interessant festzustellen, dass die gemeinschaftlichen Verordnungen unterschiedliche Zuständigkeitskriterien für die zivilrechtlichen Angelegenheiten betreffend der Ehescheidung, der Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder der Ungültigerklärung einer Ehe und der Maßnahmen betreffend die elterliche Verantwortung festlegen, so dass ein bestimmtes Gericht für eine Angelegenheit zuständig sein kann, und für eine andere nicht.
2.- Bezüglich der zweiten Frage, so wie sie in dieser Auflage des X gestellt wurde, also der Frage nach dem auf die Auswirkungen der Ehe anwendbaren Recht, sofern die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, sowie der Frage nach dem anwendbaren Recht für den Fall, dass die Mutter Unterhaltszahlungen für das minderjährige Kind verlangt hätte, ist zunächst anzumerken, wie Sie es in Ihrer Antwort auch tun, dass die gemeinschaftlichen Verordnungen im Augenblick noch nicht die Frage nach dem materiellen Recht regeln, das auf die Trennung oder Ehescheidung (Gründe für die Trennung oder Scheidung, Fristen...) anzuwenden ist, und ebenso wenig die Auswirkungen, die eine entsprechende Ehekrise hat. Dementsprechend ist zur Feststellung des anwendbaren Rechtes auf die internen Kollisionsnormen des Landes zurückzugreifen, in dem sich das zuständige Gericht befindet. Es kann also sein, dass die Antwort auf die Frage nach dem anwendbaren materiellen Recht unterschiedlich für jede der einzelnen Folgen der Ehekrise ausfällt: für das Sorgerecht und das Umgangsrecht, den Unterhalt, die Güterstände... und auch für die Trennungs- bzw. Scheidungserklärung.
Die Feststellung dieser juristischen Realität und der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten in der Praxis für den Rechtsanwender, ebenso wie die Rechtsunsicherheit die sich daraus sogar ergeben kann, waren das Ziel dieser Fragestellung. Sie sollte so zu einer Überlegung über die Notwendigkeit einer Änderung der Verordnung bezüglich dieses Aspektes anregen, also bezüglich der Regelung des anwendbaren materiellen Rechts.
Was schließlich die Frage nach dem Unterhalt angeht ist, so ist zu berücksichtigen dass Portugal das Hager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht, ratifiziert hat und welches an erster Stelle auf das interne Recht des Staates verweist, in welchem der Unterhaltsgläubiger seinen Wohnort hat. Demzufolge ist das portugiesische Recht anzuwenden (Artikel 4). Was die Maßnahmen angeht, die das Sorge- und Umgangsrecht des Minderjährigen betreffen, so handelt es sich dabei um Schutzmaßnahmen für den Minderjährigen und Portugal hat ebenso das Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen ratifiziert, was in diesem Fall auch dazu führt, das portugiesische Recht für anwendbar zu halten.
3.- Bezüglich der Fragen drei und vier des praktischen Beispiels muss ich Ihnen sagen, dass ich aus den von Ihnen gegebenen Antworten schließe, dass es zu einem Fehler bei der Übersetzung des Falles ins Deutsche und Englische gekommen sein muss, da scheinbar die Frage 3 des Falles so beibehalten wurde, wie sie in der vorangegangenen Auflage des Kurses gestellt worden war, obwohl die Frage abgeändert wurde.
In der derzeit aktuellen Fragestellung wird die folgende dritte Frage gestellt, die mit der Ihnen vorliegenden vierten Frage übereinstimmt: Ist das Verhalten des französischen Richters korrekt, der von Amts wegen seine eigene Zuständigkeit bei der Änderung von Maßnahmen die von ihm verlangt wurde feststellt? Ich stimme mit Ihrer Antwort überein, sowohl was die Anwendbarkeit der Regelungen in der Verordnung 2201/ 2003, - das heißt Artikel 17 in Verbindung mit den Artikeln 8 und 9, - angeht und auch was die Regelung des Artikels 9 in Verbindung mit den Artikeln 2 und 3 der Verordnung 1347/2000 betrifft, denn der Minderjährige hat seinen Wohnsitz in Portugal. Da ein Urteil in Portugal ergangen ist, wäre Artikel 19 nicht anwendbar.
In dem von mir gestellten praktischen Fall hatte ich die folgende Frage nicht gestellt: Welches ist das auf die Trennung der Ehe anwendbare Recht? Diese Frage war die Frage drei in der vorangegangenen Auflage des Kurses, die Sie demzufolge auch als dritte Frage beantwortet haben. Die Antwort auf diese Frage wird, ebenso wie bei der zweiten Frage, bestimmt von den Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts des Staates, in welchem sich das zuständige Gericht befindet.
4.- Die Frage die ich unter der Nummer 4 gestellt hatte, und die Ihnen in Ihrem praktischen Fall offenbar nicht vorliegt und die Sie deshalb nicht beantworten konnten, ist: Würde das französische Scheidungsurteil in Portugal anerkannt werden?
Was die Anerkennung des französischen Urteiles in Portugal angeht, so ist meiner Meinung nach zunächst der Artikel 64 Absatz 3 der Verordnung 2201/ 2003 zu berücksichtigen, welcher bezüglich der Anerkennung des französischen Urteiles in Portugal zu der Anwendung der Verordnung 2201/ 2003 führt. Es sind folglich die Regelungen des Artikels 21 ff. anwendbar und deren Anwendung würde meines Erachtens schon dazu führen, dass das französische Scheidungsurteil in Portugal anerkannt werden würde, da keiner der Umstände vorliegt, die Artikel 22 der Verordnung vorsieht.
5.- Was zuletzt Ihre Beantwortung der fünften und der sechsten Frage angeht, so möchte ich nur anmerken, dass sich beide Fragen auf die Verbesserungen beziehen, die durch die Verordnung 2201/ 2003 auf dem Gebiet der Kindesentführung im Verhältnis zu der vorangegangenen Regelung eingeführt wurden, insbesondere die in Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung vorgesehene Beschränkung und die Vollstreckbarkeit der Entscheidung des zuständigen Gerichtes, das im vorliegenden Fall prinzipiell das portugiesische Gericht wäre (Artikel 11 Absatz 8 und 42), so wie Sie das auch in Ihrer Antwort angenommen haben.
German to Spanish: EU-Law - Practical case presented by a sudent-judge (names erased)
Source text - German Sample translation DE>ES
Source text:
I.
1.
Artikel 31 der VO 44/2001 ist – ebenso wie die gesamte Verordnung 44/2001 - räumlich anwendbar auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union mit Ausnahme Dänemarks, Artikel 1 Absatz 3 VO 44/2001. Für Dänemark gilt weiterhin das Brüsseler Übereinkommen von 1968 (EuGVÜ), das aber in seinem Artikel 24 eine dem Artikel 31 VO 44/2001 gleichlautende Vorschrift enthält.
2.
Der Europäische Gerichtshof geht im Allgemeinen davon aus, dass die Begriffe der Verordnung autonom, das heißt nicht anhand des innerstaatlichen Rechts, sondern unter Berücksichtigung der Systematik und der Zielsetzungen der Verordnung, auszulegen sind. Diese Rechtsprechung gilt sowohl für die VO 44/2001 als auch für das Brüsseler Übereinkommen von 1968, den Vorgänger der VO 44/2001.
Bereits in dem Urteil Reichert vom 26. 3. 1992 (Rs. C-261/ 90) hat der EuGH erläutert, wie der Begriff der „einstweiligen Maßnahme“ im Sinne des Art. 24 EuGVÜ zu verstehen ist. Dies sind danach solche Maßnahmen, „die auf in den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallenden Rechtsgebieten ergehen und eine Sach- oder Rechtslage erhalten sollen, um Rechte zu sichern, deren Anerkennung im übrigen bei dem in der Hauptsache zuständigen Gericht beantragt wird“. Diese Definition hat der EuGH für den seit 2002 geltenden Art. 31 der VO 44/2001 in dem Urteil St Paul Dairy Industries NV vs. Unibel Exser BVBA vom 28.04.2005 (Rs. C-104/03) bestätigt.
II.
1.
Artikel 186 Absatz 1 der niederländischen Zivilprozessordnung ermöglicht in Fällen, in denen das Gesetz den Zeugenbeweis zulässt, eine Zeugenvernehmung durchzuführen, noch bevor ein Rechtsstreit anhängig ist. Weitere Voraussetzungen stellt das niederländische Recht für diese vorgezogene Beweisaufnahme nicht auf. Es ist also nicht etwa Voraussetzung für die Durchführung eines solchen vorgezogenen Verfahrens, dass die Gefahr droht, dass der zu vernehmende Zeuge voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr verfügbar sein wird (z.B. weil der Zeuge sehr alt oder krank ist). Daraus wird deutlich, dass dieses in der niederländischen Rechtsordnung vorgesehene Instrument im Wesentlichen dazu dient, dem Antragsteller zu ermöglichen, die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage vorab besser einschätzen zu können.
Nach dieser prozessualen Regelung wird ein Prozessbestandteil, der regelmäßig im Hauptsacheverfahren stattfindet, nämlich die Beweisaufnahme, vorgezogen, ohne dass der Antragsteller ein besonderes Sicherungsinteresse daran geltend machen muss.
Würde man dies auch im Anwendungsbereich der VO 44/2001 zulassen, dann würde die Zuständigkeitsordnung der VO 44/2001 beeinträchtigt. Die VO 44/2001 sieht bei Streitigkeiten mit grenzüberschreitendem Bezug klare Zuständigkeitsregeln vor. Ausnahmen von diesem Zuständigkeitssystem sind grundsätzlich eng auszulegen, damit es für eine Partei vorhersehbar bleibt, vor welchem Gericht er sich im Rahmen eines Gerichtsverfahren verteidigen muss (siehe dazu z.B. das Urteil des EuGH vom 30.04.2005 in der Sache Owusu ./. Jackson, C-281/02). Die von der VO 44/2001 bestimmten zuständigen Gerichte sollten grundsätzlich den gesamten Rechtsstreit führen, das heißt, nicht nur die Entscheidung fällen, sondern auch die Beweisaufnahme durchführen, auf deren Grundlage die Entscheidung gefällt wird. Denn die Zuständigkeitsregeln sind so konzipiert, dass das danach zuständige Gericht einen engen Bezug zu der Streitsache hat. Bei einem Gericht, das – lediglich deshalb, weil der zu vernehmende Zeuge seinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat des Gerichts hat – eine Beweisaufnahme durchführt, ist dagegen dieser Bezug zur Streitsache nicht gegeben. Dieses Gericht prüft nämlich nur, ob ein Bezug zwischen der beantragten Maßnahme (= der Zeugenvernehmung) und dem Gerichtsstaat vorliegt, nicht aber, ob der Gerichtsstaat auch einen engen Bezug zu der Streitsache aufweist.
Der EuGH hat deshalb entschieden, dass diese im niederländischen Prozessrecht vorgesehene Maßnahme nicht als eine einstweilige Maßnahme im Sinne des Art. 31 VO 44/2001 angesehen werden kann. Deshalb ist für die Zeugenvernehmung auch kein anderes Gericht zuständig als von dem Zuständigkeitssystem der VO vorgesehen.
2.
Ein wegen einer einstweiligen Maßnahme ersuchtes Gericht hat zunächst zu prüfen, ob der Fall, der dem Antrag zu Grunde liegt, einen grenzüberschreitenden Bezug aufweist. Nur dann kommt nämlich eine Anwendung der Zuständigkeitsordnung der VO 44/2001 in Betracht.
Wenn dies der Fall ist und darüber hinaus der sachliche Anwendungsbereich (Zivil- und Handelssachen) und der räumliche Anwendungsbereich der VO 44/2001 (EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks) eröffnet sind, dann muss sich das ersuchte Gericht weiter fragen, ob es auch für die (noch nicht anhängige) Hauptsache zuständig wäre. Wenn dies der Fall ist, dann ist das ersuchte Gericht auch für die einstweilige Maßnahme zuständig, ohne dass es der Anwendung der Ausnahmevorschrift des Art. 31 VO 44/2001 bedarf. Wenn dagegen das ersuchte Gericht nicht für die Hauptsache zuständig wäre, dann darf es die beantragte Maßnahme nach Art. 31 VO 44/2001 nur erlassen, wenn es sich zum einen um eine „einstweilige Maßnahme“ im Sinne der Definition des EuGH handelt (nämlich eine Maßnahme, die eine Sach- oder Rechtslage erhalten soll, um Rechte zu sichern) und wenn zum anderen ein tatsächlicher Bezug zwischen dem Gerichtsstaat und dem vorgelegten Fall besteht.
Wenn sämtliche vorstehenden Voraussetzungen für den Erlass der einstweiligen Maßnahme gegeben sind, dann hat das Gericht weiter zu berücksichtigen, dass es nur eine vorläufige Maßnahme erlassen darf, die die Entscheidung in der Hauptsache nicht vorweg nehmen darf. So hat der EuGH in der Rechtssache Denilauer ./. Couchet Frères (C-125/79, Urteil vom 21.05.1980) entschieden, dass eine einstweilige Maßnahme ihren vorläufigen, auf Sicherung gerichteten Charakter behalten muss. Dies könne dadurch erreicht werden, dass beispielsweise die Anwendung der Maßnahmen befristet wird, Gegen-Sicherungen des Antragsgegners zugelassen werden oder im Einzelfall ein Sequester bestellt wird.
3.
Die VO 1206/2001 ist gemäß ihrem Artikel 24 am 01.01.2004 in Kraft getreten. Diese VO regelt die Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten bei der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen. Sie verfolgt den Zweck, die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme zu verbessern, zu vereinfachen und zu beschleunigen (vgl. Erwägungsgrund (2)). Die VO 1206/2001 gilt in allen EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks (vgl. Art. 1 der VO 1206/2001) und sie geht sonstigen multi- oder bilateralen Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland vor (vgl. Art. 21 der VO 1206/2001).
Zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Beweisaufnahme ist in der VO 1206/2001 geregelt, dass die Gerichte unmittelbar miteinander kommunizieren. Es ist vorgesehen, dass entweder das ersuchte Gericht die Beweisaufnahme allein erledigt oder dabei Personen des ersuchenden Gerichts beteiligt oder schließlich, dass das ersuchende Gericht die Beweisaufnahme unmittelbar selbst in dem anderen Mitgliedstaat vornimmt.
Unter dem Geltungsbereich dieser VO 1206/2001 wäre es in dem Rechtsstreit, der der EuGH-Entscheidung St Paul Dairy Industries NV vs. Unibel Exser BVBA zu Grunde lag, ohne weiteres denkbar, dass ein belgisches Gericht, das mit der Hauptsache befasst ist, an die Rechtsbank Haarlem ein Ersuchen zur Vernehmung des in den Niederlanden wohnhaften Zeugen richtet. Man könnte meinen, dass dann, wenn die Rechtsbank Haarlem dieses Ersuchen selbst ausführt, letztlich dieselbe Situation gegeben wäre wie in dem Fall, dass die Rechtsbank Haarlem – wie geschehen – vorab die Zeugenvernehmung durchführt. Dennoch ist dies meiner Ansicht nach kein Argument dafür, eine vorgezogene Zeugenvernehmung als eine einstweilige Maßnahme im Sinne des Art. 31 VO 44/2001 anzuerkennen. Denn wenn die Beweisaufnahme nach der VO 1206/2001 auf Ersuchen des in der Hauptsache zuständigen Gerichts geschieht, dann hat dieses ersuchende Gericht weitgehende Möglichkeiten, auf den Ablauf des Beweisaufnahmetermins im Ausland einzuwirken. So kann das ersuchende Gericht gemäß Art. 4 der VO 1206/2001 konkrete Fragen formulieren, die an die zu vernehmende Person gerichtet werden sollen, Hinweise über ein Zeugnisverweigerungsrecht geben, eine Vereidigung beantragen und weitere nützliche Hintergrundinformationen weitergeben (etwa konkrete Dokumente, die dem Zeugen vorgehalten werden sollten). Im Übrigen hat das ersuchende Gericht auch die Möglichkeit, eine unmittelbare Beweisaufnahme (auf freiwilliger Basis) im Ausland durchzuführen (Art. 17 der VO 1206/2001). Dies kann etwa nötig sein, wenn die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage steht.
Diese Einflussmöglichkeiten des nach der VO 44/2001 zuständigen Gerichts sind sinnvoll, damit das zuständige Gericht sicherzustellen kann, dass auch tatsächlich die in dem Streitfall relevanten Fragen aufgeklärt werden. Die Einflussmöglichkeiten gehen verloren, wenn man die vorgezogene Beweisaufnahme als eine einstweilige Maßnahme zuließe.
Translation - Spanish Sample translation DE>ES
Target text:
I.
1.
El artículo 31 del Reglamento 44/ 2001 es – al igual que la totalidad del Reglamento 44/ 2001 – espacialmente aplicable a todo el territorio de la Unión Europea, exceptuando Dinamarca, de conformidad al artículo 1 párrafo 3 del Reglamento 44/ 2001. En lo que se refiere a Dinamarca, todavía le es aplicable el Convenio de Bruselas de 1968 (CB). Éste, sin embargo, contiene en su artículo 24 un precepto idéntico al del artículo 31 del Reglamento 44/ 2001.
2.
El TJCE considera de forma general que los términos del Reglamento han de ser interpretados de forma autónoma, es decir que la interpretación no ha de orientarse en el derecho interno nacional, sino que ha de considerar la sistemática y los objetivos del Reglamento. Esta jurisprudencia se refiere tanto al Reglamento 44/ 2001 como al Convenio de Bruselas de 1968, siendo éste el antecesor del Reglamento 44/ 2001.
Ya en la resolución de Reichert, del 26 de marzo de 1992 (Asunto C – 261/ 90), el TJCE ha desarrollado cómo debe de interpretarse el término de las “medidas provisionales o cautelares“, en el sentido del artículo 24 CB. De acuerdo a esta definición son aquellas medidas “que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, están destinadas a mantener una situación de hecho o de derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto”. El TJCE confirmó esta definición, también en referencia al artículo 31 del Reglamento 44/ 2001, que está en vigor desde 2002, en la sentencia St. Paul Dairy Industries NV vs. Unibel Exser BVBA, del 28 de abril de 2005 (Asunto C – 104/ 03).
II.
1.
El artículo 186 párrafo 1 del código procesal civil neerlandés permite que, allí donde la ley admita la prueba testifical, puede decretarse su práctica, incluso antes de entablarse una acción judicial. La ley neerlandesa no establece más presupuestos de aplicación para la práctica de esta prueba testifical adelantada. Por lo tanto no es necesario, para llevar a cabo tal procedimiento adelantado que, por ejemplo, se dé el peligro de que el testigo a examinar no pueda estar disponible en un momento ulterior (por ejemplo porque el testigo es una persona muy mayor, o está enfermo). Esto es una muestra clara de que este instrumento legal, que está previsto por el orden jurídico neerlandés, sirve fundamentalmente para que la parte solicitante pueda ponderar mejor sus probabilidades de éxito, antes de interponer una posible demanda.
Conforme a esta disposición procesal se adelanta un elemento del enjuiciamiento, que normalmente toma lugar dentro del procedimiento principal, esto es en su término de prueba, sin necesidad que la parte solicitante tenga que hacer constar una necesidad especial de aseguramiento.
Si permitiéramos lo mismo en el ámbito de aplicación del Reglamento 44/ 2001, esto significaría un agravio para el orden de competencia del Reglamento 44/ 2001, puesto que esta normativa prevé reglas claras de competencia para los litigios con referencia transfronteriza. Las excepciones de este sistema de competencias deben de interpretarse, por norma general, de forma estricta, en aras de mantener la previsibilidad para las partes, ante qué tribunal tendrían que defenderse, caso de entablarse una acción judicial (véase en relación a este punto por ejemplo la sentencia del TJCE del 30 de abril de 2005, en el caso Owusu vs. Jackson, C – 281/ 02). Los tribunales que se determinan en base al Reglamento 44/ 2001 deberían ser, generalmente, las autoridades judiciales ante las que se juzgue la totalidad del litigio. Esto no significa sólo que han de ser estas las que dicten la sentencia, sino que han de ser también las que conduzcan todo el procedimiento de obtención de las pruebas, en base a las cuales se posteriormente resolverá el litigio. Y es que las reglas de competencia están concebidas de tal forma que el tribunal que se determine como competente en base a las mismas, tenga un vínculo significativo con el litigio. Por contrario en el caso de un tribunal que lleva a cabo una prueba testifical únicamente en base al hecho de que el testigo a examinar resida en el estado miembro en el que se encuentra el tribunal, éste vínculo significativo no se da, puesto que este tribunal sólo examina si existe una relación entre la medida solicitada (= el examen del testigo) y el estado en el que se encuentra el tribunal, pero no si también coexiste un vínculo significativo entre el estado del tribunal y el litigio mismo.
Por esa razón el TJCE ha resuelto que la medida prevista en el derecho procesal neerlandés no puede ser considerada una medida provisional o cautelar en el sentido del artículo 31 del Reglamento 44/ 2001. Por eso tampoco será competente para el examen del testigo otro tribunal que aquel que se determine en base al sistema de competencia del Reglamento [44/2001].
2.
Un tribunal al que se apele para practicar una medida provisional o cautelar ha de comprobar, en primer lugar, si el caso subyacente a la solicitud presenta una referencia transfronteriza, puesto que sólo en este caso cabe considerar la aplicación del orden de competencias del Reglamento 44/ 2001.
Si esto se da y luego además se confirma el ámbito de aplicación material (asuntos de materia civil o mercantil) y espacial del Reglamento 44/ 2001 (estados miembros de la UE con la excepción de Dinamarca), entonces el tribunal apelado deberá preguntarse también si sería el tribunal competente para la causa principal (que todavía no está litispendente). Si esto es el caso, entonces el tribunal apelado también será competente para la práctica de la medida provisional o cautelar, sin necesidad de que se tenga que aplicar la disposición excepcional del artículo 31 del Reglamento 44/ 2001. Si por el contrario el tribunal apelado no fuera el tribunal competente para juzgar la causa de fondo, entonces sólo podrá practicar la medida provisional o cautelar en la medida en que se trate de una “medida cautelar o provisional” conforme a la definición del TJCE (esto es, si se trata de una medida que está destinada a mantener una situación de hecho o de derecho para salvaguardar derechos) y si por otro lado concurre un vínculo de hecho entre el estado en el que se encuentra el tribunal y el caso presentado.
Aún cuando se den todos los requisitos anteriormente expuestos para la práctica de una medida provisional o cautelar, el tribunal tendrá que considerar, además, de que sólo puede llevar a cabo una medida provisional, y que no puede anticiparse la resolución en la causa de fondo. De esta manera el TJCE resolvió en el asunto Denilauer vs. Couchet Frères (C – 125/ 79, sentencia del 21 de mayo de 1980) que una medida provisional o cautelar tiene que mantener siempre su carácter provisional, destinado al aseguramiento. Esto podría alcanzarse, por ejemplo, introduciendo un plazo de aplicación a las medidas, permitiendo medidas de contra-aseguramiento a la parte contraria o nombrando, en casos particulares, a un depositario judicial.
3.
El Reglamento 1206/ 2001 entró en vigor, a tenor de su artículo 24, el día 01 de enero de 2004. Este Reglamento regula la cooperación entre los estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. Persigue el objetivo de mejorar, simplificar y acelerar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas (véase el motivo (2) del reglamento). El reglamento 1206/ 2001 es aplicable en todos los estados miembros de la UE, exceptuando a Dinamarca (compárese con el artículo 1 del Reglamento 1206/ 2001) y prevalecerá sobre los demás acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales relativos a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil (compárese con el artículo 21 del Reglamento 1206/ 2001).
Con motivo de agilizar la obtención de pruebas a nivel transfronterizo, el Reglamento 1206/ 2001 prevé la comunicación directa entre los órganos jurisdiccionales. Está previsto que o bien el órgano requerido practique la obtención de las pruebas de forma autónoma, o que cooperen personas del órgano requirente o incluso que el órgano requirente practique la obtención de las pruebas de forma autónoma en el otro estado miembro.
En el ámbito de aplicación del Reglamento 1206/ 2001 cabría perfectamente considerar que en el litigio que subyacía a la resolución del TJCE en el caso St Paul Dairy Industries NV vs. Unibel Exser BVBA, un tribunal belga, en el que pendiera la causa de fondo, cursara a la Rechtsbank Haarlem una comisión rogatoria para que examine a un testigo residente en los Países Bajos. Podría pensarse entonces, que cuando el Rechtbank Haarlem, correspondiendo a la solicitud, practicara de forma autónoma el examen cautelar del testigo, finalmente se daría la misma situación como la que realmente ocurrió. A pesar de aquello, a mi juicio, esto no puede servir de argumento para reconocer la obtención de una prueba testifical adelantada como si fuera una medida provisional o cautelar conforme al artículo 31 del Reglamento 44/ 2001. Y es que cuando la obtención de las pruebas practicada en base al Reglamento 1206/ 2001 se realice a petición del órgano jurisdiccional competente en el asunto de fondo, entonces este órgano tendrá amplias posibilidades de influir en el desarrollo de la comparecencia testifical llevada a cabo en el extranjero. De esta manera el tribunal requirente podrá formular preguntas concretas para que se formulen al testigo, dar instrucciones acerca de derechos a no declarar, solicitar el juramento o cursar información adicional que pueda resultar útil para los efectos (por ejemplo enviar documentos concretos para confrontar al testigo). Por lo demás el tribunal requirente también tendrá la posibilidad de realizar una obtención de pruebas directa (en base voluntaria), en el extranjero (artículo 17 del Reglamento 1206/ 2001). Esto podría llegar a ser necesario, por ejemplo, cuando esté en entredicho la credibilidad del testigo.
Estas posibilidades de influir del tribunal competente según el Reglamento 44/ 2001 son razonables, para que el tribunal competente pueda asegurar que se esclarezcan las preguntas relevantes para la resolución del litigio, y se perderían si permitiéramos la obtención de pruebas adelantada, reconociendo en ellas medidas provisionales o cautelares.
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